La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó esta semana un predictamen para retornar a las autorizaciones previas de las municipalidades para la instalación de antenas.
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Según informó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) con este proyecto de ley se “pone en riesgo el acceso a Internet de la población, con la educación, trabajo y salud en forma remota, además del comercio electrónico, que nos está permitiendo afrontar esta pandemia”.
Carlos Huamán, CEO de DN Consultores y experto en telecomunicaciones, calificó este proyecto de ley como un retroceso por varias razones, “pero principalmente porque este año ha quedado en evidencia la importancia de masificar el acceso y uso de Internet en el país. Y eso requiere expansión de Infraestructura, tanto en el Perú conectado, para ampliar capacidad, como en el Perú no conectado, para ampliar cobertura”.
Para que un operador móvil o fijo instale una antena requiere permisos del lado del MTC, de la municipalidad, del Ministerio del Ambiente, en caso de un impacto ambiental potencial, y del Ministerio de Cultura, por si ocurre en una zona de posible existencia de restos arqueológicos.
Desde el 2007 rige una ley que facilita el acceso a la infraestructura con la aprobación municipal automática, donde el operador presenta la documentación al municipio, y tiene la aprobación instantánea para ir avanzando con el despliegue de redes. Con cargo a que el municipio pueda, de manera aleatoria, requerir documentación complementaria al operador.
Para el especialista, lo que pretende este proyecto de ley presentado por el Congreso es eliminar esta figura. Esta situación demuestra la necesidad de que exista una política nacional de conectividad digital, y al mismo tiempo una política nacional de apropiación digital, para que las personas y las autoridades reconozcamos mejor el valor del Internet.
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“Porque la única razón que tienen los alcaldes para obstruir el despliegue de infraestructura, sería ganar un aparente rédito político por oponerse”, dijo. Añadió que la Comisión de eliminación de barreras burocráticas de Indecopi ha resuelto varios casos a favor del despliegue de infraestructura, en donde los municipios se han opuesto.
Por su lado, David Chávez Muñoz, profesor del departamento de Ingeniería de la PUCP, a título personal advirtió del efecto contraproducente que tiene darle a las municipalidades autorizaciones de procesos y políticas que tienen un alcance de Estado.
“Por ejemplo, una medida desde el MTC, o del Gobierno central, de la PCM o desde la Secretaría de Gobierno Electrónico que pase por el tema de antena, va a chocar con lo que una municipalidad diga, y puede afectar al ciudadano. Eso preocupa”, refirió.
Añadió que las telecomunicaciones son de las industrias que más capital, tanto de inversión como de operación, necesita para que el servicio que brinde sea de calidad. Por lo que se necesitan tomar decisiones de gran alcance.
Otro efecto que apuntó Chávez es que en el Perú hay un déficit muy alto de antenas y cobertura de redes terrestres, dentro de ellas las redes móviles. “Si a eso le agregas un filtro donde cada municipalidad decide, no va a resolver nada y va a haber un desestímulo total”.
5G EN PELIGRO
Huamán refirió que este proyecto de ley también toca de alguna manera un punto importante hacia el 2022 o 2023, cuando llegue la tecnología 5G, la misma que implica una multiplicación de antenas por 10 o 20 veces. Son antenas más pequeñas, pero igual van a requerir permiso municipal.
“El daño [del proyecto de ley] sería inmediato, pero es mucho mayor aún si pensamos en que puede sentar un precedente en dos o tres años”. En esa línea, indicó que debería ocurrir lo contrario, que haya un acuerdo nacional por la conectividad digital que involucre a los municipios, para que se comprometan con la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones.
Al respecto, Chávez manifestó que el 5G es una generación superior a 4G, y vale la pena que Perú se embarque, la adopte e instale. “De hecho, los cuatro operadores ya han terminado su periodo de prueba, y deben estar en proceso de financiar sus estaciones a lo largo del territorio nacional. Es una inversión muy grande. Se necesita mejorar la cobertura, y eso pasa por tener más antenas”.
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