Las deudas y controversias tributarias en Perú alcanzan a un total de 841,622 contribuyentes, de acuerdo al estudio “Controversias Tributarias: Orígenes y Propuestas de Solución”, elaborado por la consultora Macroconsult, por encargo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Respecto a las controversias, se originan generalmente por la ineficiencia de los procedimientos y la poca claridad de las normas tributarias de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lo cual genera retrasos en los procesos, anotó el gremio.
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El estudio menciona que la Sunat, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial no han sido capaces de solucionar a tiempo las controversias tributarias.
Esto ha generado intereses al doble o triple del saldo original. Además, ha incrementado el monto en cobranza dudosa o irrecuperable de empresas que dejaron de existir por deudas con la Administración Tributaria que las hicieron inviables, o son producto de la corrupción, entre otros.
De esta manera, el 78% de la deuda tributaria total corresponde a intereses, los que se han acumulado a través del tiempo, generando así que la deuda sea impaga.
Elmer Cuba, socio de Macroconsult, sostuvo que, del monto recuperable, el fisco podría cobrar en el breve plazo S/ 12,000 millones más ajustes por Índice de Precios al Consumidor (IPC), mediante una ley que esté vinculada al sinceramiento de deudas tributarias, a cambio de que las empresas participen de forma voluntaria.
Igualmente, para agilizar los procesos de cobranza tributaria planteó la implementación de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), que aún no está contemplada en el país, pero que rigen en otras economías de la región como Chile y Colombia.
Con ello, los procedimientos de solución de controversias en materia tributaria serían ágiles y eficientes, y se despejaría la contingencia para el administrado y aceleraría la recaudación para el fisco.
“Así inyectaríamos recursos que han permanecido controvertidos por muchos años y lo haríamos en una coyuntura difícil. Esto brindaría una mayor seguridad jurídica y justicia tributaria para el futuro del país”, indicó el economista.
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