Oscar Graham: “La evaluación política es la última que debe primar [para el alza del salario mínimo]” | ENTREVISTA

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En esta entrevista para El Comercio, el flamante ministro asegura que las prioridades de su sector se enfoca, entre otros temas, en la recuperación económica. Esta, a su vez, depende de la inversión pública y la inversión privada. Para impulsar esta última, el Gobierno busca recuperar la confianza del sector privado, afirma el ministro.

—La mayoría de indicadores de expectativas sobre la economía continúan en terreno negativo en febrero. La nueva proyección de crecimiento está entre 3,5% y 4% para este año. ¿En qué se sostiene esa estimación?

Estamos haciendo una reevaluación de la proyección que hicimos el año pasado. Existen proyecciones de otras entidades como el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en un último informe, tiene una proyección de 3% [para el crecimiento de la economía peruana]. Y, aún con ese ajuste que vamos a hacer, la proyección que deberíamos tener está arriba del 3,5%. ¿En qué se sustenta? En inversión pública y en el impulso que tenemos ahora por la reapertura total de la economía. La inversión privada cuando uno revisa, por ejemplo, las cifras de expectativas a 12 meses del Banco Central, se mantienen en terreno positivo.

—Pero el 0% de crecimiento [esperado para la inversión privada, según la proyección del BCR], sería un avance poco significativo.

Es que estamos hablando de temas distintos. Una cosa es la proyección del crecimiento de la inversión privada y otra cosa son las expectativas de la inversión privada. Y, en ese sentido, la inversión privada depende mucho de las expectativas y las expectativas se basan sobre todo en la confianza, en que haya buenas condiciones económicas para poder hacer una inversión. Una inversión es una apuesta riesgosa, es una apuesta por ganar, pero que tiene que tomar en cuenta cuáles son las condiciones de la economía. Y a eso me refería, a la vinculación entre las expectativas y la recuperación de la economía. El objetivo prioritario en este momento es la reactivación de la economía, y esa reactivación definitivamente pasa por el impulso a la inversión tanto pública como privada.

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—Con respecto a la construcción de la confianza, el escenario ees complicado dado los nombramientos no idóneos y/o las denuncias que tienen algunos funcionarios públicos durante esta gestión. ¿Cómo piensa el MEF blindar ese frente?

La inversión privada es importantísima y se basa en confianza. Hemos trabajado primero, manteniendo la estabilidad macroeconómica que nos ha caracterizado. Se puede apreciar que mantenemos, por ejemplo, bajas tasas de endeudamiento comparadas con nuestros pares. Vamos a retomar las reglas fiscales...

—¿Enviarán el proyecto [con las nuevas reglas fiscales] al Congreso?

Este mes estamos enviando el proyecto y estamos coordinando además e intercambiando información con el Consejo Fiscal. Trabajamos en ese frente, el frente de la estabilidad macroeconómica. Los mensajes recientes por parte del premier, por parte del presidente, [son para] retomar esa confianza. Vamos a apoyar con la economía social de mercado, el respeto a la propiedad privada, el fomento a la inversión privada […] Entiendo además que […] dar mensajes de confianza no es suficiente, se requiere de acciones concretas. [Estamos trabajando en] el seguimiento a los grandes proyectos de inversión, acompañamiento y facilitación. Hay una buena noticia, ya se destrabó el proyecto Majes Siguas. En los próximos días se debe firmar la Adenda 13 para la continuidad, lo cual va a dar un impulso a la inversión.

—No ha sido una negociación fácil.

No, definitivamente ha tomado su tiempo, pero lo importante es que está saliendo. Además de esos proyectos grandes, lo que tenemos que hacer es trabajar además en aquellos factores que identificamos que afectan y traban la inversión de todo tamaño, porque sí son importantes estos grandes proyectos, pero también es relevante la inversión del pequeño o mediano emprendedor que necesita ese mensaje de confianza.

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Para nosotros como Gobierno, lo fundamental es el impulso a la inversión privada. La inversión privada para nosotros es el principal generador de crecimiento y, sobre todo, generación de empleo formal.

—¿Eso será suficiente para que la inversión privada tenga un ambiente de confianza necesaria?

La confianza se va construyendo en el tiempo. Ese es el enfoque y esa es la prioridad que nosotros tenemos: recuperar esa confianza. Y esa confianza, además de lo que le he mencionado, implica constantes diálogos, acercamientos con los sectores productivos para saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las trabas, cuáles son los problemas que están encontrando para hacer un trabajo conjunto con ellos. Pero esto implica también un trabajo coordinado con otros sectores. Gran parte de los proyectos son de infraestructura vial, proyectos de agua y saneamiento, proyectos de minería. Tenemos que tener un trabajo conjunto y coordinado con los otros sectores.

—Temas como la tercerización laboral generan roces con el sector privado. Este es un tema que impulsó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). ¿Se planea revisar esta norma que ya ha sido publicada?

Ese decreto supremo es de competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo. Esa norma no pasó por el Consejo de Ministros, no fue revisada. Nosotros hemos identificado algunos aspectos de mejora en esta norma, de tal forma que no afecte la competitividad y no afecte la creación de empleo.

—¿Se va a revisar?

Nos vamos a reunir con el equipo técnico del Ministerio de Trabajo para darle nuestras sugerencias y que se puedan hacer los ajustes que se consideren necesarios a la norma.

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—¿Hay una fecha estimada para ello?

La próxima semana tenemos una reunión con el equipo técnico del Ministerio de Trabajo para hacerles llegar nuestros comentarios y sugerencias. En general, hay que considerar que las normas, como una buena práctica, deben pasar por un análisis de impacto regulatorio.

Nosotros tenemos un mecanismo que hace este análisis, que es muy importante porque permite evaluar cuál es la problemática, cuál es la solución que nosotros planteamos como Gobierno, qué otros sectores son los que se están afectando, si la solución es la mejor alternativa al problema. Eso es una buena práctica, sobre todo ahora que estamos en camino a la adhesión como país miembro de la OECD. Son prácticas de gobernanza pública que terminan redundando en beneficio de todos los ciudadanos.

—¿Cómo se trabaja dentro del Ejecutivo? Tal vez [es necesario establecer] un mejor orden con las diferentes carteras como el MTPE, el ministerio de Vivienda o el de Transportes y Comunicaciones, que en este momento están tan cuestionados.

Lo que nosotros hacemos en el Consejo de Ministros es un constante diálogo. Tenemos a veces puntos de vista discrepantes, pero al final las medidas se toman bajo consenso de todos los integrantes del gabinete de ministros.

Si nosotros queremos ser un país miembro de la OCDE –y el presidente está convencido de que esto puede ser uno de los grandes legados de su gobierno–, tenemos que mejorar la gestión de nuestras políticas públicas, tenemos que mejorar nuestra gobernanza pública, y esas prácticas de la revisión de las normas en lo que esto se refiere, implica la evaluación, por ejemplo, de análisis de impacto regulatorio […] Parte de todo este proceso de admisión a la OCDE es generar estos espacios, estos compromisos y estos mecanismos para la evaluación técnica de las normas que se planteen […] Como país hemos aceptado estar en el proceso de ser miembro de la OCDE. Esto va a pasar -por lo menos- por la aprobación de 20 comités. Ya hemos avanzado en tres. De acuerdo a lo que hemos considerado con las experiencias de países como Colombia o Costa Rica, esto nos podría tomar alrededor de cuatro años, trabajando de manera coordinada.

—A nivel de coordinación ministerial, ¿hay enfrentamiento? Siempre hay [enfrentamientos], es parte del trabajo, pero los lineamientos para el correcto desarrollo de políticas públicas que terminen en el bienestar general, debería estar alineado.

Definitivamente, siempre hay espacios para consensuar. Hay que reconocer también que cada ministerio tiene sus propias competencias. Tenemos que ser respetuosos de las competencias de cada ministerio, pero también implica un trabajo coordinado. El MEF es responsable de la armonización de la actividad económica, de mantener la sostenibilidad de las cuentas fiscales y también es responsable del impulso de la inversión pública y privada. Para eso necesitamos un trabajo coordinado, no solamente con las cabezas de los ministerios, sino también con el intercambio de opinión y coordinación con los equipos técnicos de los distintos ministerios.

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—[Nuestro ingreso a] la OCDE es un tema que tenemos que trabajar desde varios frentes. Usted ha comentado que no está de acuerdo con las medidas de corto plazo relacionadas al retiro de fondos de pensiones. Parece ser que las expectativas [sobre ello] no están alineadas con todos los miembros del Gabinete. ¿Se avanzará con la reforma integral del sistema?

Nosotros como MEF, de manera institucional, siempre hemos tenido una posición. Se tiene que hacer una reforma que se enfoque en dos aspectos fundamentales. Uno, la ampliación de la cobertura. En segundo lugar, la articulación de todos los sistemas. Hoy tenemos un sistema fragmentado. Tenemos sistemas públicos, tenemos sistema privado, tenemos sistemas especiales, como la Caja Militar, [el régimen para los] pescadores […] Lo que queremos hacer es articular el sistema, pero sobre todo el enfoque estar en la ampliación de la cobertura. Nuestro país tiene un nivel de formalización en términos laborales de 30% y el sistema de pensiones es un reflejo de la informalidad. Hoy día solamente 30% de los peruanos tienen acceso a un sistema de pensiones y el 70% restante no está ahorrando para su jubilación.

—¿Impulsar medidas que generan más retiros es irresponsable?

Entiendo que han habido retiros que se tuvieron que hacer en la época de la emergencia. Obviamente, había que sopesar entre la necesidad generada por la emergencia y una disponibilidad de fondos de largo plazo. Pero ese periodo ya pasó, y se ha usado, inclusive en su momento de manera indiscriminada, porque no atendía una necesidad particular. El resultado de eso es que cinco millones de peruanos se han quedado sin fondos en sus cuentas. Debemos buscar cómo recuperamos ese fondo de pensiones. Soluciones de corto plazo, de retiros, no aportan a la construcción de un sistema financiero y, en general, a generar más ahorro para la jubilación.

—¿Veremos el inicio de la reforma este año?

La reforma de pensiones es un tópico que siempre está en la agenda política económica de los últimos 20 años, porque es una preocupación, y uno lo ve a través del número de propuestas de ley que hay para reformar. Pero los retiros indiscriminados de los fondos de pensiones no abonan al objetivo que deberíamos tener, generar una mayor cobertura. Sin embargo, la reforma del sistema de pensiones tiene una alta sensibilidad política y social. Entonces, si no logramos consensos entre el Poder Ejecutivo, entre el Poder Legislativo, entre los aportantes, lo único que vamos a lograr son soluciones que, en el tiempo, no van a ser viables o van a ser inestables […] El sistema de pensiones de Perú está sobre diagnosticado. El tema es ponernos de acuerdo en cuáles son las medidas que apuntan a la ampliación de la cobertura y, sobre todo, generar una pensión mejor para los jubilados.

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Entiendo, entonces, que las prioridades en este momento están concentradas en inversión pública y privada. Y, retomando el tema de la inversión pública, esta presenta un decrecimiento desde hace cinco meses. La situación según las cifras es difícil, y la gestión [de la inversión pública], aún más. Ayer [jueves] el MEF anunció avances respecto a Obras por Impuestos (OxI), ¿se está trabajando en algo más? El Plan Nacional de Infraestructura (PNIC), por ejemplo, se va a actualizar en julio de este año. ¿Podría adelantarnos algunos de los principales cambios?

Empecemos por la ejecución de la inversión pública. Sí, efectivamente, cuando uno compara el avance de este año con el del año pasado, resultan cifras negativas. Pero a nivel de todo el año, vamos a tener un crecimiento superior al 20% en los montos asignados para la inversión pública este año. Lo que sucede es que en la programación que se hizo el año pasado, se pusieron metas muy bajas […] Pero luego, estas metas que se fijaron muy bajas para el primer trimestre, comienzan a subir en términos de ejecución para los siguientes trimestres. Por ejemplo, para julio vamos a tener un pico de cerca de 100% más de inversión pública con respecto a julio del año pasado. Entonces, el resultado lo vamos a ver a lo largo del segundo trimestre, vamos a comenzar a ver crecimientos […].

Los que hicieron la programación, ante el temor de una subejecución o de no cumplir con las metas, se pusieron metas bajas para el primer trimestre. Pero, esto se va a revertir, y no solamente por el hecho de que estadísticamente o contablemente está programado así, sino por el acompañamiento y el seguimiento que estamos haciendo como Ministerio de Economía en la ejecución. Todas las semanas estamos haciendo un seguimiento para ver qué está pasando con cada sector, para apoyarlos, capacitarlos, explicarles cuáles son los pasos para seguir cumpliendo con esas metas. Si continuamos, vamos a tener una inversión pública mayor en 20% -por lo menos respecto- a la del año pasado.

Y sobre el PNIC, efectivamente estamos relanzándolo y vamos a incorporar un enfoque adicional sostenible que involucra aspectos sociales, institucionales, medioambientales. Vamos a relanzarlo más o menos en el segundo trimestre de este año. Pero más allá del relanzamiento, tenemos que ponernos metas de avance.

—¿Se incorporarán otros proyectos?

Vamos a incorporar algunos proyectos.

—Entiendo que se hará un seguimiento más profundo y recurrente desde el Gobierno Central, ¿será eso suficiente para mejorar la ejecución y la calidad de la inversión pública?

Sí, hay varios proyectos que estamos impulsando. Seguir con las reglas actuales sería esperar los mismos resultados y los resultados en los últimos años no han sido del todo satisfactorios. En el marco de la delegación de facultades, estamos revisando las OxI. Vamos a ampliar no solamente sus fuentes de financiación, sino también los usos que se pueden dar incorporando IOARR (inversiones de baja complejidad técnica y riesgo acotado), por ejemplo, para tener una mayor ejecución de estos recursos.

—Los gobiernos regionales no tienen suficientes incentivos para intensificar el uso de las OxI.

Hay varios aspectos. Uno va por el lado de qué tipo de proyectos se pueden financiar. No necesariamente tienen que ser proyectos grandes, pueden ser obras de IOARR. Y, [por otro lado] las fuentes [de financiamiento]. Podemos incorporar recursos que hoy día no se utilizan como el canon.

Tenemos también la revisión de la legislación de las Alianzas Público Privadas (APP). Hemos identificado los procesos que son largos y que, sobre todo, se traban no solamente en el proceso previo a la adjudicación, sino también en el proceso de ejecución. Estamos trabajando también en una propuesta para solucionar el tema de las obras paralizadas. Ese un tema muy importante que nos ha afectado, sobre todo, la gestión de la inversión. Tenemos obras que tienen años en las cuales se ha avanzado y si es que no se continúan, se comienzan a deteriorar.

Hay que fortalecer el crecimiento. Crecer a 3,5% no es suficiente si queremos lograr mejoras en nuestros indicadores de bienestar ciudadano. Tenemos que crecer a tasas arriba del 5% si realmente queremos mejorar de manera sostenida como sociedad. Pero eso no se logra simplemente con los mecanismos que he mencionado. Tenemos que impulsar el tema de la mejora en la competitividad, vamos a retomar el Plan Nacional de Competitividad. Por la pandemia, hay varios objetivos que se tienen que ajustar. En algunos [puntos] hubo un avance parcial y ese es uno de nuestros objetivos.

En segundo lugar, el tema de la diversificación productiva. Tenemos identificados tres sectores fundamentales: acuicultura, turismo y forestal. Esto pasa por el enfoque de políticas sectoriales, similar al éxito que hemos tenido en minería y en agroexportación.

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—Son muchos los especialistas y economistas los que mencionan que no estamos aprovechando el superciclo minero de los precios. La inversión minera y no minera preocupan, como lo dijo el señor [Julio] Velarde hace una semana. Un tema que ha quedado por resolver en este sector es el marco tributario minero, ¿se va a insistir en ello?

Estamos haciendo una revisión general para mejorar el sistema tributario de nuestro país. Tenemos una recaudación que no va de la mano con los niveles de ingreso que tenemos como país. Somos de los países que tiene menores presiones tributarias y eso se tiene que trabajar en dos frentes. Uno, es la ampliación de la base [tributaria], y otro, los mecanismos que permitan el combate a la elusión y evasión. Para eso hemos sacado una serie de decretos legislativos, en el marco de la delegación de facultades que nos dio el Congreso, facilitando, por ejemplo, trámites, obligando a que la bancarización se haga con montos a partir de los S/2 mil –antes eran S/3.500-. Eso se tiene que complementar con una revisión de las tasas impositivas.

En el caso de las tasas impositivas, tenemos que tener mucho cuidado para no afectar la competitividad, y eso tiene que hacerse en un diálogo permanente coordinado con el Congreso.

—Entiendo, entonces, que no se va a continuar impulsando un nuevo marco tributario minero.

Cualquier evaluación o propuesta que hagamos requiere de una evaluación muy cuidadosa para no afectar la competitividad […] Solamente subir impuestos no mejora la recaudación, tenemos que ver cómo solucionamos los problemas del sector. El sector tiene ahora un problema de conflictividad social. Tenemos que trabajar en un paquete completo que se enfoque en mejorar la recaudación si es factible mientras que no afecte la competitividad, pero sobre todo identificar aquellos factores que están afectando negativamente a la actividad minera. No solamente la actual, sino las inversiones futuras.

—En el marco de la delegación de facultades, también se planteó originalmente la reforma tributaria.

Más que reforma tributaria, yo la llamaría una mejora en el sistema tributario. Hay un aspecto fundamental que hemos identificado, que es el tema del régimen tributario para micro y pequeñas empresas. Es muy complejo y enredado. Lo que se busca es simplificarlo para generar un enfoque de mayor formalización. Es uno de los objetivos que tenemos planteado priorizar en nuestra gestión.

—¿Podríamos comenzar a ver esta mejora este año?

Cualquier cambio en los regímenes de Impuesto a la Renta se aplican para el año siguiente, salvo el minero que se puede hacer ajustes de manera trimestral. El equipo del MEF viene trabajando en los detalles para tener un planteamiento que, como repito, tiene que ser coordinado cercanamente con el Congreso.

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—¿Se pedirán más facultades?

Por el momento [...] no tenemos proyectado una solicitud de delegación de facultades.

—En el corto plazo y en el marco de las facultades aprobadas, ¿en qué se está trabajando? Entiendo que un proyecto busca que las entidades financieras adopten el [marco regulatorio] Basilea III.

Tenemos varios proyectos. Uno busca flexibilizar, disminuir la litigiosidad de los procesos de operaciones o requerimientos tributarios. Tenemos algunos más que van en ese sentido, hacer más transparente las transacciones tributarias y generar más información.

[Sobre la delegación de facultades relacionada al] sistema financiero, […] es fundamental lo que se va a plantear, y que, además, ya está planteado. Esto se está presentando a votación en el Consejo de Ministros.

La norma recoge tres aspectos. Uno, es el reconocimiento del crecimiento de las operaciones digitales […], operaciones a través de las fintech. Hoy se requiere de una presencialidad, porque es una norma que data de hace más de 25 años -la Ley General del Sistema Financiero-. Lo que [la norma] va a permitir es la existencia de oficinas y operaciones 100% virtuales. Eso va a permitir reducir costos y una mayor competencia en el sistema financiero por el ingreso de iniciativas digitales.

En segundo lugar, está el tema de la flexibilización en la regulación para aquellas entidades que no captan depósitos. Si no captan depósitos, la regulación no tiene que ser tan estricta porque no hay depositantes a los cuales proteger.

Y lo otro, es la adecuación a los estándares de Basilea III. Eso permite generar mayores reservas, capitales, identificar otros riesgos que hacen que haya una mayor protección para el depositante […] Esto puede tomar entre cuatro a cinco años, va a ser un tema gradual. Definitivamente, no puede hacerse de manera inmediata porque puede generar algún tipo de problema para la adecuación, sobre todo en las microfinancieras.

—Seguramente será costoso para las microfinancieras, más que para los bancos.

Es el reconocimiento de que los niveles de patrimonio efectivo van a estar básicamente al mismo nivel de lo que se ha dado. No vamos a tener un cambio traumático, sino sobre todo en el registro y el reporte de este respaldo. No se van [a impulsar] aspectos que podrían generar tensión o estrés para las entidades microfinancieras porque va a ser un proceso de largo plazo. Con esto estamos alineándonos además a los estándares internacionales de mayor confianza y menor riesgo para nuestro sistema financiero.

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—Pasando a otro tema, ¿veremos el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en el primer semestre?

Esa es una decisión que será tomada en el marco del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) y nosotros somos muy respetuosos…

—Pareciera que no [será tomada la decisión en ese fuero]. Ayer [jueves], el CNT sesionó, pero no llegaron a ningún consenso sobre la RMV. Pareciera que el tema está más bien en la cancha del Ejecutivo.

Nosotros somos respetuosos de la instancia […] Para cualquier incremento que se dé en la RMV, hay que hacer una evaluación de todo tipo, y la política es la última que debe primar en esa evaluación. Debe tener una evaluación sobre todo técnica, tiene que haber un consenso. En las actuales circunstancias, hay que considerar que estamos en un proceso de recuperación del empleo formal, hay que incorporar también ese factor al momento de hacer esa evaluación.

—Insisto, ¿veremos un alza –aunque mínima– en el primer semestre?

La opinión del Ministerio de Economía sobre el tema no es vinculante. No podría yo manifestarme, porque no depende del Ministerio de Economía. Nuestra opinión siempre va a ser que esto se dé sin afectar la competitividad, que no genere efectos negativos sobre la creación de empleo.

—Si es que se les pide opinión al Ministerio de Economía, esta sería la posición del ministerio.

Tendríamos que evaluar cuánto es el monto del incremento que se quiere dar, en qué plazo se quiere dar, cómo se quiere dar.

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—Hay otro tema en el Congreso, los S/42 mil millones relacionados a la devolución del FONAVI. ¿El Ejecutivo decidirá recurrir al Tribunal Constitucional (TC)?

Ya existe una demanda de inconstitucionalidad sobre la norma anterior. La diferencia entre la norma actual y la anterior es que la anterior incorporaba además el doble ajuste por inflación y la tasa de interés legal, con lo cual salía una cifra impagable. En este caso solamente se ha retirado la actualización por inflación, pero se insiste en la devolución a los fonavistas del aporte de los empleadores y del Estado, y eso es un tema que a nuestro parecer no corresponde. El Gobierno ha presentado una propuesta. Lamentamos que no haya sido discutida y revisada por el Congreso en la Comisión de Economía.

—Aún.

Aún, claro. En la Comisión de Economía no fue revisada […] Instamos a que sea revisada. Esta propuesta reconoce el justo derecho de los fonavistas a recuperar los aportes que han hecho con la incorporación del ajuste por la tasa de interés. Además, nosotros proponemos una devolución inmediata […] Tenemos más de S/1.600 millones que pueden ser -con un nuevo ajuste y considerando los aportes que se han hecho- devueltos inmediatamente. [La devolución], en promedio, podría ser de S/420. Esto generaría una devolución inmediata a cuenta. Si después se acredita de que se ha pagado más, se tendrá que devolver. La diferencia entre los S/6.600 [millones] que se tiene calculado en la devolución -incluida la actualización- y los S/42 mil millones...Estamos hablando de casi 5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Eso en el corto plazo es impagable.

—Entonces, sí se iría al TC de aprobarse en el Pleno.

Ya estamos en el TC. Nuestro llamado es que el TC le dé prioridad a la atención sobre esta demanda que hemos presentado, desde mayo del año pasado.

—¿Se van revisar o replantear las exoneraciones tributarias?

No forma parte de la evaluación en este momento una revisión de las exoneraciones tributarias.

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—¿Se insistirá con el tema de las salvaguardias [en el sector textil]?

El tema de las salvaguardias tiene un procedimiento. Como ministro de Economía no puedo adelantar una opinión, tiene que pasar por un informe previo del INDECOPI, después tiene que ser votado por un comité donde participamos el Ministerio de la Producción, nosotros y el Ministerio de Comercio Exterior. En su momento, en función a la información que tengamos, vamos a tomar una decisión sobre su aplicación.

—El mandato de la señora [Socorro] Heysen está ya vencido. ¿Se le solicitará su permanencia o se está pensando ya en un sucesor?

Sí, hemos tenido conversaciones con la con la superintendenta de Banca y Seguro. Estamos evaluando las propuestas, que tienen que ser evaluadas por el presidente, para ver el reemplazo de la superintendenta de Banca y Seguros. Ella ha accedido a continuar en la gestión para darle continuidad, sobre todo a los procesos que están en marcha en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

—¿Se tiene una fecha?

No, ya la evaluación está en curso, ya será decisión del presidente en qué momento se evalúa a quiénes son los candidatos para suceder a la superintendenta Heysen.

—¿Le preocupa la inflación?

La política monetaria es la encargada de la estabilidad de precios. De acuerdo al anuncio que ha hecho ayer [el BCR], la inflación volverá a rango meta a partir del próximo año. Hay factores externos que están complicando, y el Banco Central está tomando las medidas que corresponden a la política monetaria. Gran parte de lo que está generando este proceso es el conflicto en Ucrania, y esperamos que eso se solucione rápidamente.

—¿Cuándo publicarán nuevas proyecciones?

Estamos evaluando, justamente, hacer la propuesta de la ley. [Dado el] retorno a las reglas fiscales, vamos a tener que hacer un ajuste en las proyecciones. En las próximas semanas vamos a tener una nueva proyección.

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—¿Demoró mucho el MEF en presentar los proyectos para el retorno a las reglas fiscales?

[Sonríe] Es parte de la evaluación que hacemos para ver el momento adecuado. Hemos tenido una reunión hace dos semanas con el Consejo Fiscal. Designamos al consejero…

—El señor Waldo Mendoza.

Exacto, sí, y que además ha sido antes presidente del Consejo Fiscal y es exministro de Economía. Lo que queremos es mantener un Consejo Fiscal independiente con una credibilidad, pero tenemos que acercar las coordinaciones, hacerlas más continuas con el Consejo Fiscal. Finalmente ellos son, de cierta forma, nuestros auditores.

—El Congreso está buscando modificar la elección de los miembros del Consejo Fiscal.

Se está pidiendo al FMI una revisión de las mejores prácticas tomando la experiencia internacional para ver qué mejoras se pueden hacer. De repente, en un ánimo de querer fortalecerlo sería bueno tomar primero las experiencias internacionales, las recomendaciones de organismos multilaterales que nos pueden dar una mejor visión de qué aspectos se pueden mejorar. Pero hay que tener mucho cuidado de no politizar el Consejo Fiscal, porque en la medida que se politice, pierde su principal activo que es tener credibilidad.

—Para terminar, ¿se hará público finalmente el tan esperado informe del FMI?

Es decisión del FMI. No depende de nosotros la publicación del informe.

Para terminar, quería comentar que el gran legado de este gobierno puede ser dejar al país como miembro de la OCDE y -a manera de resumen-, respecto a los objetivos prioritarios del Ministerio de Economía, habíamos hablado de la reactivación, el fomento de la inversión privada y la generación de empleo como la mejor forma para la reducción permanente de la pobreza. En segundo lugar, el retorno a la agenda de competitividad, lo cual nos va a permitir generar un crecimiento de nuestro producto potencial. En tercer lugar, la diversificación productiva, políticas sectoriales que se enfoquen en el desarrollo de los sectores forestal, acuícola y turismo. Otro tema importante es la inclusión financiera […] Hoy, solamente cuatro de cada diez peruanos tienen acceso a una cuenta bancaria. El resto no tiene acceso para transferir su dinero, ahorrar, acceder a un crédito. Esto reduce la capacidad de crecimiento y de acceso a una mejora de bienestar para los ciudadanos.

Estamos implementando la política nacional de inclusión financiera, y para eso tenemos un plan estratégico que ya ha sido aprobado y que tiene una serie de medidas que vamos a coordinar […] Por ejemplo, ahora que están en pleno desarrollo las operaciones digitales, tenemos que tener el apoyo del [ministerio de] Transportes y Comunicaciones para tener la red de cobertura de internet para llegar a más ciudadanos.

Tenemos que trabajar también con el Banco de la Nación a través de sus cuentas DNI. Este año vamos a terminar con cerca de 10 millones de cuentas DNI. [Además, tenemos que trabajar] con el Ministerio de Educación, porque [hay que] incorporar en los planes de estudio conceptos de educación financiera.

Como ya había mencionado, [buscamos] la mejora en el sistema tributario basada en la ampliación de la base [tributaria] y cuidando no afectar la competitividad.

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