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La Cámara de Comercio de Lima (CCL), presentó al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sus análisis y comentarios al Proyecto de Ley N° 7752/2023-pe, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de regulación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
En ese sentido, Jaime García, director de la CCL entregó propuestas que considera relevantes en los ejes de reactivación económica, sistema tributario, contrataciones del Estado, salud y arbitraje.
Propuestas para reactivar la economía peruana
En materia de reactivación económica, la Cámara de Comercio de Lima, propone que se mantenga un manejo fiscal prudente, impulsar reformas que mejoren los resultados y la ejecución de la inversión pública, apoyos financieros, capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la creación de zonas francas privadas.
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Además, sugiere impulsar los proyectos de investigación pública y privada, especialmente en el sector minero y la ejecución de proyectos con mayor presupuesto a nivel nacional y regional.
En cuanto a materia tributaria, plantea continuar con la simplificación de trámites burocráticos e impulso de la digitalización de procesos; se instaure un régimen de fraccionamiento especial para el pago de la deuda tributaria y se establezca la tributación de las pequeñas empresas sobre la base de utilidades y no solo sobre ingresos.
Por otro lado, en el tema de seguridad ciudadana propone la creación de una Secretaría o Subsecretaría de Seguridad Ciudadana en el Viceministerio Territorial de la PCM.
En materia laboral, el gremio empresarial propone fortalecer los espacios de amplio debate de la agenda normativa laboral, que se considere la participación activa de los trabajadores y empresarios, tal como el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).
En el sector salud, la CCL propone el cumplimiento estricto de la Ley de Contrataciones Públicas. Con relación al arbitraje, propone establecer normas específicas para los arbitrajes en los que participa el Estado peruano. Finalmente, solicita la reactivación efectiva de las mesas técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
