Elecciones 2020: PPC presentó su agenda legislativa con 21 proyectos de ley

El Partido Popular Cristiano (PPC) presentó formalmente 21 iniciativas legislativas que buscará compartir con las otras agrupaciones políticas que participan en las Elecciones 2020.

El presidente del PPC y número 1 de la lista, Alberto Beingolea, y sus voceros explicaron que las propuestas giran en torno a cuatro ejes: seguridad ciudadana, reforma judicial, reforma política y la defensa de la economía social de mercado, incluyendo la lucha transversal contra la corrupción.

Respecto a la seguridad ciudadana, el PPC propone que el comisario tenga incentivos o sanciones para ascender en su carrera y que requiera de un informe favorable de los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) para ser promovido, así como el uso de la tecnología para combatir el crimen y que todos los distritos accedan a ella para trabajar de manera coordinada y eficiente.

También plantean que los ciudadanos, policías y militares no tengan que ir a prisión por el uso del derecho a la legítima defensa, ni vean dañada su carrera, en el ejercicio de sus funciones.

Del mismo modo, plantean que las Fuerzas Armadas asuman labores que hoy cumple la Policía Nacional del Perú (PNP) cuidando activos y fronteras cuando debería estar en las calles cuidando personas.

En torno a la justicia y lucha contra la impunidad y la corrupción, el PPC propone una reforma constitucional del Sistema Nacional de Justicia, que incluye un Acuerdo Nacional por la Justicia y la profesionalización de la carrera fiscal y judicial.

En este punto, también plantea eliminar el indulto común en casos de corrupción y terrorismo, así como la inhabilitación perpetua de autoridades corruptas.

Otros proyectos están referidos al voto activo de militares y policías destacados fuera de su lugar de votación, la modificatoria de la actual inmunidad parlamentaria para no permitir la impunidad, además de establecer el voto voluntario.

Finalmente, el PPC propuso una regulación que garantice la seguridad jurídica a todo nivel del aparato estatal, un sistema eficaz de prevención de riesgos y desastres naturales que garantice la sostenibilidad de la población peruana e incluir el mantenimiento de la infraestructura en obras por impuesto.