Panorama internacional adverso representa un riesgo para el crecimiento económico del país

El crecimiento del Perú está fuertemente influenciado por el dinamismo de la economía global. El ajuste monetario de las economías avanzadas, junto con el conflicto entre Rusia y Ucrania, han deteriorado las perspectivas de crecimiento económico y elevado la probabilidad de una recesión global. Ello se refleja en la tendencia negativa de los índices de actividad manufacturera a nivel mundial.

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Riesgos fiscales

Frente a un menor crecimiento, el precio de los metales que el Perú exporta -como el cobre- ha retrocedido en los últimos meses. Esto representa un serio riesgo fiscal, sobre todo por el mayor gasto público y las exoneraciones tributarias que buscan mitigar el incremento del precio de los combustibles y alimentos.

Precios altos y pérdida de poder adquisitivo

Los precios internacionales más altos de alimentos y energía impactan sobre la capacidad adquisitiva y nivel de consumo de los hogares. La mayor cotización del maíz y la gasolina en el exterior presiona al alza los precios locales de los alimentos y combustibles.

Además, la tendencia creciente del tipo de cambio -que nuevamente se aproxima a los S/ 4 por dólar- genera presiones adicionales sobre los precios de los productos e insumos importados.

En consecuencia, los salarios reales -descontados por inflación- registran una pérdida de poder adquisitivo de casi 15% respecto a la prepandemia, en Lima Metropolitana.

Desconfianza e inversión privada

Al entorno internacional adverso se le añade un ambiente local deteriorado, que se evidencia en una menor confianza empresarial y de los consumidores.

Sin confianza, no hay inversión y, sin inversión, no se pueden crear los empleos de calidad que los hogares necesitan para mejorar su calidad de vida.

Precarización del empleo

Esto es especialmente relevante porque el mercado laboral se ha precarizado con la pandemia y aún no se recupera. Al primer trimestre del 2022, 7 de cada 10 trabajadores urbanos pertenecen a la informalidad, más que en los cinco años previos a la emergencia sanitaria (65,6% durante 2015-2019), y cuatro de cada 10 se encuentra subempleado.