Semáforo contra el COVID-19: ¿La alerta sanitaria regional está bien coordinada?

(Informe IPE - El Comercio)

La semana pasada, el Gobierno anunció la creación de tres niveles de alerta sanitaria por regiones, según los cuales se implementarán restricciones para contener el avance de la segunda ola del COVID-19 en el país.

Esta “semaforización” del riesgo sanitario a nivel territorial es una estrategia que se ha dado en otros países del continente durante el 2020 (ver Infografía) y que tiene como objetivo considerar las heterogeneidades de la propagación del virus en el país y evitar una cuarentena general que golpee fuertemente la economía.

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Actualmente, seis regiones del Perú se ubican en el nivel de alerta moderado –aproximadamente 12% de la población-, trece regiones en el nivel de alerta alto -63% de la población- y siete, en el nivel muy alto -25% de los peruanos-.

El presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que dicha clasificación responde a la evolución de los indicadores sanitarios, así como la fragilidad económica de la región y la presencia de las nuevas variantes de coronavirus.

No obstante, aún no se han precisado todos los indicadores incluidos en el análisis, ni los umbrales -para cada indicador o un índice agregado- que definen el paso de un nivel de alerta a otro. La poca información respecto a la agregación de indicadores puede llevar a cuestionamientos respecto al nivel de alerta asignado para cada región.

En el caso de muertes por COVID-19 ajustadas por población -reportadas por el Ministerio de Salud (MINSA)-, por ejemplo, Moquegua presenta la mayor tasa de mortalidad en el país, con 13.8 fallecidos por cada 100,000 habitantes durante los primeros once días de enero, muy por encima de las regiones que siguen -Madre de Dios, Ica, Áncash y Huánuco- que tienen alrededor de 3.1 fallecidos por cada 100 mil habitantes en el mismo período.

Sin embargo, a pesar de tener una mortalidad mucho mayor que el resto de regiones, Moquegua no está considerada en el nivel muy alto.

Asimismo, uno de los indicadores más relevantes para mitigar los efectos de la pandemia es el nivel de ocupación de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el país. Al 14 de enero, alrededor de la mitad de las regiones del país presentaban una tasa de ocupación de más del 90%, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD).

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Si bien las regiones de Huancavelica, Tumbes y Ucayali registran una ocupación del 100% de sus camas UCI disponibles para pacientes con COVID-19, destaca que las tres regiones se ubican en el nivel de alerta moderado.

Por otra parte, no se detallan aún los indicadores para evaluar la fragilidad económica de las regiones. Las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo (MTPE) muestran que las regiones con mayor caída del empleo formal privado en octubre de 2020 respecto al mismo mes del año anterior fueron Cusco (-19.9%) y Tumbes (-18.8%), ambas regiones en el nivel de alerta alto. En tanto, regiones como Ica (9.4%) y Piura (3.8%), donde el empleo está creciendo, se hallan en el nivel de alerta muy alto.

El anuncio de los niveles de alerta sanitaria es un avance en la estrategia contra la pandemia, debido a que sistematiza las decisiones de política y reconoce el carácter heterogéneo del impacto sanitario y económico según territorios. Sin embargo, ahí quedan espacios de mejora, en línea con lo que han realizado otros países.

Siguientes pasos podrían incluir afinar la unidad territorial categorizada (reducir de regiones a provincias o distritos, por ejemplo), explicar claramente la metodología de categorización, y justificar la eficacia de las restricciones adoptadas.

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