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La inseguridad ha ido creciendo en nuestro país y hoy, la enfrentamos todos los peruanos. Y es que se trata de una problemática que impacta negativamente en el desarrollo de nuestras actividades diarias y también, en el crecimiento económico, generando costos para las personas y las empresas. Día1 reúne en esta entrega el análisis de diversas organizaciones, gremios, empresarios y autoridades en aras de graficar la magnitud del problema.
El avance del secuestro y la extorsión
Si bien nuestro país es escenario de diferentes delitos, en los últimos años los robos a negocios, el secuestro y la extorsión han elevado el número de sus víctimas, según el análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC), en base a información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Solo los casos de robo a negocio crecieron 225% entre el 2022 al 2024, afectando a 195.371 víctimas adicionales. En el mismo periodo, los secuestros y la extorsión crecieron 50%, pasando de 0,2% a 0,3%, lo que equivale a 21.708 personas más afectadas por estos delitos. Estos datos solo demuestran que el escenario actual es peor que el que teníamos hace cinco años. “A junio, la tasa de delincuencia ha crecido en 21% entre el 2022 y el 2024, y actualmente supera los niveles de delincuencia prepandemia”, informa el CPC a Dia1.
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Y ante la falta de policías y acciones efectivas de las autoridades, no solo los ciudadanos, sino también las empresas incurren en gastos para su protección, detalla el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Las empresas de comercio destinan el 3,1% de sus ventas anuales para protegerse contra la inseguridad. Por su lado, las empresas de transportes destinan el 9,6 %de sus ventas anuales a dicho fin, y las de construcción 4,3 %. Las medianas y grandes empresas registran ingresos anuales por encima de los S/ 8′755.000 (1.700 UIT), por lo su gasto promedio en seguridad asciende aproximadamente S/ 490.280 al año, de acuerdo al IPE.
Incluso, en la Encuesta de Opinión Industrial elaborada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el 45% de los empresarios industriales consultados reconocieron haber incrementado sus gastos en seguridad al adquirir equipos de videovigilancia, mayor contratación de personal, alarmas, ciberseguridad, entre otros implementos.
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PBI perdido por la extorsión
Según el CPC, el costo económico asociado a la extorsión y el cobro de cupos representa el 2,8 % del PBI naciona. “Aplicando este porcentaje a los datos del 2023, el costo económico asociado a la extorsión y el cobro de cupos representa S/30.000 millones anuales”, detalla.
Si hacemos ‘zoom’ a los negocios más pequeños como son las bodegas, en Lima Metropolitana son 2.735 los locales extorsionados, entre enero y julio de este año. Además, 4.164 de este tipo de negocios han pagado cupos en el mismo periodo, según la Asociación de Bodegueros del Perú. La delincuencia se concentra en Lima Este, San Juan de Lurigancho, Chosica, Ate y Santa Anita, principalmente.
Otro rubro víctima de la inseguridad ciudadana es el textil. En el Emporio Comercial de Gamarra las bandas extorsivas han lotizado las calles para cobrar cupos a los ambulantes, y también, por el uso de los estacionamientos para los vehículos.
Las bandas se concentran en el damero B y C del Emporio, cuyas calles son más concurridas por estar cerca de paraderos de las avenidas Aviación, México, Parinacochas, entre otras. Si un ambulante quiere vender en la calle, paga una cuota de ingreso de S/ 10.000 y, adicionalmente, un cupo diario de S/ 10 hasta S/ 100, según la ubicación.
“Son un total de 8.000 los comerciantes informales que ocupan las calles, quienes no tributan y le deben al Estado S/ 1.500 millones en impuestos anuales”, dice Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.
Los robos comunes a los comerciantes son comunes en Mesa Redonda, desde los pagos con billetes falsos, los tenderos -que guardan la mercadería bajo su ropa-, los que roban a los estribadores y quienes llevan “yape falso”, cuenta Alberto Cieza, presidente de la Asociación de Empresarios del Mega Centro de Mesa Redonda.
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Los comerciantes del Mega Centro no han sido ajenos a la extorsión por parte del Tren de Aragua y el crimen organizado, en la modalidad de extorsión de los módulos que se encuentran en la vía pública y con llamadas a los empresarios, agrega Cieza. Y esto viene en incremento desde el 2019.
Hasta ese año, se contabilizaban 19 mil licencias, 40 mil empleados en las 420 tiendas de las 87 galerías que recorren las 42 cuadras de Mesa Redonda. Por ello, según Cieza, si el centro dejara de trabajar un día, se tendrían pérdidas por alrededor de US$ 35 millones.
Pero no es el único delito que aqueja al país. La minería ilegal y el narcotráfico se extienden en el territorio peruano desde hace varios años. La primera afecta a 21 regiones y genera costos de US$ 6.000 millones, mientras que la segunda genera costos por US$ 8.500 millones, según información de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
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Presupuesto público para la lucha contra la inseguridad
Aunque el Gobierno incrementó el presupuesto destinado a orden interno, se trata de un alza de 9% respecto al 2019. Con este presupuesto, se calcula que por persona, el Estado invierte en orden interno, en promedio, S/ 282. Es importante resaltar que la inseguridad al 2023 aumentó en las regiones con mayor presupuesto para tratar este problema como Lima, Callao, Tacna, entre otras, explica el CPC.
Además, del 100 % de delincuentes detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP), solo el 5 % termina en las cárceles. A esto se suma que los centros penitenciarios trabajan hoy por encima de su capacidad. El total de personas privadas de su libertad en el país asciende a 94.820, cuando nuestra infraestructura penitenciaria tiene solo capacidad para 41.000, advierte Confiep con respecto a datos recogidos a enero de este año.
¿En dónde fallamos? Según el gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo, el principal problema es la gestión del Ejecutivo, pues no puede diseñar, desarrollar e implementar políticas para controlar la inseguridad. Además, asegura que tampoco es capaz de conseguir la estabilidad política necesaria para dar confianza a los inversionistas.
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Por su parte, David Tuesta, presidente del CPC, considera que las medidas aplicadas por el Gobierno no están dirigidas al control del problema y tampoco se focalizan en las áreas geográficas con más necesidad. “Los recursos aumentaron, pero las estrategias no están funcionando”, expresa.
Con esta situación, es previsible que los negocios, gremios y la ciudadanía en general decidan llevar a cabo medidas de protesta a pesar de las pérdidas económicas que pueden generar dichas paralizaciones. Según la Cámara de Comercio de Lima, un paro ocasiona pérdidas de S/ 304 millones en ventas por día en Lima Metropolitana afectando directamente a sectores como restaurantes, hoteles, comercio y transporte.
