En mayo del 2021, el ahora presidente Pedro Castillo dio a conocer el plan de Perú Libre para los primeros cien días de gobierno. En las 13 páginas de ese documento se detallan medidas urgentes y se recalca que para implementarlas, se asignará el presupuesto necesario para su ágil ejecución.
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Un análisis comparativo de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio corroboró que diez de las medidas consignadas en ese plan demandan más de S/132.000 millones. Se trata de propuestas relacionadas a los sectores de salud, educación y protección social. Sin embargo, si comparamos ese monto con el presupuesto de inversión aún sin ejecutar en estos tres sectores, sería posible financiar solo cinco de las diez promesas analizadas por este Diario. Además, la disponibilidad de presupuesto no es la única restricción a la que se enfrentan las promesas de los 100 primeros días.
Al detalle
Una de las propuestas del sector salud plantea implementar Casas Respira en todos los distritos del país, centros de aislamiento para pacientes que requieran oxígeno y tratamientos especiales en todos los distritos o centros poblados del país.
Considerando que existen 1.874 distritos en el Perú y que –en función a datos del Minsa y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis)– se estima que en promedio se requieren más de S/13 millones para construir un centro de salud especializado de primer nivel, cumplir esta promesa necesitaría aproximadamente S/25.000 millones.
Otras promesas que resultan inviables son la distribución periódica y descentralizada de 20 millones de mascarillas, 2 millones de oxímetros y el llamado Kit por la Vida (alcohol de 70° y jabón), para lo que se necesitarían más de S/1.400 millones. Adicionalmente, se planteó el fortalecimiento de cuatro mil centros de salud de primer nivel de atención. Ambas propuestas significarían un gasto de alrededor de S/60.000 millones. La inviabilidad se refuerza si consideramos que, solo en salud al 31 de agosto, existe un presupuesto de inversión sin ejecutar que asciende a S/1.370 millones.
Las restricciones
El exministro de Economía Luis Miguel Castilla recuerda que destinar recursos para financiar gasto no presupuestado implica la elaboración de una ley. “Estarías cambiando la Ley de Presupuesto, eso requiere de otra ley. Usualmente la partida más flexible que tiene el gobierno es la reserva de contingencia, que a la fecha asciende a S/4.658 millones”, señala. Al contrastar dicha reserva frente a las promesas en cuestión, este Diario corroboró que sería posible financiar 6 de las 10 analizadas. Así, se viabilizarían la compra y repartición de mascarillas, oxímetros, entre otros.
No obstante, según explica Castilla, incluso las reservas de contingencia tienen un uso previsto. “Obviamente ya el MEF -y es potestad del propio ministro- ve cómo se va asignando eso. Normalmente ya está destinado para un uso. Cuando hay cambio de gobierno, es potestad del gobierno darle la prioridad que corresponde”, detalla.
En este punto, cabe recordar que en el proyecto de ley de Presupuesto Público 2022, la función “Planeamiento, gestión y reserva de contingencia” aplica un incremento nominal de 15,36% frente a lo presupuestado en el 2021.
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“Lo que también podrían hacer y eso va a depender del manejo que se tenga en el MEF es que cuando tienes la ley de presupuesto, que se aprueba hasta el 30 de noviembre, tienes ahí la facultad de que algunos artículos entren en vigencia al día después de la publicación de la ley. Entonces, en diciembre tú puedes habilitarte legalmente para reorientar partidas de gasto donde tengas seguridad que no lo van a ejecutar hacia otros usos. Eso es otra forma y es una forma tradicional que el MEF ha utilizado para financiar algunas actividades pero ya hacia el fin de año”, agrega Castilla.
Calidad de gasto
Más allá de la falta de presupuesto, es importante considerar la capacidad del sector público para la ejecución. La inviabilidad de las promesas también se debe a que los antecedentes muestran que el tiempo establecido para cumplirlas es insuficiente. Fernando Gonzales, economista del Instituto Peruano de Economía, explica que el nivel de ejecución de presupuesto que registra el Perú nunca ha sido de los más altos de América Latina.
Por ejemplo, no se alcanzaría a fortalecer 4.000 establecimientos de salud del primer nivel en 100 días. Durante el 2020 se empezó a ejecutar el presupuesto para cerca de 30 proyectos que tienen como objetivo fortalecer estos establecimientos. Según el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), el promedio de su avance es de apenas 25%. En ese sentido, antes de convertirse en Ministro de Salud, Hernando Cevallos explicó que esta promesa se desarrollaría en el largo plazo.
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“Desde el 2020, el MEF ha tomado acciones para hacer un acompañamiento permanente a las entidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno, pero aunque parece estar teniendo resultados, aún queda un monto importante por ejecutar en solo cuatro meses”, recalca Gonzales.
En esa misma línea, Hugo Ñopo, investigador de Grade, menciona que se debe tener la mayor cantidad de impactos posibles con los nuevos proyectos de inversión y para ello se debería hacer un análisis de los impactos esperados. “Aún falta ejecutar la lógica de la medición de impactos”, asegura Ñopo, quien advierte que es en este punto en el que el sector público debe mejorar.
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