La minería ilegal se ha convertido en una severa y creciente problemática en el Perú. Producto de ello, por ejemplo, en los últimos dos años 16 colaboradores de la minera Poderosa en Pataz (La Libertad) han perdido la vida y 15 torres de alta tensión han sido derribadas. Este grave problema no es reciente ni exclusivo de un territorio, se extiende a lo largo del país, principalmente en la Amazonía y en zonas de frontera. La falta de acciones oportunas de las autoridades sobre esta actividad tiene consecuencias importantes sobre la ciudadanía y la economía nacional. Por ello, el IPE presentará próximamente el estudio “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur”.
Expansión
La rápida expansión de esta actividad ilícita ha respondido, por un lado, al incremento en el precio internacional de metales como el oro y el cobre. Por ejemplo, el precio del oro por gramo se ha multiplicado siete veces desde 2000, superando los US$63 en 2023. Ello ha impulsado un incremento de la misma dimensión en la exportación de oro ilegal en el Perú, que alcanzó las 77 toneladas en 2023 (US$ 4.833 millones) y representa el 44% de las exportaciones totales de oro, según cálculos del IPE. Ante la expectativa de que el precio del oro continue subiendo, se espera que la producción ilegal lo haga también.
Por otro lado, la debilidad institucional y la falta de coordinación internacional han dificultado la lucha contra esta actividad que se extiende en zonas de frontera y de difícil acceso. En el caso de Perú, la debilidad institucional se ha visto agravada en los últimos años por la elevada rotación de ministros del Interior: desde julio de 2021, se han nombrado 13. Es decir, apenas logran cumplir en promedio dos meses en el cargo, nueve veces menos que durante los 20 años previos (18 meses, en promedio). Los continuos cambios en esta cartera han dificultado la continuidad de las políticas destinadas a erradicar esta actividad.
Ilegal: Opera en zonas prohibidas sin los permisos y licencias necesarios, y no se encuentra inscrito en el REINFO. Es un delito y está penado con cárcel.
Informal: No cuenta con todas las autorizaciones, no se lleva a cabo en zonas prohibidas y está inscrita en el REINFO.
Perú: epicentro de la minería ilegal
En este contexto, Perú destaca como el epicentro de la minería ilegal en la región. Según estima el IPE, el 44% del oro ilegal que exporta Sudamérica proviene de Perú, superando largamente a Colombia (25%) y Bolivia (12%). En ese sentido, las exportaciones auríferas ilegales de Perú superan las exportaciones de oro legal de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela en conjunto.
Con la expansión de la actividad minera ilegal en el país, los destinos de exportación del oro producido también se diversificaron. De todo el oro exportado desde Sudamérica (legal e ilegal), una proporción cada vez menor se destina a Estados Unidos y Suiza, dirigiéndose en mayor proporción a India y Emiratos Árabes Unidos, que multiplicaron 8 veces su participación. En ese sentido, según un estudio publicado por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa de Estados Unidos (C4ADS, por sus siglas en inglés), desde 2017 un número cada vez más grande de empresas comercializadoras de oro ilegal peruano habría dirigido sus exportaciones a esos destinos para su refinación.
Coordinación regional
La minería ilegal encuentra espacios para continuar creciendo mediante el contrabando de insumos químicos. Por ello, el combate a esta actividad requiere altos niveles de coordinación, especialmente entre países vecinos. Así, por ejemplo, hace una década el Perú endureció los controles sobre insumos químicos restringidos que son clave para la minería ilegal tales como el mercurio. Sin embargo, ante el débil control de Bolivia sobre la comercialización de estos, el contrabando desde ese país cobró mayor relevancia.
Los buenos vientos externos de los precios de los minerales deberían gatillar un nuevo ciclo de inversiones en el sector generando más empleo, crecimiento, ingresos fiscales y reducción de la pobreza. Sin embargo, favorecerían también un incremento de la actividad ilegal. Sin un liderazgo claro y una estrategia intersectorial y transfronteriza con indicadores concretos contra la minería ilegal, los perjuicios que esta ocasiona sobre la ciudadanía se expandirán también.