¿Directores ‘a dedo’? Los riesgos del nuevo decreto supremo de la PCM que afectaría a los reguladores

Fue el pasado 29 de octubre cuando la PCM, vía Decreto Supremo, modificó la Ley Marco de Organismos Reguladores para definir que, ante la suspensión perfecta de un miembro del Consejo Directivo que exceda el periodo de los 6 meses, la PCM designará un reemplazante. Dicha designación, según detalla la norma publicada en El Peruano, es temporal hasta que se designe al reemplazante elegido por concurso público o finalice la suspensión del miembro titular.

“Esto viene a colación de la suspensión del señor Rafael Muente [presidente de Osiptel] por 360 días. Estamos ante un nombramiento temporal que vulnera la autonomía del regulador”, señala José Luis Bonifaz, profesor del departamento de Economía de la Universidad del Pacífico.

Como se recuerda, en octubre, Rafael Muente fue suspendido de sus funciones vía resolución ministerial de la PCM por incurrir en una falta contemplada la Ley del Servicio Civil y que se relaciona a un estudio de posgrado en la Universidad de Piura por S/57.000 que fueron asumidos por Osiptel. Muente niega que esta sea una causal para su suspensión y, por el contrario, señala que la medida responde a una decisión política y sin sustento técnico.

Al margen del caso en cuestión, este 4 de noviembre, la PCM designó vía resolución suprema -y amparado en el decreto supremo 116- un director reemplazante. Se trata de Ferrer Rodríguez, quien ya asume funciones como presidente del Osiptel y que si bien cuenta con un Máster en Regulación por la Universidad Europea de Madrid, se ha desempeñado previamente como superintendente adjunto de la Sunat y jefe del Gabinete de Asesores del Produce y Mincetur.

“El nombramiento es a una persona que ha cumplido con los requisitos, pero ha sido nombrado ‘a dedo’ hasta que haya un concurso público. No podemos estar frente a un presidente temporal en un organismo regulador nombrado de esa manera, más cuando estamos yendo en contra de recomendaciones de la OCDE sobre los organismos reguladores del Perú. Si estamos en el proceso de adhesión al grupo, esto va justo en contra”, recalca Bonifaz.

En una publicación que data del 2018, la OCDE reconoce que los organismos reguladores económicos en el Perú gozan de independencia, pero todavía están vinculados a la PCM.

“Los organismos reguladores siguen teniendo dependencia formal de la Presidencia del Consejo de Ministros. Por ejemplo, semejante a las entidades de la administración central, cualquier reorganización o cambio institucional debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, así como sus reglamentos de organización y funciones. No está claro si estos vínculos afectan la capacidad de los organismos reguladores para cumplir su función en forma independiente y eficaz”, se lee en el documento.

Frente a ello, la OCDE recomienda al Perú “revisar los vínculos jurídicos de los órganos reguladores económicos con el gobierno central para mejorar su poder de decisión”.

Gonzalo Ruiz, director de la maestría en regulación de servicios públicos de la PUCP, recalca que la OCDE está reconociendo la importancia de que los organismos reguladores operen con independencia. “Uno de los aspectos importantes que hace parte de esta independencia tiene que ver con la forma en que se designa a los miembros de los consejos directivos. No me cabe la menor duda que, a visión de los expertos en regulación de la OCDE, va a ser visto como un retroceso”, señaló.

Para Ruiz, este hecho no debería verse de manera aislada, sino como decisiones del Ejecutivo que han venido afectando a los organismos reguladores.

“Hay una política deliberada de debilitamiento de los organismos reguladores. Recordemos que ya en varios organismos reguladores tenemos directores con mandato vencido. El caso más dramático es el de Ositrán, donde solo tenemos a la presidenta de Ositrán tomando decisiones en base a un artículo que le permite tomar decisiones en situaciones excepcionales. Y eso no es lo mejor para un organismo público encargado de supervisar infraestructura”, dijo.

El dato

Directores pendientes de designación

Según pudo conocer este Diario, el consejo directivo de Ositrán requiere hoy de designar a dos nuevos integrantes de un total de cinco. En el caso de Osinergmin, se requiere designar a cuatro de cinco directores, mientras que en Sunass y Osiptel hace falta designar a tres directores en cada institución.

Ruiz también agrega un punto importante: no se puede modificar una Ley con un decreto supremo. “La Ley -que es una norma de mayor jerarquía- establece que las designaciones deben ser por concurso público y no define excepciones. Se trata de un decreto supremo que podría ser cuestionado. Esta medida es un mal precedente”, afirma.

Patricia Benavente, expresidenta de Ositran, suma otro punto a dicho análisis. “Hay una trasgresión del marco legal. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que los organismos especializados tienen sus propios mecanismos de designación y nombramiento para el caso de los presidentes y miembros del Consejo Directivo. No está bien que el propio Ejecutivo saque un decreto supremo que viola su ley orgánica”, afirmó.

Benavente recuerda que la autonomía de los reguladores busca dar garantía a los privados de que quienes supervisan las inversiones son entidades técnicas. “La lógica es tener cuerpos colegiados con personas altamente especializadas designadas por concurso público. Son varios filtros. Sacar una norma específica para los casos de suspensión no es necesaria. Ya sea Osiptel o cualquier otro regulador, los organismos reguladores designan a un vicepresidente, ese debía ejercer las funciones. No había necesidad de hacer una designación a dedo”, aseveró.

Benavente también refiere que, para algunos reguladores pendientes de designación, sí se han hecho los concursos públicos respectivos. Sin embargo, no son nombrados. “Se culminaron los concursos y hubieron ternas, pero la PCM no los nombró. Entonces, ¿qué es lo que refleja todo esto? No hay un compromiso del gobierno con el respecto a la institucionalidad de los organismos reguladores”, dijo.

Para Benavente, debe haber un pronunciamiento expreso por parte de los presidentes de los organismos reguladores y también de los gremios empresariales. “Más allá de las voces técnicas que puedan alertar sobre esto y las recomendaciones de la OCDE, los cuatro organismos reguladores no deberían quedarse callados. Mal harían en no hacer un pronunciamiento conjunto. Porque, si no lo hacen, van a cargarse la credibilidad del sistema. También los gremios privados deberían pronunciarse. Me sorprende que no hayan salido a pronunciarse sobre este tema, más cuando el principal afectado ante organismos técnicos con injerencia política es el inversionista”, refiere.

En respuesta a El Comercio, la Presidencia del Consejo de Ministros dijo que los efectos del decreto supremo 116 no fueron consultados con la OCDE ya que éste no va en contra de las recomendaciones del bloque.

“El Decreto Supremo Nº 116-2024-PCM no va en contra de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ello no corresponde hacerles una consulta sobre el mencionado decreto”, señaló en comunicación a este Diario.

Por otro lado, especificó las razones por las cuales se publicó dicho decreto. “La publicación del Decreto Supremo Nº 116-2024-PCM responde a la realidad concreta de llenar el vacío legal que no permitía cubrir una plaza de miembro del Consejo Directivo de un organismo regulador por suspensión perfecta de labores, pues en el reglamento solo se regulaba cómo cubrir una plaza por vacancia de un miembro del Consejo Directivo, con lo cual se garantiza el correcto funcionamiento de los Consejos Directivos de los diferentes organismos reguladores”, sostuvo la PCM.

El dato

• Este miércoles en El Peruano se conoció que -un día después de ser designado presidente de Osiptel- Ferrer Rodríguez dio por concluida la designación del Director de la Oficina de Recursos Humanos y Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Osiptel.

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