Presupuesto para la continuidad del servicio de agua durante El Niño tiene 9% de avance

Para afrontar la emergencia por el fenómeno de El Niño (FEN), el Estado aprobó recursos adicionales para el 2023 por S/4,1 mil millones, con lo que se ha más que duplicado el presupuesto para reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Sin embargo, a la fecha, solo se ha avanzado con el 20% de ese monto. Sin una política efectiva que mejore la capacidad de ejecución de las instituciones públicas, la aprobación de mayores recursos no será suficiente para preparar al país frente a la emergencia climática.

Avance en el control de inundaciones

Del total de recursos aprobados como parte de la emergencia por el FEN, S/1,8 millones (44%) están orientados al control de inundaciones. Si a eso se le suma lo que ya se tenía presupuestado en el 2023, los tres niveles de gobierno cuentan en conjunto con S/3.365 millones para la limpieza y descolmatación de ríos, conformación de diques y el fortalecimiento de defensas ribereñas, entre otras actividades similares. Sin embargo, a la fecha, solo se ha ejecutado la mitad de dicho monto, aunque existen importantes diferencias según región.

Mientras que La Libertad (80%), Áncash (64%) e Ica (62%) son los departamentos con mayor avance registrado, Lambayeque solo ha ejecutado el 3% de los recursos destinados al control de inundaciones. Ello se debe principalmente a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que maneja el 80% de los recursos en la región, solo presenta un avance del 1% a la fecha. En Piura, la región más afectada por el FEN 2017, solo se ha ejecutado el 22% de los recursos disponibles. Ello responde principalmente al bajo desempeño de los gobiernos subnacionales que manejan casi la mitad del presupuesto de la región para control de inundaciones y solo han invertido el 12% a la fecha.

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Agua potable durante el FEN

Asimismo, se han aprobado cerca de S/322 millones adicionales para asegurar el servicio de agua durante el FEN en varios distritos de 18 regiones del país. Sin embargo, la tasa de ejecución asciende a solo 9%. Dos tercios del monto asignado (S/210 millones) buscan intervenir áreas rurales a través de la adquisición de camiones-cisterna para la distribución de agua potable, motobombas para la evacuación de inundaciones y máquinas de balde para la limpieza de alcantarillados. No obstante, el avance de esas actividades a la fecha se ubica por debajo de 14%. El presupuesto restante (S/112 millones) busca dotar a varias de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) de la costa –de Tumbes a Ica (excluyendo a Sedapal en Lima)– con camiones-cisterna, hidrojets, máquinas de balde y plantas potabilizadoras portátiles que permitan mantener los servicios de agua y saneamiento durante el próximo verano. Lamentablemente, la ejecución solo llega a 0,1% a tres meses de la publicación de la norma.

Capacidad de ejecución

El bajo desempeño mostrado responde principalmente a la limitada capacidad de gasto de las entidades responsables de los recursos adicionales. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) recibió S/993 millones para la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas a escala nacional, casi un cuarto de los nuevos recursos aprobados en el marco de la emergencia por el FEN. Ese monto ha significado un incremento del presupuesto 2023 de la ANA a más de S/1,2 mil millones, 4,5 veces el promedio de los últimos nueve años. No obstante, solo ha ejecutado el 24% del mismo y apenas el 9% de los nuevos recursos destinados para el FEN debido a que la mayor liquidez no ha estado acompañada por una estrategia que permita mejorar su capacidad de gasto.

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En tanto, los gobiernos regionales y locales están a cargo de 18% de los nuevos recursos para el FEN (S/745 millones). Si bien Piura ha recibido casi 40% de ese monto (S/292 millones), a la fecha solo ha logrado un avance del 16%. En tanto, otras regiones de la costa norte, históricamente la zona más afectada por el FEN, presentan diferencias notables en su ejecución. Por ejemplo, Lambayeque, con un presupuesto asignado de S/70 millones, ha logrado una ejecución del 34%; mientras que Tumbes, con S/38 millones, solo ha ejecutado el 10%. Estas disparidades recuerdan la necesidad de fortalecer las capacidades administrativas y operativas de las regiones frente a emergencias climáticas. Según el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) 2022, el 50% de las municipalidades del país requiere capacitación en evaluación de riesgo de desastres, y el 45% en la elaboración de planes de prevención.

Ejecución es clave

La ejecución de los recursos destinados a enfrentar el FEN es clave para minimizar el impacto sobre las regiones y sectores. En el 2017, por ejemplo, el sector agropecuario se contrajo fuertemente, al llegar a picos de caída de 21% en el caso de Piura, la contracción más fuerte en casi veinte años. Asimismo, el fenómeno climático podría tener repercusiones significativas sobre la tendencia de caída de la inflación, como sucedió en el FEN de 1998 y del 2017.

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A pesar del bajo avance en la ejecución del presupuesto destinado al FEN, el Estado aprobó el último viernes recursos adicionales (vía crédito suplementario) por al menos cerca de S/1,6 mil millones para afrontar las consecuencias del evento climático (S/1.584 millones para asegurar la sostenibilidad y continuidad de intervenciones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios). No obstante, sin una ejecución eficiente, especialmente de las autoridades subnacionales y entidades como la ANA, la asignación de presupuesto adicional resultará insuficiente. Con cifras esperadas de crecimiento económico a la baja en el 2024, se hace más urgente acelerar esta ejecución presupuestal.