Pensiones, AFP y reforma previsional: ¿Qué proponen los candidatos y en qué se equivocan?

Estos objetivos, que fueron promesas de la campaña congresal de enero del 2020, se repiten hoy: los candidatos a la presidencia embanderan medidas controversiales que aplicarían para mejorar las pensiones en el Perú.

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Las propuestas

El plan de gobierno de Acción Popular elabora un análisis sobre el actual sistema previsional y concluye en la necesidad de establecer una pensión universal a todos los ciudadanos peruanos, la misma que, sin perjuicio del ahorro individual, “se financiaría con impuestos”. Pese al enunciado, el documento no desarrolla cuál sería la estrategia desde el campo tributario.

Por su parte, la propuesta de Keiko Fujimori se centra en fomentar la actividad formal de la economía para que, a su vez, esta permita incorporar a informales al sistema previsional. Además, propone “una reingeniería de los sistemas previsionales” que asegure una pensión y en la que “el afiliado tenga acceso total a sus fondos sin perder derecho a una jubilación”.

George Forsyth propone unificar el sistema privado y público. Su plan de gobierno también detalla una cobertura universal a los 65 años, un seguro de longevidad a los 85 años e incrementar la pensión a los jubilados de la Ley 19990, régimen administrado por la ONP.

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En tanto, la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, plantea un enfoque de seguridad social y pensiones de carácter “universal, solidario y público”. Seguidamente, se lee en el plan que otro objetivo es la “garantía pública de la seguridad social y eliminación de las AFP”. Fue Mendoza quien, en el debate televisivo del último domingo, dijo compartir la postura en contra de las AFP manifestada por Daniel Urresti, pero sí rechazó liberar aportes.

Es Urresti quien afirma que en su eventual gobierno los no aportantes podrán retirar el 100% de la AFP, situación que se repetiría con la ONP. Su plan de gobierno también propone el programa “IGV para todos”, en el que se sugiere un crédito fiscal con el que cada afiliado podrá destinar hasta un 50% a su fondo de pensión.

Finalmente, el plan del candidato Rafael López Aliaga, no menciona el tema previsional; salvo el objetivo de solucionar el problema pensionario en el sector Defensa.

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Camino a seguir

El principal problema que evidencia el sistema es la insuficiente aportación. Solo en la ONP, donde existe la obligación de aportar 20 años, hay 4 millones de afiliados y solo 1,5 millones de aportantes. El resultado final: solo 561.443 reciben pensión, la misma que es cubierta en un 50% por fondos públicos. Por el lado privado, existen 7,8 millones de afiliados y, a diciembre del 2020, solo 3 millones de cotizantes.

Es por eso que para Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, es contraproducente promover una liberación y, a su vez, querer garantizar una pensión. “Debemos generar mayor cantidad de ahorro, focalizando el esfuerzo en los independientes de ingresos medianos y altos que tienen capacidad de contribuir haciéndole la vida más fácil”, asegura. Para ello, considera importante utilizar puntos de contacto en comercios.

En el caso de los que no logren dicha capacidad de ahorro, Prialé sugiere ir más allá de una Pensión 65 y apostar por un capital semilla que se capitalice en el tiempo. Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, advierte que ello implica un análisis de la situación fiscal.

“Lo que hoy ya se recauda está bien acotado y puede que caiga más. Se puede evaluar, sí; pero el Estado no puede solucionar el problema de los hoy jubilados y los que vienen. Se cree que el Estado tiene recursos ilimitados y no es cierto”, aseveró.

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Cabe recordar que el ministro de Economía, Waldo Mendoza, señaló días atrás que mirar al Estado como una solución al problema de suficiencia de pensión sería un error. “El sector público tendría que dejar de hacer todo para dedicarse a los pensionistas. La fuente de un buen sistema de pensiones, sea individual o colectivo, es el ahorro previsional. Si no logramos elevarlo, nuestras discusiones seguirán siendo puramente académicas”, dijo.

Es por ello que para Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, un camino sería cambiar de paradigma; aquel que por años nos lleva a pensar que la pensión se obtiene del mercado de trabajo.

“Un camino posibles es pensar que el derecho a la vejez digna no depende del trabajo en la etapa joven, sino simplemente por ser ciudadano. Ese cambio traería efectos importantes como bajar el costo de la formalidad. Esto que se enuncia fácil, es realmente difícil de concretar”, afirmó.

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