Informe IPE.- En el contexto de crisis, un enorme proyecto pendiente del Estado Peruano es la finalización de las obras de reconstrucción en las regiones afectadas por el fenómeno de El Niño costero del 2017. Para impulsar el programa de reconstrucción, el Ejecutivo suscribió un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con el Reino Unido a finales de junio.
LENTITUD EN LA RECONSTRUCCIÓN
El avance del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (Pircc) está sumamente rezagado. De acuerdo con cifras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), a la fecha se han invertido unos S/6.210 millones, entre sus diferentes componentes. Esto representa un avance de 24,2% de todo el plan integral, cuyo presupuesto total se estima en S/25.655 millones. Sin embargo, hay señales de aceleración en las obras: en el 2019 se ejecutaron S/3.392 millones, una cifra que es 89% superior a la registrada en el 2018.
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El acuerdo firmado representa una parte de las inversiones tanto en reconstrucción como prevención. Esta última es un elemento más complejo que la reconstrucción y se espera que termine incluso después de la fecha de culminación del contrato con el Reino Unido. Luego, se continuará con las estrategias integrales de prevención, pero ya el acuerdo G2G habrá marcado la hoja de ruta, tanto en el ámbito técnico como social.
Según los primeros anuncios, bajo el acuerdo con el Reino Unido se calcula invertir alrededor de S/7.000 millones en los próximos dos años en nueve regiones del país. Esta inversión se destinará a la construcción de la infraestructura de 74 colegios, 15 centros de salud, así como soluciones integrales para 17 cuencas de ríos, 5 quebradas y 7 sistemas de drenaje. Este primer anuncio de inversión representa alrededor de 27,3% del presupuesto total para la reconstrucción con cambios, el cual se estima en S/25.655.
APRENDIENDO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS
Originalmente, los acuerdos G2G tienen como objetivo la transferencia de tecnología entre países en asuntos de importancia estratégica. En este sentido, han sido empleados para la adquisición de equipamiento militar, sin la apertura a un concurso público y en un plazo más expedito que en otras modalidades de contratación.
Hasta el momento, este esquema ha sido utilizado en menor medida para la construcción de obras públicas. En octubre del 2019, el Perú firmó un acuerdo con el Estado de Corea del Sur para prestar asistencia técnica en la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, pero esta aún no ha comenzado. Otro caso reciente y conocido fue la ejecución de los Juegos Panamericanos Lima 2019, para lo cual se suscribió un acuerdo G2G con el Reino Unido en abril del 2017. Ante la experiencia adquirida por este país durante la organización de los Juegos Olímpicos Londres 2012, el Reino Unido brindó asistencia técnica para la construcción de la infraestructura y organización del evento e implementó distintos modelos de gestión, con lo que se logró un ahorro del presupuesto autorizado, inclusive.
Para el evento en Lima, el Estado Británico incorporó las oficinas de gestión de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) y el uso de contratos colaborativos (NEC). Mientras que el modelo de PMO integra la organización del proyecto en una dirección centralizada encargada de la evaluación y seguimiento de objetivos estratégicos, los NEC crean un marco de solución de disputas entre contratantes y contratistas que no interfiera con el desarrollo de las obras.
Según Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de Lima 2019, “uno de los objetivos de estos contratos (NEC) es aislar los desacuerdos técnicos que surjan en el transcurso del proyecto y solucionarlos en el momento a través de una discusión entre ambas partes, mientras las obras continúan. Se busca tener cuerdas separadas entre la solución de disputas y el avance del proyecto, para evitar paralizaciones innecesarias”. Asimismo, Neuhaus señala que “la contraloría podía dar las observa
ciones que consideraba necesarias, pero estas se solucionaban ‘en la cancha’, sin parar la obra”.
En el caso del PMO, en setiembre de 2019 se publicó el Decreto Supremo 288-2019-EF, que aprobaba lineamientos para utilizar este modelo de gestión. Sin embargo, según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), a la fecha no se han implementado PMO en proyectos de inversión pública.
UN ABANICO DE OPCIONES
Aunque eficiente, la modalidad G2G no puede reemplazar del todo los sistemas de inversión pública tradicionales. En particular, se corre el riesgo de crear modalidades exclusivamente para no tener que aplicar la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo con AFIN, si bien es positiva la firma de este acuerdo, el aspecto más importante es el aprendizaje de las herramientas modernas de gestión de proyectos que se utilizan bajo estos acuerdos. Este conocimiento adquirido contribuirá a la modernización del sistema de inversión pública bajo cualquier modalidad, tales como obras por impuestos, asociaciones pública-privadas o administración directa.
El CPC menciona que los acuerdos G2G fomentan la competencia debido a que se escoge a los mejores postores de cualquier parte del mundo y no restringen los concursos a empresas del país contratado. Esta institución señala que no se debería cerrar la puerta a más acuerdos G2G, sino que es parte de un conjunto de posibilidades a disposición del Estado.
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