Luego de cuatro años, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió una declaración sobre competencias y responsabilidades en el proceso de arbitraje que sigue el consorcio Metro de Lima en contra del Estado Peruano por el proyecto Línea 2.
En el documento, el organismo internacional determina que sí hubo demora en la entrega de los terrenos necesarios para la construcción del proyecto; responsabilidad que atribuye al Gobierno de Perú.
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El concesionario había alegado en el 2017 que el área de concesión no se había presentado en los plazos y condiciones establecidos en el contrato, y los estudios de ingeniería también se habían recibido con retraso.
En comunicación a El Comercio, la Comisión Especial del Sistema de Coordinación y Repuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión – SICRECI señaló que la decisión del CIADI no constituye un laudo arbitral. “El Estado peruano se encuentra examinando la decisión con sus abogados externos, pero se puede informar que el Tribunal ha desestimado ciertos reclamos presentados por el Concesionario”, señala.
El consorcio presentó la demanda en la que la solicitaba la ampliación del plazo de ejecución del proyecto y reclamaba una indemnización por daños y perjuicios superior a los US$ 700 millones.
El Estado también tomó cartas en el asunto y formuló una demanda reconvencional contra la referida compañía para reclamar US$ 700 millones por los daños socioeconómicos y ambientales causados por la demora del proyecto.
Perú celebró un contrato de concesión para la ejecución del proyecto Línea 2 del Metro de Lima en el 2014.
Se tiene previsto que la obra se extienda desde el oeste hacia el este de Lima Metropolitana, con lo que atravesará aproximadamente 27 kilómetros de vía en un total de 27 estaciones.
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