A lo largo de la campaña electoral rumbo al 11 de abril, El Comercio, con el apoyo de IDEA Internacional y Perú Debate 2021, ha presentado un análisis de los planes de gobierno en salud, educación, seguridad ciudadana, igualdad de oportunidades para la mujer y ambiente. Esta vez, toca analizar las propuestas anticorrupción de la mano de Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, e Yvana Novoa, especialista en Derecho Público y prevención de la corrupción.
Yonhy Lescano - Acción Popular
Propuesta 1. Reforma estructural en la administración pública para tener instituciones modernas, serias, honestas y confiables, de la mano con la Junta Nacional de Justicia.
Samuel Rotta: Inviable
Ahí tienes un problema. La Junta Nacional de Justicia es para el sistema de justicia, no para el conjunto de la administración pública.
Yvana Novoa: Muy general
Es bastante abstracto, no aterriza en ningún momento, y es lo que probablemente todo el mundo diría que es necesario para luchar contra la corrupción. La reforma estructural de la administración pública no es nada nuevo. Es como decir que vamos a luchar contra la corrupción en la administración pública para que ya no sea corrupta.
Propuesta 2. Evaluación obligatoria de todos los mandos medios de administración pública, sobre todo los que tienen responsabilidad en licitaciones, logística y compras
Samuel Rotta: Muy general
Es necesario hacerlo, pero no te dice para qué, en qué términos. No recoge procesos que ya hubo antes. Así cómo está planteado no te dice mucho. Es una aspiración. Podría ser viable si explicara un poquito cómo lo va a hacer.
Yvana Novoa: Muy general
Todas las propuestas de este partido son gaseosas. ¿Qué implica la evaluación de estos mandos medios? ¿Será al final del ejercicio de la función o durante para corregir las irregularidades? Parece una propuesta que le podría pedir a mis alumnos de pregrado para que esbocen. Sería bueno que precisen cuáles van a ser los procesos de evaluación.
Propuesta 3. Uno de los aspectos centrales de la modernización del Estado será la instauración del Gobierno Abierto, que hará de conocimiento público, en tiempo real, todos los actos de administración pública, las sesiones de las autoridades, las contrataciones públicas, los gastos corrientes, los sueldos y beneficios, y en general toda la información de interés público para fiscalizar de modo real.
Samuel Rotta: Inviable
Parte de algo que ya existe. Existe un derecho al acceso a la información, tienes un marco sobre transparencia, reglamentación. Lo que te dice todo esto es que la información se presume pública. El problema es cómo haces para que la información se vuelva disponible. No hay una discusión sobre la Autoridad de Transparencia. Así como está no va a lograr nada. No es una propuesta, es una aspiración.
Yvana Novoa: Inviable
Es algo que existe, que se viene hablando desde la sociedad civil, y también desde el Estado, hace aproximadamente 10 años. Lo que le puedo otorgar es que, en efecto, es necesario transparentar. No está mal que hable de fortalecer el gobierno abierto. Si el fraseo es instaurar el gobierno abierto, suena a que está descubriendo la pólvora. ¿Cómo va a hacer público todos los actos de la administración pública? Frasearlo de esa manera no es realista. Hacerlo con absolutamente todos los actos de la administración pública, en tiempo real, es inviable.
Propuesta 4. Propondremos una reforma institucional de todas las entidades que tienen que ver con las compras públicas, y una nueva Ley de Contrataciones Públicas, donde se plasme un nuevo modelo de licitaciones y otras modalidades de adjudicación de recursos públicos para obras y servicios.
Samuel Rotta: Muy general
¿Cuál es el contenido de esa propuesta? No está diciendo a dónde quiere ir, cuáles son las nuevas modalidades, no reconoces cuál es la situación actual. Si tuviera un poquito más de detalle, de cuál es el objetivo, podríamos decir que por lo menos está encaminada. Así como está es un lugar común. Además para una nueva Ley de Contrataciones necesitas mayoría en el Congreso.
Yvana Novoa: Muy general
A nivel del Legislativo siempre se pueden proponer normas. Eso no es inviable. ¿Pero de qué va la reforma institucional? ¿En qué consiste el nuevo modelo de licitaciones? Las propuestas de AP no están aterrizadas. No ha habido diligencia para preguntarse qué se necesita.
Hernando de Soto - Avanza País
Propuesta 1. Además de fortalecer el sistema anticorrupción existente en el Perú, eliminaremos la anonimidad del sistema de contratación publica mediante la creación de sistemas de memoria públicos, o registros formales si se quiere, que contienen conocimiento preciso de quién está obligado a qué, quién es dueño de qué y quién tiene su mano metida en qué bolsillo. Así de completos, que cualquier succión/extracción millonaria sea fácil de identificar a simple vista.
Samuel Rotta: Muy general
La contratación pública no es anónima, sólo en casos muy excepcionales, así que no queda claro a qué se refiere la propuesta. Lo que sí es cierto es que la información que se publica es poco legible para, por ejemplo, beneficiarios directos de una contratación e impiden el control ciudadano. Además, no toda la documentación se publica o no se publica de forma oportuna (aunque, en general, se puede conseguir por solicitud de acceso a información). Si hubiera un desarrollo para mejorar en este sentido, podría decir que la propuesta es pertinente, tal como está no se entiende.
Yvana Novoa: Abstracta
Si se refiere a transparentar más los procesos de contratación pública, eso no está mal per se porque es algo que se exige desde las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. La manera de frasear o exponer la propuesta sigue siendo un poco abstracta o gaseosa. No se entiende bien a qué se refiere con sistema de memoria, ¿cómo funcionaría? ¿adscrito a qué entidad que recabe y proteja esa información?
Propuesta 2. Potenciar la operatividad de los órganos jurisdiccionales y fiscalías que conocen casos de corrupción y delitos conexos.
Propuesta 3. Fortalecer la defensa jurídica de los intereses del Estado, repotenciando la Procuraduría General del Estado y las Procuradurías Públicas especializadas, principalmente la Procuraduría Anticorrupción.
Samuel Rotta: Necesarios
Estas dos son necesarias. Pero no queda claro en qué sentido van potenciar y fortalecer, que por lo demás es algo que muchas propuestas en este campo adolecen. ¿Se va a transferir recursos? ¿Para qué? ¿Exigiendo metas? ¿Definidas en base a qué? En el caso de Poder Judicial y el Ministerio Público, no hay mucho más que hacer fuera de los recursos, por la autonomía. Pero en el caso de la Procuraduría General del Estado, el gobierno sí podría hacer más, pues depende del Ejecutivo. Sería importante darle contenido a ese fortalecimiento y saber si tiene una orientación correcta o no.
Yvana Novoa: Muy abstractas
No menciona nada nuevo respecto de esas propuestas, nada no evidente. No aterriza ni dice cómo lo va a hacer ni tampoco dice qué cosa específicamente (programa, reforma normativa, etc) plantea para repotenciar lo que dice.
Propuesta 4. Reformar el modelo actual del Sistema Nacional de Control, ponderando el control previo y el control concurrente, buscando la eficiencia de sus acciones
Samuel Rotta: Necesario
También es necesario. Sin embargo, sería importate explicar en qué consiste esa ponderación y cómo ello se reflejará en eficiencia. Además, ¿qué se entiende por eficiencia en el marco del control? Se menciona el control previo y el concurrente, pero no el posterior, que es el tipo de control que ha privilegiado el sistema por años y que ha estado enfocado en micro-controlar “sellos” y “firmas”; por lo queda la duda sobre qué pasará con este.
Yvana Novoa: Muy abstracta
No menciona nada no evidente.
Verónika Mendoza - Juntos por el Perú
Propuesta 1. Fortalecer las fiscalías anticorrupción, las sedes del MP en regiones y el Equipo Especial Lava Jato con independencia del MP y el PJ, y la JNJ
Samuel Rotta: Necesario
Nuevamente cojeamos de qué cosas debemos fortalecer y cómo. El gobierno puede asegurar recursos y puede exigir cumplimiento de metas. Habría que ajustar un poquito la propuesta, pero es importante.
Yvana Novoa: General
Está fraseado de manera general, pero no es inconstitucional ni incorrecto. Que nos expliquen qué es fortalecer, por ejemplo, si es trabajo de capacitación para que la fiscalía se especialice en anti corrupción o darles más recursos. No profundiza, pero es correcto, está bien.
Propuesta 2. Ampliar la información contenida en las Declaraciones Juradas de Interés, corrigiendo la excepcionalidad establecida por el Congreso de la República
Samuel Rotta: Necesario
Ahora el régimen de declaración de interés está bajo control de la contraloría. Sí es importante, más que ampliar, hacer algunos ajustes a los contenidos de la declaración de interés. La excepcionalidad es esto de que los congresistas se salieron del régimen. Está bien, es necesario, pero preferiría que esté fuera de la contraloría.
Yvana Novoa: Necesario
Es correcto, no tiene ningún sentido que haya un sector de los funcionarios que no declaren. Es necesario.
Propuesta 3. Fortalecer capacidades de los procuradores especializados para calcular la pretensión reparatoria del Estado en delitos de corrupción o crimen organizado
Samuel Rotta: Necesario
El trabajo de determinación de la reparación es bien importante y necesario. Necesita una discusión mayor. La reparación por corrupción está en forma de multas para el Estado, pero la víctima no recibe reparación. Me parece bien interesante.
Yvana Novoa: Es bien importante.
El cálculo de la reparación civil, no solo para delitos de corrupción, tiene una dificultad para cuantificar el daño que generan los delitos. Esta cuantificación del daño la hace el juez o la jueza, porque se establece en la sentencia [...], y no se suele hacer de manera idónea. Ahí los procuradores tienen un papel muy importante porque son quienes representan a la parte agraviada, que va a recibir la reparación. En caso de los delitos de corrupción, sería de mucha ayuda que los procuradores puedan ayudar al juez con un cálculo correcto de la reparación. Eso es bien importante.
Propuesta 4. Elaborar un nuevo Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2022- 2025, bajo un enfoque de gestión de riesgos
Samuel Rotta: General
Sí, creo que nadie más lo dice y es bien importante. Tenemos [el Estado] una política de integridad y un plan nacional que han sido trabajados con relativa seriedad, respecto a instrumentos anteriores. Hay que fortalecer al instrumento que le da norte a todo el aparato estatal. También es necesario ver cómo se va a implementar. Los arreglos institucionales deben ser para llevar adelante la implementación.
Yvana Novoa: General
El enfoque de gestión de riesgos ya existe. No están proponiendo algo nuevo, sin embargo demuestra que saben qué es lo que corresponde, a diferencia de los otros. Me parece necesario, hay que hacer un nuevo plan. El actual rige hasta fin de año, se debería plantear uno nuevo; y se debería mejorar el diagnóstico, y la parte teórica.
George Forsyth - Victoria Nacional
Propuesta 1. Constitución anticorrupción: Impulsaremos una reforma constitucional que contribuya a: reducir drásticamente los actos de corrupción sistemáticos por parte de grupos coludidos para delinquir que, por su escala y permanencia, implican la violación de derechos humanos
Samuel Rotta: Esto es innecesario.
Ya tienes actualmente todas las piezas puestas para que se pueda investigar la corrupción. Hay ajustes que hacer, pero no necesitas esta reforma constitucional. Es más, la Comisión Interamericana de DDHH, en su informe de diciembre de 2019, no recomienda este tipo de cosas. Recomienda fortalecer el sistema de justicia.
Yvana Novoa: Populista
Me parece que es una medida populista. La Constitución rige la vida de todos y todas, tiene que tener herramientas para evitar que se lesionen los derechos fundamentales. No se puede decir que la Constitución actual es pro corrupción, independientemente de su origen histórico, al tener los derechos fundamentales identificados, al establecer normas como el artículo 39, que menciona que los funcionarios y funcionarias están al servicio de la nación, que el poder del Estado emana del pueblo, que un tema fundamental del Estado es la defensa de los derechos fundamentales. Se pueden mejorar cosas, sin duda. Pero lo que señala aquí, ignora la naturaleza de la propia norma. Pareciera que quiere meter en la Constitución cosas que corresponderían a una Ley.
Propuesta 2. Jurados de ciudadanos para temas de corrupción
Samuel Rotta: Inviable
Desde el punto de vista de lucha anticorrupción, lo que consigue con estos jurados ciudadanos es quitarle el monopolio de la decisión al juez. Entonces, ya no tienes que sobornar a solo una persona, que probablemente está profesionalizada en pedir sobornos, sino que lo diluyes entre 10 o más anónimos que probablemente nunca más vuelvan a ejercer ese cargo, es más difícil sobornar. Pero hay un problema: ¿cómo articulas esto con la reforma de justicia? No hay ni una palabra. Podría ser interesante, pero viable no. La función de dictar una sentencia no es solamente quitar la posibilidad de corrupción, es mucho más, es administrar la justicia. Está generando efectos bien negativos sobre el sistema.
Yvana Novoa: Inviable
Parte de un desconocimiento. ¿A qué se refiere con temas de corrupción? ¿Delitos, o también administrativos? Eso implica una modificación al Nuevo Código Procesal Penal, a pesar de que todavía no está implementado. Sería añadir una institución –el jurado– a un sistema que no está diseñado para que funcione de esa manera. ¿Hasta qué punto va a llegar la opinión del jurado? ¿Va a poder determinar la pena? ¿Si la persona es culpable o no? Hay que tener mucho cuidado con eso. No se puede trastocar el debido proceso y los derechos de la persona procesada.
Propuesta 3. Establecer como delito de lesa humanidad la acción criminal corrupta sistémica y como delito punible el ofrecimiento y aceptación de un cargo (de confianza o de carrera) a alguien no idóneo profesional y éticamente
Samuel Rotta: Innecesaria
Si la propia Comisión Interamericana de DDHH no recomienda algo así [establecer como delito de lesa humanidad], ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? No le veo mucho sentido. ¿Cuál va a ser el efecto de esto en términos prácticos? Lo que debería hacer es enfocarse es hacer bien lo que ya tenemos. Sobre la segunda parte [delito punible el ofrecimiento y aceptación de un cargo a alguien no idóneo], este tipo de asuntos necesitaría sanciones administrativas de todas maneras. En lo administrativo sí se puede sancionar. En lo penal yo creo que también, bajo la figura de cohecho. Yo lo veo como demagogia punitivista.
Yvana Novoa: Inviable e innecesaria
Para empezar, en la Constitución no se establecen los delitos; eso se establece en el Código Penal. Si esa fuera su idea, es incorrecto. Hay criterios a nivel del Derecho Internacional para considerar una conducta como delito de lesa humanidad. Implican ataques absolutamente graves a la libertad, a la vida, a la integridad física. Es inviable de manera técnica, no es correcto en el ámbito jurídico nacional ni internacional. Además es innecesaria, porque si lo que quiere es que en las sentencias del Poder Judicial se muestre una sanción que corresponda a la gravedad de la corrupción, el Código Penal tiene ya mecanismos establecidos para que, en casos concretos, la pena sea elevada al rango más alto. Que el Sistema de Justicia no esté aplicando los mecanismos no quiere decir que, porque consideremos la corrupción un crimen mucho más grave, se va a solucionar la corrupción.
Propuesta 4. En casos de corrupción, el funcionario debe devolver el dinero, pagar una multa, pena de cárcel y ser inhabilitado de por vida para ejercer cargo público, sancionar al partido político y si hay reincidencia, perder su personería jurídica
Samuel Rotta: Innecesario.
Ya existe, como parte del proceso, la reparación civil. ¿Qué cosa es lo diferente aquí? La sanción de por vida. Nosotros tenemos muerte civil, que solo es de por vida bajo condiciones muy particulares. Acá lo que están pidiendo es que –no lo dicen pero lo que están pensando es– si tocas un sol o dos soles, llevar esto al extremo. Esto es bien demagógico. No va a ocurrir. No necesitas que tu sistema de justicia persiga a un funcionario que pasó una boleta de alimentación por 15 soles, y se le castigue de por vida. Hay formas de corregir y sancionar que tienen que ver con un principio de progresividad. Lo que va a generar es que los funcionarios vivan aterrados. Sobre la segunda parte, que es lo del partido político: como la vida política-partidaria es tan reducida en el Perú, ¿cuánta gente que está involucrada en proceso de corrupción pertenece a partidos? Me parece que es muy limitado.
Yvana Novoa: La inhabilitación es inviable
Devolver el dinero no es nada nuevo. Existen mecanismos para recuperar los activos de delitos de corrupción. La pena de cárcel tampoco. Algunos delitos contemplan la multa, pero no es nada nuevo. La inhabilitación de por vida es una medida que también suena populista. Todas las sanciones tienen que respetar el principio de proporcionalidad, y atender a la gravedad del hecho concreto. Ponerle una inhabilitación de por vida a la persona puede ser hasta atentatoria de sus derechos fundamentales.
Keiko Fujimori - Fuerza Popular
Propuesta 1. Oficina de asuntos internos para combatir la corrupción policial, con capacidad sancionadora e investigadora
Samuel Rotta: Necesaria la primera parte, no la segunda.
No está mal. Ya ha habido oficinas de asuntos internos en la policía que ha tenido buenas experiencias, otras que no. El asunto es cómo haces para garantizar que esa oficina sea sostenible. Lo segundo, la capacidad sancionadora, es bien problemático desde el punto de vista de derechos. Tu órgano investigador no puede ser tu mismo órgano sancionador. Ahí tienes un obstáculo a la viabilidad.
Yvana Novoa: Por discutir
La corrupción policial no es un tipo de corrupción distinta a la que se comete en un ministerio o entidad del Estado. Me preocupa la parte de la capacidad sancionadora. La investigadora podríamos pensar que es una investigación somera, inicial, y que luego el Ministerio Público investigue. Pero la capacidad sancionadora, salvo que estemos hablando a nivel administrativo, es inviable. Creo que ameritaría mayor desarrollo. No es, por el momento, inconstitucional o inviable. Si fuera sanción penal, eso sí es incorrecto.
Propuesta 2. Crear sistema único de declaraciones juradas de bienes y rentas, y de intereses bajo la rectoría de la Contraloría General de la República con el objetivo de realizar seguimiento a la información y sancionar según corresponda
Samuel Rotta: Innecesario
Nadie se pone a pensar lo que ha sido la experiencia de la contraloría con las declaraciones de patrimonio, que tiene hace más de 15 años, con resultados bien poco alentadores. Yo esto lo veo innecesario. Sí me parece importante tener un sistema único de declaraciones de patrimonio e intereses, y me parece que debiera ser autónomo. Por ejemplo, una fortalecida autoridad de transparencia, autónoma, como en Chile. Ahí tienes una buena propuesta. Ya no te preocupas de hacer seguimiento, sino lo dejas que la ciudadanía y los periodistas lo revisen a discreción. Igual tu órgano fiscalizador lo puede revisar.
Yvana Novoa: Para discutir
No me parece mal la propuesta. Sobre la parte de la sanción, tendrían que subsanar los errores de la regulación por la cual fue declarado inconstitucional. Sobre la creación de un sistema único de declaraciones juradas, no me parece mal, siempre y cuando las DJ busquen recaudar información que realmente sirva.
Propuesta 3. Fortalecer Sistema Nacional de Control y restituir rol sancionador de la Contraloría General de la República
Samuel Rotta: Necesaria la primera parte, no la segunda
Esto es lo que buscaba el anterior contralor, desde [Fuad] Khoury. Es una respuesta fácil a un pésimo diagnóstico. El diagnóstico es que los informes de la Contraloría no resultan en sentencia, y dicen que si ellos sancionaran sí podría ocurrir. En vez de ponerse a pensar en por qué no funciona. Me parece importante la parte de fortalecer el sistema nacional de control. Habría que establecer en qué sentido: no queremos fortalecer el micro control, al auditor que va después de 3 meses a ver si los 7 sellos de tu papelito están bien puestos. Pero sí queremos fortalecer este proceso de modernización de control concurrente. El rol sancionador de la contraloría merece mayor evaluación. No me parece necesario. Una alternativa es fortalecer Servir con esta capacidad sancionadora.
Yvana Novoa: Por discutir
Ya había mucho debate y problemas a nivel doctrinal y en la vida real, pues parecía que había una superposición de competencias entre el régimen sancionador de Servir con el de la contraloría. Si lo que ella propone es que solo sea la contraloría, entonces habría que quitarle competencias a Servir. No es tan simple como lo frasean. El procedimiento disciplinario de Servir se aplica en las mismas entidades públicas; es un proceso administrativo. Era un desorden que existieran dos; generaba confusión y desorden. Sí sería bueno que haya unidad, que siga solo un tipo de procedimiento administrativo.
Propuesta 4. Implementar en todos los niveles de gobiernos subnacionales las Oficinas de Integridad y Prevención de Lucha contra la Corrupción, con el propósito que puedan realizar no solo labores preventivas, sino también labores de investigación de los factores o causas que inciden en los actos de corrupción en la gestión pública; así como, impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021
Samuel Rotta: Necesaria y viable.
Me parece bien importante que lo mencionen, pero ya existe esta obligación. La propuesta debería ser asegurarse que existan y fortalecerlas. Las oficinas de integridad tienen la capacidad de recepcionar denuncias y procesarlas. Me parece una propuesta necesaria y viable. Pero igual hay que fortalecer, más que solo pensar en crearlas.
Yvana Novoa: Necesario
Investigar las causas de corrupción es útil para generar diagnósticos y prevenir que se genere corrupción en el futuro. No está mal, y me parece necesario. No es que no se haya hecho un diagnóstico antes, pero me parece necesario. Yo entiendo que ya existe una oficina de integridad en cada entidad. La parte del plan nacional 2018-2021 me parece un poco innecesaria. Ese plan ya vence este año; la veo un poco desfasada.
Rafael López Aliaga - Renovación Popular
Propuesta 1. Estableceremos mecanismos y canales destinados a denunciar irregularidades dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público. Los órganos de control que dependan de la Junta Nacional de Justicia, la cual sancionará a jueces y fiscales corruptos.
Samuel Rotta: Ya existe.
Es lo que se ha aprobado. Más bien, la propuesta debería ser cómo hacer para garantizar la autonomía, para agilizar los procesos, y para garantizar los recursos apropiados. Como ya existe, no es necesario proponerlo. Si hubiera ido por otro lado, por su puesto.
Yvana Novoa: Absolutamente inviable.
Ya existen mecanismos de denuncia en todas las entidades, no es nada nuevo. La JNJ se encarga de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales, lo que no puede hacer es sancionarlos penalmente. No es su competencia, esa es competencia del Poder Judicial. Es absolutamente inviable si a eso se refiere. Ya existen mecanismos de sanción distintos al derecho penal para actos de corrupción que no llegan a ser tan graves.
Propuesta 2. Crear una Central de Lucha Contra la Corrupción con poderes para detectar, infiltrar y capturar el delito cometido in fraganti, así como las irregularidades en todos los niveles de gobierno. Verificará la información patrimonial declarada por los funcionarios públicos.
Samuel Rotta: Innecesario
Esta idea de los zares anticorrupción no funcionan. La contraloría intentó crear una oficina que haga inteligencia anticorrupción, y al final no prosperó. En algún momento se discutió una ley para que se pueda aplicar un agente encubierto en casos de corrupción, pero no se aprobó. Vuelvo a mi punto: hagan que lo que tenemos funcione, no se pongan creativos.
La segunda parte [verificar la información patrimonial] ya lo hace la contraloría, y con resultados bien poco ambiciosos. Casi no tienes funcionarios sentenciados por enriquecimiento ilícito, que es lo que buscas con una declaración patrimonial. Ese esfuerzo no está dando resultados.
Yvana Novoa: Inviable
Tendríamos que preguntar: ¿Una central dónde? ¿A qué se refiere con capturar el delito? Eso lo hace la policía. ¿Dentro de qué entidad estaría adscrita? Hemos tenido una comisión de alto nivel anticorrupción, que ha sido absorbida por la secretaría técnica de la PCM. Esta se encarga de velar por el cumplimiento de la política nacional anticorrupción. No tiene competencia para detener, es jurídicamente inviable. Responde a los temas de administración de justicia, a la policía, al Ministerio Público, pero no al Ejecutivo.
[¿Y si se refiere a algo similar a la DINI o al SIN?] Si fuera así, un servicio de inteligencia para que incluso capture, es absolutamente inconstitucional. La sanción le compete al Poder Judicial. Lo que hemos visto en nuestra historia es que la existencia de un SIN implicaba la aplicación de sanciones extrajudiciales. Eso es incompatible con los estándares de Derechos Humanos.
Propuesta 3. Transparencia con gobierno digital de información y comunicación de decisiones.
Samuel Rotta: Muy general
Es necesario, ¿pero cómo lo haces? Así como está no es muy viable. ¿Qué vas a hacer? ¿Que las oficinas de gobierno tengan un superpoder para llegar a todas las oficinas y publiquen todo en internet? ¿Qué decisiones? ¿En qué formato? En principio toda información es pública. ¿Cómo mejoras la entrega? Es una aspiración.
Yvana Novoa: Muy general
Lo han fraseado de manera tan general que no es incorrecto. No sabemos que va a aplicar, pero no está mal. Necesitamos transparencia, gobierno digital, comunicar decisiones. No es nada nuevo, pero no es inconstitucional.
Propuesta 4. Expulsar por decreto a Odebrecht del país, e imponerle multas millonarias [No está en el plan de gobierno, pero el candidato lo repite]
Samuel Rotta: Inviable
Esto va a beneficiar a los investigados por el Caso Lava Jato. Además, la viabilidad de esa medida tampoco es sencilla. Podría hacerlo a través del OSCE, pues el gobierno nombra al presidente a través del MEF. Pero eso va a generar problemas afuera, porque lo primero que va a hacer la empresa es plantear un arbitraje. Pone en riesgo los procesos de investigación actuales y abre un frente de arbitrajes internacionales.
Yvana Novoa: Inviable
No puede poner sanciones nuevas para autores de delitos que ya han sido cometidos. Atenta contra el principio de irretroactividad penal. Cualquier sanción nueva se pone para delitos que se cometan en el futuro. Y las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad del delito cometido.
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