¿Qué debe hacer el país para no seguir cayendo en el Doing Business?

ÁLVARO GASTAÑADUÍ RAMÍREZ

Entre el 2008 y el 2009, cuando era ministro de Economía Luis Carranza, el Gobierno se propuso llegar al puesto 25 del ránking Doing Business del Banco Mundial, que mide cuán fácil es hacer negocios en un determinado país.

En el ránking del 2010, el Perú escaló 20 posiciones, pasó del puesto 56 al 36, al dar resultado las primeras reformas para tal fin. Por ejemplo, se dispuso que las entidades públicas no pidiesen documentación que ya tenían, que en los trámites bastaban copias o declaraciones juradas. Además, se agilizaron los permisos de construcción y habilitación y se dieron facilidades para el comercio exterior y el pago de impuestos. No obstante ello, y que el Consejo Nacional de Competitividad se pasó al ámbito del Ministerio de Economía (MEF), para que impulsara más cambios, el resultado no fue el esperado. Salvo el ránking del 2013, el Perú no ha dejado de perder ubicaciones, pese a los esfuerzos del Indecopi de combatir las barreras burocráticas. De ahí que haya sido necesario crear, en junio pasado, un comité al interior del MEF para destrabar inversiones.

“El Estado se olvidó de continuar con esas facilidades para los negocios”, lamenta el director del Instituto de Economía de la Cámara de Comercio, César Peñaranda. A su turno, el director de la Maestría en Negocios Globales de la Universidad del Pacífico, Juan Carlos Mathews, advierte que las empresas aún encuentran muchos obstáculos en los procesos ante el Gobierno Central y los gobiernos subnacionales.

EL DEDO EN LA LLAGA Según Mathews, el 60% de esas dificultades proviene de las municipalidades, que tienen a su cargo el otorgamiento de las licencias de construcción y para abrir negocios. Por ello, plantea que el principal escenario de cambios debe ser en los gobiernos locales.

Según la consultora empresarial Cecilia Blume, no se trata de dar más leyes sino de exigir que se cumplan las que existen. Incluso, señala que el usuario que se sienta afectado debe quejarse y las entidades abrir una página web para registrar esas insatisfacciones.

De forma coincidente, el presidente del Comité de Edificaciones de Capeco, Ricardo Arbulú, denuncia que algunos gobiernos locales no respetan la ley y exigen más requisitos, como la opinión de vecinos, impacto vial, etc. Por ello, propone que el Ministerio de Economía fiscalice a los gobiernos locales y haga cumplir la normativa. Sin embargo, Blume no concuerda, porque esa medida afectaría la autonomía edil.

Por su parte, el abogado municipalista Julio César Castiglioni advierte que los municipios están violando el principio del silencio administrativo positivo, porque declaran improcedentes los pedidos cuando el interesado pide el reconocimiento de un derecho basado en demoras imputables a ellos. Así, deberían imponerse las sanciones penales y administrativas correspondientes.

MEJORAS EN EMPRESAS El alcalde de Lince, Martín Príncipe, reconoce que existe una percepción generalizada de que los municipios deben agilizar sus procesos. Sin embargo, asegura que su comuna junto con otras han logrado optimizar algunos de ellos y han facilitado el ingreso de empresas y el desarrollo de proyectos.

No obstante, dice que las compañías deben mejorar la presentación de sus pedidos cuando soliciten una licencia. Además, admite que la falta de presupuesto no permite a las comunas trabajar más eficientemente. Sobre esto, Castiglioni cree que podría generarse más recursos con la entrega oportuna de licencias y con su labor fiscalizadora.

Una esperanza de modernización municipal –aunque en el mediano plazo– es la Ley de Servicio Civil, que permitirá contratar personal más capacitado y mejor remunerado. Precisamente, Castiglioni opina que el mal funcionamiento municipal se debe a la falta de profesionales idóneos.

El especialista también plantea modernizar los trámites municipales –incluidos los de la comuna limeña– porque son “lentos, arcaicos y obsoletos” y terminan dificultando el clima de negocios. Además, alientan la informalidad, que en el Perú supera el 60%.

En ese sentido, el asesor de empresas Enrique Lulli, enfatiza que esa informalidad resta competitividad al país y destaca que ello es también responsabilidad de la legislación tributaria, que desalienta la formalización empresarial.

REFORMAS PENDIENTES Según resalta el docente de Centrum Católica, Adolfo Chiri, el cumplimiento de los contratos es fundamental en una economía de mercado. Además de la responsabilidad de la empresa en el cumplimiento de sus compromisos, Chiri advierte que en este caso es vital el buen funcionamiento del Poder Judicial, cuya reforma y modernización aún siguen pendientes.

Sin embargo, así como debe mejorar el Poder Judicial, también deben modernizarse los servicios públicos, afirma. Para Mathews, una forma de lograrlo es yendo a un ‘comercio sin papeles’ a través de Internet y usar un solo código –el número de DNI– para todas las gestiones con la administración pública.

Y en esta mejora del clima de negocios, que requiere de mayor liderazgo por parte del Estado, el sector privado no puede quedarse con los brazos cruzados. Según Peñaranda, las empresas deben mejorar su manejo gerencial y la presentación de sus expedientes, pero también contribuir con el diálogo con el sector público para optimizar procesos. Mathews también plantea que participe a través de asociaciones público-privadas y que haya más control desde el Gobierno de las metas propuestas para mejorar.

Ha pasado casi medio año desde que se anunció la constitución del comité del MEF que estaría encargado de destrabar las inversiones en el país. Pero poco se ha sabido sobre los avances de este comité ya sea en cuanto a propuestas o inversiones viabilizadas. Sería ideal que no esperemos a la próxima edición del Doing Business para apurar el paso en este ámbito.