El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Graham, anunció que el Ejecutivo observará la Ley N°31173 aprobada por el Congreso de la República que autoriza la devolución de aportes a los exfonavistas, por considerarla “inviable”.
“Vamos a observar esta autógrafa, reconociendo el pago inmediato que han aportado los trabajadores, pero el problema es que en la autógrafa se incluyen dos conceptos: el aporte de los empleadores y el aporte del Estado”, señaló el titular del MEF.
Anotó que “son aportes que de incluirse en la devolución generaría un serio inconveniente, un serio desbalance en las finanzas públicas”.
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Lo que plantea el MEF es observar la ley y corregirla con la finalidad de que se devuelvan solo los aportes de los trabajadores, mas no los aportes de los empleadores y esto reduce el monto de S/42 mil millones a S/6.600 millones, señaló Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas.
A ello, habría que restarle lo que ya se pagó en el pasado, que asciende a aproximadamente S/1.300 millones. Del resultado, probablemente la mitad corresponda a los fondos de liquidación del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que, gradualmente en los próximos cuatro años, puedan llegar a S/2 mil millones, afirmó Castilla.
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Según Carlos Casas, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, observar la ley es el camino adecuado ya que pagar lo que contempla la autógrafa acabaría con los pocos ahorros que se están tratando de reconstruir y que se perdieron en el 2020. Considerar el monto de la norma aprobada por el Congreso podría comprometer la situación fiscal en el mediano plazo.
Alonso Segura, también extitular de Economía y Finanzas, agregó que lo aprobado por el Congreso no solo es irresponsable sino inconstitucional, ya que el Legislativo desconoció el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre las características del pago, y ha incorporado conceptos de devolución y mecanismos de actualización que no corresponden.
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“Esa ley, eventualmente, debe ser declarada inconstitucional. Hace bien el Ejecutivo en observarla y el Congreso, en lugar de aprobarla por insistencia como han anunciado, debe tomar el proyecto del Ejecutivo que presumo va a ceñirse estrictamente a lo que mandó el TC, y lo que vaya a pagarse se ajuste a ello y a la disponibilidad de la caja pública”, señaló Segura.
Devolución
Para Castilla, el tema central es que no se puede crear el precedente de que el Congreso apruebe leyes que involucren iniciativas de gasto. Por ello, dijo, lo que plantea el MEF es una salida más justa que no ocasiona desequilibrios.
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“Una parte recaería en el presupuesto nacional porque el Fonavi no tiene suficientes recursos. En un periodo que el MEF estime, podrían complementarse los recursos propios de liquidación del fondo, que es una entidad que tiene activos y que va recuperando recursos en el tiempo para así destinarlos al pago de los exfonavistas”, dijo.
Castilla aclaró que actualmente no existe disponibilidad de una partida para el pago. Incluso la reserva de contingencia, probablemente, ya esté preasignada a otros usos. De esa manera, salvo que haya un crédito suplementario para financiar la medida, se tendría que evaluar frente a otras necesidades.
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Segura señaló que se debe tener un mecanismo de actualización coherente y tomar en cuenta la hiperinflación, por lo que se debe tener cuidado con la distorsión de las cifras. Además, resaltó los posibles vacíos en los registros completos de los exaportantes.
“El pago ya se ha venido haciendo en función de aquellos que tenían evidencia de haber contribuido, pero hay otro grupo que no tiene esos registros ya sea porque las empresas quebraron o porque no había recursos informáticos. Ahí se genera un problema de cómo se determina qué pagos corresponden”, anotó Segura.
Finalmente, Casas anota que la devolución debe hacerse en proporcionalidad de lo que cada uno ha aportado y si se demuestra cuánto han sido los aportes de cada persona, esto debe respetarse para tener equidad.
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