Coronavirus en Perú: ¿Qué se puede hacer para enfrentar su impacto en las empresas y hogares?

El avance del COVID-19 parece ser inminente y el contagio a la economía peruana ya se está dando. En un escenario de contención rápida del virus, José Carlos Saavedra, socio de Apoyo Consultoría, precisa que proyectan que la economía crezca 2,3% este año. Pero si la contención es lenta, su proyección se reduce a 1,5%.

Ante ello, Apoyo plantea diez propuestas económicas de corto plazo que –según estima– generarían un déficit fiscal mayor que el 2% del PBI estimado para este año; una contingencia temporal que estaría justificada en el actual escenario.

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DESDE EL ESTADO

La consultora sugiere que se dé la cooperación del aparato público y el privado para mejorar la atención de salud. “Pensamos que es clave agilizar el Estado”, menciona Saavedra.

David Tuesta, exministro de Economía, opina que para evitar un colapso en el sistema de sanidad el sector público puede implementar un esquema de inteligencia que le permita complementarse con las clínicas, en caso de que sea necesario.

“Si faltan camas, tienen que utilizar las de las clínicas; y los doctores privados tienen que pasar bajo la jerarquía del Estado”, considera.

Asimismo, se recomienda la mejora masiva de servicios sanitarios de colegios, hospitales, postas y universidades públicas a través de contrataciones eficientes.

Sobre este punto, el jueves el Ejecutivo destinó S/100 millones al Minsa para la compra de ambulancias, insumos médicos, contratación de personal; y S/165 millones al Minedu para comprar kits de higiene que se utilicen en las instituciones educativas.

La consultora plantea también que se flexibilicen el teletrabajo, el adelanto de vacaciones, el otorgamiento de licencias y la suspensión de labores en casos críticos. “El objetivo es ayudar a que los costos de los sectores más afectados también disminuyan para que el flujo de caja de las empresas y sus resultados no las obliguen a hacer ajustes grosos en el empleo”, indica.

EN LA CADENA DE PAGOS

Uno de los efectos inmediatos de la expansión del COVID-19 será el deterioro de los ingresos de las empresas, mas no de sus costos. Y con ello, vendrían pérdidas que se podrían traducir en despidos o hasta el cierre de operaciones. “Hay que evitar decididamente que la cadena de pagos se rompa”, recalca Tuesta.

Así, Apoyo propone postergar por seis meses el pago de obligaciones tributarias y de contribuciones sociales (pago a Essalud y AFP), con el fin de aliviar temporalmente el flujo de caja de las empresas del sector turismo (como hoteles o agencias de viaje) y las mipymes de los sectores comercio y servicios.

El exministro de Economía Alfredo Thorne detalla que esto se alinearía al aplazamiento del pago del Impuesto a la Renta 2019 oficializado por la ministra de Economía esta semana.

Otra propuesta es que Cofide establezca una línea de crédito de segundo piso dirigida a las firmas de los sectores más afectados para evitar que el financiamiento se corte cuando más lo necesitan.

Thorne indica que uno de los grandes riesgos de la coyuntura es que los bancos retraigan el crédito. Así, al margen de otorgar líneas de financiamiento que les reduzcan el riesgo a los acreedores, dado “que Cofide no tiene muchos clientes”, considera que “hay que dar estímulo” a los bancos a través de una reducción de tasas a cargo del BCR.

EN LOS BOLSILLOS

Ante el mayor gasto que asumirían los hogares si sufren la enfermedad o ven una reducción de sus ingresos, Apoyo propone que los trabajadores puedan retirar, opcionalmente, la compensación por tiempo de servicios (CTS), con el objetivo de que tengan liquidez.

Thorne advierte que la medida sea de carácter temporal, pues la CTS es el único ahorro que tiene el trabajador en caso de desempleo. Tuesta agrega que podría sumarse el acceso al fondo de pensiones si se requiere de urgencia.

También se plantea la transferencia de S/1.000 a los pacientes diagnosticados con COVID-19 –siempre que sean mayores de 65 años o que se encuentren hospitalizados (el costo fiscal estimado no superaría los S/3 millones)– y de S/500 para todos los pensionistas (ONP, AFP y Pensión 65) en edad de riesgo, a fin de evitar que se expongan a contagiarse. Ello implicaría un gasto fiscal de S/620 millones.

Para Thorne, el bono para jubilados –cuya pensión oscila entre los S/500 y S/893– sería difícil de aplicar, por lo que resultaría más viable un bono enfocado a los infectados, que incluye el grupo de pensionistas.

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