Durante el congreso nacional de Perú Libre el último sábado, el presidente electo Pedro Castillo Terrones reiteró que propondrá que los sueldos de los ministros y congresistas sean reducidos en un 50%.
De hecho, durante su campaña, Pedro Castillo había mostrado un notorio rechazo a lo que etiquetó como “planilla dorada” y “sueldos jugosos” en el aparato estatal. Por ello, entonces adelantó que reduciría los salarios también de altos funcionarios.
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A diferencia de esta posición, Pedro Francke, su asesor en temas económicos, ha destacado la necesidad de contar con funcionarios de “alto nivel”.
“Si quieres un excelente servicio, tienes que pagar correspondientemente”, precisó.
Precedente nefasto
Durante el primer gobierno de Alan García, se estaba evaluando un paquete normativo de rediseño del empleo público, que incluía un nuevo régimen de remuneración, recordó Marcel Ramírez, economista y docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP).
Sin embargo, esta no se concretó y lo referido a los salarios se redujo “a establecer un tope máximo con la remuneración del presidente de la República y alineando a todos los demás altos funcionarios con niveles menores”.
“Un cambio parcial [limitar salarios] se volvió un desincentivo a la atracción de talento capacitado para ocupar los cargos de responsabilidad del Estado”, mencionó.
Pamela Navarro, directora y fundadora de Atalla Legal, añadió que, en general, este escenario se tradujo en un problema donde varias entidades del Estado, como el Poder Judicial, no podían contar con profesionales competentes, pues a estos no les resultaba conveniente.
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Implicancias
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, indicó que la propuesta del presidente electo implicaría, por ejemplo, que los salarios ministeriales se redujeran a alrededor de S/15.000.
El problema surge porque este monto no es competitivo con las remuneraciones que ofrecen en organismos internacionales o el sector privado a personas con perfiles para ocupar estas plazas en el aparato estatal, comentó.
“Si uno quiere atraer talento, al mejor, se supone que debes competir con otros empleadores. Y con estas medidas no vas a poder hacerlo. Al Estado no deben llegar los ‘ya que queda’, sino los mejores”, señaló.
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Navarro añadió que este caso implicaría que los salarios del personal técnico se revisen a la baja, lo que supondría que no continúen diversos perfiles destacados.
Para Toyama, considerando el gesto político, la medida tal vez podría aplicarse, pero únicamente para cargos de elección popular.
En tanto, Ramírez consideró “irresponsable” que se quiera resolver un problema que exige un enfoque integral de gestión pública solo “ahorrando” en sueldos de funcionarios, quienes deben tener competencias técnicas muy altas.
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