Propuestas para garantizar una reforma de pensiones sostenible | Informe

La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó al Congreso su proyecto de reforma para el sistema de pensiones. En opinión de Apoyo Consultoría, la propuesta del MEF va en la dirección correcta, pues apunta a incluir a más personas en el sistema previsional. No obstante, se considera importante reevaluar la ampliación del rol de la Oficina Nacional de Pensiones (ONP) como administrador de fondos en el sistema previsional.

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Entre los aspectos positivos de la propuesta, destacan la estructura multipilar del sistema, la inclusión de mecanismos alternativos de contribución para trabajadores independientes e informales, la búsqueda de elevar el nivel de competencia en la administración de los fondos de pensiones, la restricción para futuros retiros masivos de fondos de pensiones y la eliminación de la ley que permite retirar el 95,5% del fondo de ahorro al momento de la jubilación. Además, si bien la propuesta amplía el rol del Estado en el sistema previsional, no necesariamente sacrifica la eficiencia ni la sostenibilidad del sistema.

Adicionalmente, el proyecto incorpora un componente solidario que garantiza una pensión mínima de S/ 600, financiada con recursos públicos, para afiliados del sistema público y privado que no hayan realizado retiros y que acumulen por lo menos 20 años de aportes. Para quienes cuenten con menos de 20, pero más de 10 años de aportes, considera una pensión proporcional. Asimismo, el proyecto contempla extender la cobertura de Pensión 65 –programa que actualmente abarca a adultos mayores de 65 años en extrema pobreza– a mayores de 75 años en situación de pobreza, que no accedan a una pensión mínima. De acuerdo con el MEF, esta ampliación tendría un costo fiscal razonable (menos de 0,02% del PBI por año).

Es importante resaltar que gran parte del impacto de este proyecto dependerá de los parámetros y la reglamentación que se apruebe para generar los incentivos deseados. Por ejemplo, para abrir el sistema privado a la competencia de nuevas entidades, no basta con invitarlas a participar, sino que se necesita generar las condiciones adecuadas y eliminar potenciales barreras a la entrada, como los elevados costos administrativos.

En línea con ello, hay algunos aspectos del proyecto que se pueden mejorar para asegurar que un mayor número de peruanos acceda a una pensión adecuada sin generar presiones fiscales adicionales en el futuro.

La reforma del MEF plantea que todos los peruanos, al cumplir 18 años, se integren automáticamente a la Oficina Nacional de Pensiones (ONP), a menos que expresen la voluntad de pertenecer al sistema privado. Es positivo que todos los adultos sean incorporados al sistema previsional. Sin embargo, consideramos que no es óptimo que la afiliación automática sea a la ONP, pues, al funcionar como un sistema de reparto, limitaría la capacidad de las personas de acumular ahorros en un fondo de capitalización individual. Además, ignora la preferencia de la mayoría de contar con una pensión administrada por una empresa privada. De acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos Perú en el 2021, el 80% de los peruanos preferiría que una AFP administre su fondo de pensiones, por sobre la ONP y 66% piensa que su pensión se vería reducida por la administración del Estado.

Más aún, dado que, en la ONP los contribuyentes financian las pensiones de los jubilados, la incorporación masiva de jóvenes aportantes podría favorecer la liquidez del sistema de reparto en el corto plazo. Sin embargo, este modelo no es sostenible en el largo plazo, a medida que el número de pensionistas aumenta más rápido que los trabajadores que aportan, a causa del aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad. En este escenario, aumentar masivamente el número de afiliados hoy en día requerirá un mayor aporte del Estado para cubrir sus pensiones en el futuro. De hecho, ya en los últimos 15 años, el Estado ha destinado cerca de S/ 1.000 millones (0,2% del PBI) en promedio por año para financiar a la ONP.

La reforma plantea que el ahorro previsional de los jubilados que se acojan a la pensión mínima pase a ser gestionado por la ONP. Esto generaría ineficiencias, tanto a nivel social como macroeconómico. Para las familias, transferir los ahorros al fondo común de la ONP elimina el derecho a la herencia sobre el fondo individual si el afiliado fallece antes de que este se agote. En este caso, los familiares solo podrían acceder a la pensión mínima por derecho derivado planteada en la reforma de hasta S/ 400 mensuales. Además, el ahorro transferido a la ONP sería empleado como liquidez para financiar el pago presente de pensiones. Esto, en lugar de que el fondo individual se mantenga invertido en bonos locales u otros activos financieros, inversiones que favorecen la acumulación de capital en la economía en el largo plazo.