La llegada de la pandemia terminó por desnudar las falencias de nuestro sistema de salud. De eso no caben dudas. Frente a una realidad que hoy se traduce en miles de muertos y decenas de personas esperando por una atención decente, las promesas electorales para un sector que reclama a gritos cambios y reformas urgentes no se han hecho esperar.
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Desde Juntos por el Perú (JP), Alianza por el Progreso (APP) y Fuerza Popular (FP) apuntan hacia la universalización del servicio, pero mientras el partido liderado por Verónica Mendoza promete elevar hasta 6% del PBI el presupuesto hacia este sector, Keiko Fujimori tiene la meta de llegar a 10%, incrementando un punto porcentual por año.
En el caso de César Acuña, el líder de APP, plantea la “revolución del estado de bienestar”. Para ello, propone aumentar la eficiencia del sistema de salud mediante una reforma que integre EPS y EsSalud. Pero, también plantea la creación de una empresa pública de aseguramiento de salud llamada Prosalud, una especie de “gran compañía de seguros” en la que se unificaría el sistema de salud universal en una sola organización.
¿ADIOS BATA BLANCA?
Sin embargo, a diferencia de la promesa de JP, que apunta a la eliminación de la política de privatización de servicios en los sistemas públicos, en APP proponen integrar la gestión de centros de atención médica, mediante la mejora de la gestión logística y resaltan como caso de éxito los dos hospitales de EsSalud (Alberto Barton y Guillermo Kaelin), que han sido concesionados a empresas privadas a través de asociaciones público – privadas.
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Al respecto, Flor de María Philipps, directora del MBA en Salud de la Escuela de Posgrado de la UPC, considera un error el planteamiento de JP porque existe mucha evidencia disponible –nacional e internacional– que sustenta el impacto positivo de la relación público – privada en la gestión de los establecimientos de salud.
“Los dos hospitales de EsSalud bajo gestión de bata blanca son prueba de ello. Pero, también está el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja que está bajo gestión de bata gris”, menciona al aclarar que nada impide que en el país podamos tener fórmulas mixtas de gestión de los establecimientos de salud, ya sea administrados directamente por el Estado o a través de contratos por asociación público – privada.
“La salud no es un tema ni de públicos ni de privados, es un tema de personas, por tanto, creo que se deben aplicar las mejores estrategias disponibles para facilitar el acceso y la prestación de calidad en servicios de salud. Harían bien en visitar esos hospitales, conversar con los pacientes y con personal de salud y revisar los resultados sanitarios y económicos para que evalúen su propuesta”, señala la exsuperintendente de SuSalud.
REFORMAS A LA VISTA
Pero, más allá de lo que estos tres partidos proponen en sus planes de gobierno, para Flor de María Philipps resulta imprescindible consolidar al Ministerio de Salud (Minsa) como conductor del Sistema Nacional de Salud, debido a que “el país necesita una rectoría sanitaria nacional que lidere la generación de condiciones políticas, financiera y administrativas que permitan lograr los objetivos sanitarios y proteger el derecho humano a la salud”.
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Tal como plantean en JP y FP, que enfocan sus balas en la atención primaria, la especialista sugiere que se construya un primer nivel de atención verdaderamente resolutivo, pero en el caso de Lima Metropolitana, la gestión de estos establecimientos de salud de no deben estar a cargo del Minsa sino de las Unidades de Gestión de Servicios de Salud (Ugipress).
Y, debido a que la pandemia puso de manifiesto –tras el convenio entre Rappi y Unilabs– que el uso de plataformas digitales en salud sí permite mejorar la calidad de la atención sanitaria, Giancarlo Sanguinetti, gerente general y CEO de Unilabs, considera que esa iniciativa se convierte en una innovadora alternativa que aprovecha la tecnología para mejorar los servicios en salud y acercarlos a las personas.
“Ante una realidad como la que vivimos hoy en día, es imperativo ir más allá y desafiar el ‘statu quo’ que define el cómo, dónde y cuándo se puede acceder a los servicios de salud. Estamos seguros que la adopción de plataformas digitales son una oportunidad para mejorar la atención sanitaria que hoy se brinda”, refiere.
En ese sentido y tomado en cuenta que Verónica Mendoza y Keiko Fujimori también coinciden en elevar el presupuesto que hoy se destina al sector salud, la exsuperintendente de SuSalud sostiene que no se trata solo de asignar más recursos financieros porque igual de importante es tener la capacidad para absorberlos y de ejecutarlos.
“El promedio latinoamericano está en 7% del PBI y en el país estamos en 5,2% del PBI. Es una aspiración legítima alcanzar ese promedio. Naturalmente, ese incremento dependerá de factores como la decisión política y la posición de la Caja Fiscal, pero dada la situación económica actual y proyectada, producto de la pandemia, no creo que se pueda pensar razonablemente en incrementos hasta el año 2023”, apunta.
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