En su búsqueda por definir un plan B que evite el cierre del lote 192 y el subsiguiente derrumbe de la producción de petróleo y canon (hoy deteriorados), Perú-Petro evaluaría la posibilidad de negociar directamente con un tercero, que podría ser una de las empresas habilitadas para la fallida subasta e, incluso, una que cuente con calificación vigente (como CNPC, Ecopetrol, Repsol, etc.).
Fuentes del sector dijeron que se trataría de un contrato temporal de dos años en el que no podrían participar empresas petroleras que hayan sido sancionadas por transgresión a normas socioambientales.
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Refirieron que esta última precisión serviría para aliviar la tenaz resistencia de las comunidades del lote 192, que se oponen férreamente a la permanencia de Pluspetrol, ya sea con un contrato de dos o 30 años.
También evitaría la cesión del lote 192 a Petro-Perú, medida que enfrenta serias restricciones legales y constitucionales, pues colisiona con la Ley de Modernización de la Refinería de Talara (Ley 30130).
Las fuentes indicaron que la negociación traería aparejadas una serie de condiciones, como la cesión sin previo pago de los equipos e instalaciones del lote 192.