![José Williams Zapata, presidente del Congreso: “Se debe ver si hay un punto de encuentro con la izquierda [para la Mesa Directiva]](https://elcomercio.pe/resizer/v2/https%3A%2F%2Fcdn.jwplayer.com%2Fv2%2Fmedia%2Fqs1dzIBB%2Fposter.jpg?auth=05b3cbae97d019db9df4ab412843ff24132481b6fb343b9346f4d0cfa909c57d&width=580&height=326&quality=75&smart=true)
Conforme a los criterios de
Entre gallos y medianoche el Congreso de la República aprobó varias polémicas medidas antes del cierre de su segunda legislatura ordinaria.
Es el caso de las leyes que crean nuevas universidades y, también, el de una norma que ha pasado desapercibido para el ojo público debido a su apresurada aprobación en la madrugada del viernes 23 de junio.
MIRA: El gas natural debe llegar a las regiones en condiciones similares
Hablamos de un texto incluido a último momento en el proyecto de ley 679 (Ley de masificación del gas natural), el cual interpone una barrera para el despliegue de dicho proceso en las regiones, a decir de los especialistas consultados para este informe.
Se trata de una modificación que “complica bastante la masificación porque obliga a hacer ajustes adicionales para llevar el gas a más peruanos”, advierte Amadeo Arrarte, socio y country manager de Calden Consultoría. ¿En qué consiste dicha modificación?
Renato Lazo, director de Energía ConTacto, explica que el texto incluido a último momento modifica varios artículos del proyecto de ley 679 pero, especialmente, el artículo 8 referido a la creación del ‘mecanismo de compensación para el acceso descentralizado al gas natural’ o tarifa nivelada.
Es decir, el mecanismo diseñado para nivelar las costosas tarifas de gas natural que rigen para el sur y el norte del país, de tal manera que se iguales a las de las de Lima (70% más baratas en el caso del sector residencial).
El pleno del Congreso aprobó entre gallos y medianoche la inclusión de un texto sustitutorio en la ley de masificación del gas natural, el cual debilita este proceso en las regiones. (Foto: GEC)
A este fin, el texto primigenio proponía aplicar el ‘mecanismo de compensación’ a todos los usuarios regulados del sector gas natural, esto es, a los clientes residenciales, comerciales e industriales con consumos no mayores a 900 mil m3 de gas por mes.
Por el contrario, el texto sustitutorio limita este beneficio a los usuarios regulados “que no superen los 50 mil m3/mes”, es decir, “a los hogares, comercios y alguna que otra pequeña industria”, anota Arrarte.
El problema con esto, explica Lazo, es que niega a las industrias del sur y el norte del país la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con las de Lima, las cuales tienen acceso, desde hace 18 años, a un energético más barato, como lo es el gas natural de Camisea.
Pero no solamente eso. El límite impuesto por el Congreso niega también “la posibilidad de que el fondo (de compensación) pueda extenderse a más zonas y a mayor cantidad de casas”, agrega Lazo.
Y es que una lección aprendida del proceso de masificación es que este solo es exitoso en los lugares donde se consumen grandes volúmenes de gas, de donde nacen las economías de escala que abaratan las tarifas y los costos para la construcción de redes.
Es el caso de Lima, región que absorbe el 94% de la demanda nacional de gas con tarifas bastante económicas debido, no a su ínfimo consumo residencial (25 millones de pies cúbicos diarios o mmpcd , sino a su potente consumo industrial (169 mmpcd) y de generación eléctrica (419 mmpcd).
Las industrias y plantas eléctricas son los mayores consumidores de gas natural y los propiciadores de las economías de escala que abaratan los tarifas y los costos para la construcción de redes de gas. En la foto: la central termoeléctrica Fenix en Chilca.
/ PETER-ROSALESOTRAS MODIFICACIONES
Erick García, ex director general de hidrocarburos, apunta que la modificación introducida por el Congreso limita, pero no detiene la masificación del gas natural, pues se pueden hacer correcciones sobre la marcha.
Esto, en el entendido de que la presidenta Dina Boluarte promulgue el proyecto de ley modificado por el Congreso o que este lo apruebe por insistencia.
De acuerdo a García, más preocupante son otras modificaciones introducidas en la madrugada del 23 de junio, como aquella que otorga a Osinergmin la potestad de implementar el mecanismo de compensación a “efectos de garantizar las inversiones, promover la eficiencia económica y proteger a los usuarios”.
“El problema es que le han dado a Osinergmin el rol de validar la eficiencia del programa, cuando el tema es que el cierre de brechas no es un asunto de eficiencia sino un costo social”, señala García.
Añade que, igual de preocupante, son las modificaciones que afectan a la agencia de inventarios de hidrocarburos propuesta por el proyecto de ley 679, porque “quita todos los terminales de combustibles que opera Petro-Perú para la agencia”.
