Al término de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en lo que va del 2021 la inversión pública nacional alcanzó los S/21.374 millones, la cifra más alta en los últimos 20 años. Pese a ello, la eficiencia de gasto público continúa siendo un problema a superar, especialmente al interior del país.
La ejecución de los recursos destinados a financiar obras públicas ha tenido un avance que bordea el 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), tanto en el Gobierno Central como en los gobiernos regionales y los municipios.
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Este año, la participación de las instancias subnacionales en la inversión pública creció en monto ejecutado (S/12.505 millones de los S/21.374 millones en total) como en el monto recibido (cuyo PIM pasó de S/16.276 millones a S/30.781 millones). Sin embargo, existen contrastes en el avance porcentual que se registra en municipios y regiones.
Gasto diferenciado
Al 31 de agosto, casi la cuarta parte de las 1.880 municipalidades del país había ejecutado menos del 30% de su gasto de inversión, 10 puntos porcentuales menos que el avance promedio.
La proporción de jurisdicciones con baja ejecución es similar entre provincias (46 de 195) y distritos (391 de 1.685). Los departamentos donde se encuentran los gobiernos locales que menos invierten son Ica, Apurímac, Áncash y Callao. En el primer puerto, el avance promedio de la inversión municipal es de 26%.
La baja ejecución afecta incluso a aquellas jurisdicciones que reciben más recursos. Por ejemplo, las comunas que se ubican en los distritos mineros de San Marcos (Áncash) y Challhuahuacho (Apurímac) –cuyo presupuesto es el 4% del PIM de todos los municipios– solo han ejecutado el 16% y 40% de sus recursos, respectivamente. En Lima Metropolitana, el avance de ejecución alcanza el 33% [ver gráfico].
En la capital
El avance de ejecución presupuestal también varía al interior de Lima y Callao. De enero a agosto, los distritos de Ancón, Carabayllo, Santa Rosa, Pachacámac, Puente Piedra, Los Olivos, Villa María del Triunfo y Surquillo han liderado la inversión con más del 50% de su gasto de inversión ejecutado. En contraste, distritos pequeños como San Juan de Miraflores, Barranco, Punta Negra y Santa María del Mar se encuentran rezagados con menos del 10% de avance.
Por su parte, en el primer puerto los distritos que han avanzado más en el gasto de inversión son La Perla (47%), Mi Perú (44%), Bellavista (38%) y Ventanilla (27%). Los menos eficientes vienen siendo Carmen de la Legua-Reynoso (23%), seguido de La Punta, con solo 3% de su presupuesto para obras gastado.
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El contraste también se da en los gobiernos regionales. Al cierre de agosto, Ica, Cajamarca, Huancavelica y Puno habían gastado menos del 30% de su presupuesto de inversión y estaban rezagados en comparación al avance promedio presentado a la fecha a nivel de las regiones (40%).
La salud figura entre las funciones con menos avance en ambos niveles de gobierno (30% en regiones y 33% en municipios). Los pliegos más rezagados en este rubro son infraestructura y control epidemiológico. No obstante, en proyectos que pertenecen al pliego de lucha contra el COVID-19, la ejecución sube al 40%.
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Tema de fondo
El mayor protagonismo de la inversión pública figura entre las principales apuestas de este gobierno para la reactivación económica. En su primer discurso ante el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ratificó la propuesta de otorgar S/3 mil millones a regiones y municipios para proyectos.
¿Destinar mayores montos garantiza una mejor calidad del gasto? Para Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la PUCP, las condiciones institucionales actuales no dan una señal positiva que lleve a pensar que una mayor asignación puede impactar en el cierre de brechas de las localidades beneficiadas.
“La ejecución es estructuralmente baja, no ha sido fortalecida, menos aún por las condiciones de la pandemia. También hay más dificultad por la prohibición que existe de contratar personal CAS para proyectos, y de ser un año preelectoral. Por otro lado, existe el riesgo de actos de corrupción, la contraloría no puede estar en todo sitio”, explica.
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El especialista sugiere que una forma efectiva de medir el gasto puede partir del monto en obras entregadas al final de un período como porcentaje del PIM, preferentemente al mecanismo tradicional que usa el presupuesto devengado. También estima que a fines del 2021 la meta de ejecución de los gobiernos subnacionales no duplicaría el porcentaje que han alcanzado hasta ahora (40%). “Los procedimientos no son sencillos. Los recursos también tienen que ir destinados a proyectos específicos. No es que como Gobierno te doy la plata y tú ves en que la gastas”, detalla.
Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, considera que a estas alturas del año el MEF debe acompañar a los gobiernos regionales, priorizando las obras que ya están en ejecución. “Sería interesante ver cuántas municipalidades ya han gastado su presupuesto de apertura y pensar en asignar recursos en lo que queda del año solo en obras que efectivamente se puedan hacer”, apunta.
Ramírez añade que en estos momentos la calidad del gasto público en general tiene que ser superior que en períodos anteriores debido a que la disponibilidad de recursos públicos es más costosa; es decir, que está marcada por un contexto donde hay menos recaudación y más deuda para financiarlo.
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