El circo del Congreso no descansa un solo día. Y parece que por fiestas la carpa en la avenida Abancay está funcionando a máxima capacidad. Solo partiendo de lo ocurrido la semana pasada, tres eventos prueban que el Parlamento actual hace las cosas a la volada, las hace mal y en el camino genera consecuencias sumamente costosas para el país.
El ejemplo de lo primero es el trato expeditivo y poco técnico que se le dio a la elaboración de la propuesta de ley de régimen agrario desde la comisión destinada para tal fin. Con un proyecto legislativo lleno de vacíos y términos sin definir, el Congreso pudo reventarle las cuatro llantas al sector agroexportador. Así, por querer proteger al trabajador agrario, los parlamentarios pusieron en riesgo el empleo de cientos de miles de personas (ni qué decir de los miles de hectáreas de cultivo que se echarían a perder).
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En concreto, las empresas dedicadas a esta actividad señalaban que, con las condiciones laborales aprobadas por la comisión encargada de preparar la norma, una de cada tres personas en el sector perdería el empleo (y según el Ministerio de Trabajo, a julio de este año eran más de 350 mil las personas empleadas bajo el régimen derogado). Además, Apoyo Consultoría estima que la rentabilidad caería 43% en los cultivos de palta y cerca de 90% en los de arándanos.
Afortunadamente el proyecto no fue aprobado en el pleno (tras un debate que incluyó tres textos sustitutorios) y ahora será visto por la Comisión de Economía, pero el riesgo sigue ahí y no existe un régimen transitorio mientras se elabora la nueva ley.
Sobre lo segundo, el jueves de la semana pasada el Tribunal Constitucional le recordó a los congresistas que no tienen carta libre para legislar. Luego de que a fines de agosto el Congreso aprobara por insistencia una norma que promovía los ascensos automáticos en el sector Salud, el pleno del TC finalmente resolvió por unanimidad que esa ley va contra lo que estipula la Carta Magna.
La decisión no sorprende a quienes están familiarizados con el tema. Y esto porque el Ejecutivo calculó que la iniciativa congresal causaría un perjuicio económico de S/1.150 millones a las arcas públicas (cuando el Congreso no puede generar nuevos costos fiscales, lo que fue uno de los argumentos de los magistrados).
Probablemente ocurrirá lo mismo en unas semanas con la onerosa norma que permite retiros de la ONP. Y antes sucedió también con la derogada ley que prohibía el cobro de peajes mientras dure la emergencia sanitaria (también aprobada por insistencia y con aplausos).
Sobre lo tercero, una prueba irrefutable de que el afán legislativo del Congreso está dejando toda la vajilla rota vino por parte de la agencia Fitch el martes pasado. En un comunicado, la clasificadora de riesgo anunció que ha cambiado la perspectiva del panorama de la economía del Perú de estable a negativo. Uno de los principales motivos: el deterioro de la previsibilidad de las políticas por la aprobación de medidas populistas en el Congreso.
Esto, por supuesto, no termina ahí. En los últimos días la bancada de Podemos Perú también amenazó con fomentar una nueva crisis política y promover una censura de la Mesa Directiva si es que la presidenta del Legislativo, Mirtha Vásquez, responde con prontitud la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de la devolución de aportes de la ONP.
Existe un viejo refrán que dice que nadie tira piedras a su propio tejado. Y esto es así, claro, a menos que se trate del Congreso peruano cuando quiere apoyar al país. Todo lo anterior lo demuestra.
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