Pablo de la Flor es miembro del comité organizador de CADE 2015. Para este ejecutivo del BCP, las reformas institucionales ya no pueden ser pospuestas.
¿Cuál es la situación de las empresas para hacer frente a la coyuntura actual y próximos años?
La coyuntura pone en especial relieve la enorme importancia que tiene la agenda de reformas estructurales pendientes. Son aquellas reformas que evitamos implementar, precisamente, porque a lo largo de estos últimos años pudimos generar estas altas tasas de crecimiento muy a pesar de estos déficits institucionales, debido a las circunstancias externas positivas; pero que ya no es posible evitar.
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¿Cuál es esa agenda?
Por ejemplo, la inflexibilidad laboral. El Perú es un país que tiene unos niveles de rigidez en el funcionamiento del mercado laboral, que resultan disfuncionales e impiden generar el crecimiento en la oferta de empleo. También está la lucha contra la corrupción, y esto requiere un esfuerzo paralelo de revisión del sistema de administración de justicia, que es parte de un conglomerado más amplio que tiene que ver con la enorme precariedad institucional del país, que ya hoy nos empieza a pasar la factura .
¿Cómo incentivar una mayor participación del sector privado en la prestación de servicios públicos?
La experiencia de las asociaciones público-privadas (APP) ameritan una reflexión crítica respecto al perfeccionamiento de los mecanismos que existen. Hemos sido muy exitosos en impulsar una serie de iniciativas que lamentablemente aún no se plasman por problemas de procedimientos y trabas burocráticas respecto a inversiones que están comprometidas pero no se hacen.
¿Por qué más empresas no apuestan por el mecanismo de obras por impuestos?
Existen unos procedimientos engorrosos, que constituyen elementos disuasivos, sobre todo para empresas más pequeñas que no tienen los recursos ni el conocimiento de la operatividad del mecanismo. Este no te libra de tener que pasar por el mecanismo de operaciones del sector público. Hay historias de todo tipo respecto de lo complicado que resulta obtener permisos y autorizaciones de los distintos niveles de administración pública. Es una gran oportunidad para revisar esos procedimientos y aligerarlos.