El modelo económico no tiene la culpa, por Magali Silva

El 31 de diciembre de 1993 entró en vigencia la Constitución Política del Perú, que establece en su Artículo 58 que “la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

Han transcurrido casi 26 años de aplicar el mismo modelo económico y, en esencia, los resultados de abrir nuestra economía y crear las condiciones para atraer inversiones nos llevaron a crecimientos prolongados nunca antes vistos en nuestra joven república.

►Infraestructura compartida: un reto, por José Luis Bonifaz

►Una realidad incómoda, por José Carlos Saavedra

Ello nos permitió disminuir a la mitad nuestra pobreza monetaria e incorporar a más peruanos en la pujante clase media. Entre 1993 y el 2018, el PBI per cápita real, medido en soles constantes del 2007, creció a una tasa promedio anual de 3,5%.

No obstante, tuvimos en ese período tasas anuales de crecimiento cercanas al 8%, ayudado en parte por buenos precios internacionales y a las que deberíamos retornar urgentemente.

Es indiscutible el rol que tiene la inversión en el crecimiento de una economía y la generación de empleo. Sea pública o privada, la inversión crea valor. En lo que corresponde a la evolución de la inversión pública, observamos que entre 1993 y el 2018, su participación prácticamente se quedó estancada, moviéndose apenas de 4,7% a 4,8% del PBI en esos años.

En cambio, la inversión privada pasó de representar el 12,9% del PBI en 1993 a 16,7% en el 2018. En todo el período, el máximo valor que alcanzó la inversión pública fue de 5,9% del PBI; y la inversión privada, 22,7% del PBI.

Si juntamos ambas, llegamos a una tasa de 28,6% del producto. Suficiente para recobrar la senda de crecimiento que un país como el Perú tiene como potencial, solo si se vuelve permanente.

Volvamos al Artículo 58 de nuestra Constitución. Es al Estado al que le corresponde orientar el desarrollo del país. Y esos números de estancamiento en la inversión pública, además de reflejar la mala calidad y el atraso en el que nos encontramos, nos han llevado a echarle la culpa al modelo económico y a ocultar al verdadero culpable, que se halla en el ámbito de la gestión.

Nos hemos enredado creando normas para corregir las anteriores. Hemos reglamentado absurdamente y a veces en exceso áreas y temas en los que hemos ido ahorcando a las iniciativas privadas.

En otros casos, hemos ido aumentando la discrecionalidad de funcionarios con opiniones divergentes entre sectores o ministerios y en los distintos niveles de gobierno. Por ello, para recobrar nuestra capacidad de crecimiento, necesitamos eliminar esas trabas. Requerimos un Estado que avance en la creación de infraestructura y formación de capital humano.

Otros países salieron adelante con el mismo modelo económico, pero entendieron que el sector público y el sector privado deben trabajar de la mano.