Pluspetrol se apuntó una victoria contra el estado peruano en Miami, sede de la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) donde se dirime la causa presentada por la agencia de hidrocarburos Perú-Petro en contra de la petrolera argentina y sus socios por el abandono que estos hicieron del lote 8 (Loreto) en enero del 2021.
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Es decir, cuando faltaban tres años para el término legal del contrato de licencia del lote petrolero.
La semana pasada se supo, en efecto, que el tribunal presidido por la española Deva Villanúa rechazó el pedido de Perú-Petro para “que se declare que la resolución del contrato (del lote 8) alegada por Pluspetrol Norte, no ha surtido efecto”, según reza el laudo arbitral al que este Diario tuvo acceso.
La corte también denegó la solicitud de la agencia petrolera para “que se declare que Pluspetrol Norte ha actuado en ejercicio abusivo del derecho” al “acordar la decisión de disolución y liquidación, sin ninguna causa legal ni estatutaria que los justifique”.
Cabe recordar que Pluspetrol y sus socios: Posco, SK Innovation y Korean Oil International, adoptaron la decisión de disolver y comenzar el proceso de liquidación de Pluspetrol Norte en diciembre de 2020, siguiendo una serie de eventos que habían llevado a la empresa a una crisis muy aguda.
Entre ellos, el declive productivo del lote, el impacto de la pandemia de COVID-19 y las multas ambientales impuestas por el Oefa, las cuales “acabarían alcanzando un monto significativo de más de USD 300 millones”.
En estas circunstancias, señala el laudo arbitral, los accionistas de Pluspetrol Norte “se plantearon qué hacer con la empresa ante el panorama que vivían: sin producción y sin visos de salir de la pandemia, con precios continuadamente bajos, con multas medioambientales de un monto significativo y que iban en aumento”.
Cuatro, precisa el documento, fueron los cursos de acción evaluados por la empresa: la disolución societaria, el inicio de un proceso de insolvencia, la venta de la empresa y el comienzo de acciones legales contra el Estado como consecuencia de la imposición de multas tildadas de “arbitrarias”.
Pluspterol Norte optó finalmente por la disolución, medida que provocó la demanda de Perú-Petro, por considerar que es atribución suya “evaluar y decidir si resuelve o no el contrato a causa de la declaración de idisolución y liquidación de uno de los miembros del contratista”.
El laudo arbitral, no obstante, es inequívoco en su decisión.
“El Tribunal Arbitral tiene por cumplida la condición resolutoria de la cláusula 22.3.3 y, con ello, entiende resuelto el contrato de licencia. Resuelto el contrato de licencia, no puede mantener su vigencia. En cuanto a sus efectos, corren la misma suerte que la vigencia, excepto los derechos y las obligaciones post-contractuales, que nacerán a partir de la resolución”, señala.
EL DESTINO DEL LOTE 8
El laudo arbitral anula también la medida cautelar interpuesta por Perú-Petro para que Pluspetrol Norte suspenda su proceso de liquidación, sustituyéndola por otra medida cautelar que le ordena continuar con la custodia y mantenimiento del lote petrolero.
Queda por resolver, en ese sentido, la determinación del monto que Perú-Petro deberá abonar a Pluspetrol Norte por esta actividad (que realiza desde enero del 2021).
En cuanto al destino final del lote, cabe señalar que éste se encuentra en manos del Gobierno.
"Necesitamos que una empresa tome el lote para poder volver a tener trabajo y contar con los servicios básicos que hasta ahora nos viene dando Pluspetrol Norte"
En los últimos meses varias delegaciones de comunidades pertenecientes al área de influencia del lote de hidrocarburos han visitado Lima para pedir a las autoridades que liciten cuanto antes el lote a un operador privado, de ser posible, haciendo caso omiso a la consulta previa que actualmente está en curso.
“No podemos esperar el tiempo que toma hacer la consulta previa. Necesitamos que una empresa tome el lote para poder volver a tener trabajo y contar con los servicios básicos que hasta ahora nos viene dando Pluspetrol Norte”, explica Tony Chanamote, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Centro del Río Corrientes.
Se trata de las poblaciones más afectadas por la paralización del lote hidrocarburífero, en total, doce mil habitantes distribuidos en seis comunidades, incluyendo a Trompeteros, “la cual está ubicada frente a la misma base petrolera”, precisa el líder indígena.
Fuentes del sector hidrocarburos señalaron a este Diario que una alternativa para que el lote vuelva a reactivarse rápidamente es que el Estado firme un contrato temporal de servicios con una empresa interesada por el tiempo que demore la consulta previa.
Una vez concluida esta, se procedería a licitar el lote con un contrato a treinta años.
Trascendió, al cierre de este artículo, que el Gobierno estaría bastante interesado en ofrecer el lote de hidrocarburos a Petro-Perú, para que lo explote conjuntamente con el lote 192.
Entre 1996 y 2020, Pluspetrol obtuvo US$3.000 millones en ingresos por la explotación del lote 8 y generó utilidades por US$496 millones. Estos, sin embargo, fueron decreciendo desde un pico de US$275 millones en 2008 a un mínimo de US$14 millones en el 2020.