:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/XPKYT2RD7JELNOCY3RSSASP53E.jpg)
CECILIA NIEZEN / @cniezen
La Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi), entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter) creada en el 2012, tiene entre sus funciones garantizar el buen desarrollo de las promociones comerciales, rifas con fines sociales y colectas públicas. Además, puede imponer sanciones a sus impulsores, si estas se desarrollan sin su autorización o no se cumplen.
Según explica un reporte de Apoyo Consultoría, hasta diciembre del 2012, el ente encargado de otorgar permisos a las empresas para las promociones comerciales, como sorteos y concursos que implicaran la entrega de premios, era la Dirección de Gobierno Interior del Mininter. Pero esas funciones pasaron a la Onagi, que ha introducido también a su competencia las promociones comerciales del tipo 2x1, 3x2 o 4x3, bonos o cupones de descuento.
Ello significa que si un establecimiento comercial quisiera ofrecer promociones como “lleve tres paquetes de pañales por el precio de dos”, debe pedir autorización a la Onagi. Y en un país con altos niveles de inseguridad, lo primero que uno se pregunta es qué hace el Ministerio del Interior normando las ofertas de los supermercados y tiendas por departamentos. La respuesta más general es que alguna entidad del Estado debe velar por el cumplimiento de lo ofrecido para evitar estafas.
La medida, sin embargo, ha encendido la alarma de un grupo de empresas del sector ‘retail’ que ya han sido notificadas que deben pedir autorización a la nueva entidad para desplegar sus promociones. Justamente este sector tiene en las promociones un importante motor para sus ventas. Y si bien hay coincidencia en la importancia de proteger al consumidor, los cuestionamientos que surgen son fundamentalmente dos.
El primero, que la Onagi no está facultada para intervenir en este tipo de estrategias comerciales, pues el Indecopi ya tiene competencias sobre el tema; y el segundo, que se incurriría en una sobrerregulación que terminará afectando a empresas y consumidores.
DUPLICIDAD
Sobre el primer punto de preocupación –el que dos entidades del Estado normen sobre un mismo tema (no es la primera vez que ocurre)– solicitamos una entrevista con la Onagi, pero la solicitud no fue atendida.
Indecopi, por su parte, explicó que el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de esta entidad es la autoridad encargada, en forma exclusiva y excluyente, de verificar el cumplimiento de las normas que regulan la publicidad en protección del consumidor.
Asimismo, que la Ley de Represión de la Competencia Desleal establece que la misma comisión es la única autoridad que supervisa y sanciona los actos contrarios a la buena fe empresarial. Por último, que Indecopi es la única autoridad que tiene competencias para supervisar que la publicidad y las promociones de ventas no induzcan a los consumidores a error.
Tal vez por ello, Eduardo Ferreyros, de Cómex, dice que la Onagi estaría entendiendo que en el 2x1 o promociones similares, el segundo producto sería un premio o que el bono es un premio tangible para el consumidor. “La Onagi solo puede autorizar y fiscalizar promociones comerciales que otorguen premios, conforme al Reglamento de Promociones Comerciales. Incluso esto es innecesario, pues el ámbito de protección al consumidor debe verlo Indecopi”, señaló.
CONFUSIÓN
Tras este enredo normativo, existe el mismo objetivo: velar por los consumidores. Sin embargo, lejos de alcanzar la meta, se estaría generando un tremendo caos. Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), sostiene que la situación incrementa el nivel de desconcierto de los consumidores en relación con las normas aplicables sobre publicidad, pues tendrían que recurrir no solo a las normas actuales sobre defensa del consumidor, sino también a las normas que invoca el Mininter.
Cáceres señala que si bien la entidad que representa ha recibido denuncias por las promociones en supermercados (por ejemplo, usuarios que al llegar a la caja no les hacen el respectivo descuento), la forma de proteger al consumidor tiene que ser diferente. “Indecopi debe ejercer una mayor supervisión sobre este tipo de campañas, así como facilitar la labor de asociaciones de consumidores como Aspec, pues para interponer denuncias uno encuentra muchas restricciones”, dijo.
Otro punto de preocupación es cómo la medida puede afectar la dinámica del comercio. De acuerdo con Fidel La Riva, country manager de Kantar World-panel, las promociones comerciales del tipo 2x1 han sido estrategias fundamentales para abrir mercados. “En el Perú, en los últimos años el canal moderno (supermercados y autoservicios) ha crecido impulsado por la apertura de más tiendas y por las promociones”, señaló. Según la firma que representa, en el 2013 las promociones en el canal moderno crecieron 27%.
Pero más allá de la dinámica económica que las promociones imprimen al sector comercio, La Riva opina que son positivas para que personas con menos recursos accedan a una serie de productos básicos, bajo diferentes esquemas. “Hemos visto casos de familias de niveles socioeconómicos D o E que se unen para acceder a promociones 4x3, compran los productos y luego se distribuyen el costo y productos”, contó.
De otro lado, Apoyo Consultoría señala que los plazos de aprobación de Onagi podrían retrasar las promociones, pues la entidad tendría que fiscalizar un gran número de casos y sus procesos no cuentan con silencio administrativo positivo. En concreto, resulta positivo proteger al consumidor de la publicidad y promociones engañosas, pero también es importante que los consumidores puedan seguir accediendo a diferentes tipos de promociones en beneficio de sus bolsillos. La sobrerregulación y confusión alrededor podrían terminar generando el efecto contrario.
