El pleno del Congreso aprobó este jueves, por unanimidad, el dictamen de los proyectos de ley 2942, 3131 y 3541, que modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam.
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La iniciativa recoge las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley aprobada anteriormente.
La norma modifica el párrafo 58.1 del literal e de la Ley 29571, así como incorpora el párrafo 58.3 al artículo 58 de dicha norma.
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Por ejemplo, el documento detalla que están prohibidas las prácticas comerciales donde empleen centros de llamadas (call centers), sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo a consumidor alguno.
Sin embargo, se podrá realizar una excepción del envío de comunicación comercial a aquel consumidor que, por iniciativa propia, se contacte directamente con el proveedor y manifieste su consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco de ser contactado a través de un número telefónico, dirección electrónica o cualquier otro medio análogo de comunicación.
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“Este consentimiento puede ser revocado, con efecto inmediato y sin expresión de causa, en cualquier momento y conforme a la normativa que rige la protección de datos personales. La vulneración a esta prohibición es considerada infracción muy grave”, se precisa.
En esa línea, se precisa que, para garantizar la protección del consumidor contra los métodos comerciales agresivos o engañosos, el Estado establece las reglas para el adecuado uso de envío de mensajes y llamadas en las redes de telecomunicaciones.
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En la disposición complementaria final se indica que el Poder Ejecutivo establecerá la normativa adicional que otorgue la numeración telefónica especial a los proveedores, los métodos de seguridad y las técnicas de validación para que los usuarios puedan identificar las llamadas spam.
La congresista Katy Ugarte (NA) indicó que es importante proteger los datos de los ciudadanos y mejorar la idoneidad del servicio al cliente, ya que actualmente no hay buenas prácticas de los proveedores de servicios de telefonía.
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