El pasado sábado en el pueblito ayacuchano de Ccayarpashi, el presidente Pedro Castillo anunciaba de manera optimista el próximo inicio de la masificación del gas natural en la región andina, aprovechando “que el Congreso acaba de aprobar la Ley de la Masificación del Gas”.
El mandatario hacía referencia al proyecto de ley 679/2021-PE, enviado por el Ejecutivo en noviembre de 2021 con la finalidad de impulsar el uso del gas natural de Camisea, único energético que no se ve impactado por el alza de los precios de los combustibles.
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La iniciativa había estado guardada nueve meses en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, hasta su aprobación final en el Pleno, el pasado miércoles, con 108 votos a favor, dos votos en contra y cero abstenciones.
La larga espera, sin embargo, no trajo un fruto deseado. Y es que, como bien lo indica la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), el proyecto de ley incluye una serie de distorsiones “de último momento”, que dejarían sin gas a más de un millón de peruanos en nueve regiones costeñas: Tumbes, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna.
Esto, debido a que la ley solo aplicará para los nuevos proyectos de gas natural que promoverá el Ministerio de Energía y Minas bajo la figura de encargatura. Es decir, la masificación en Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín, Ucayali, Puno y Apurímac.
El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso es claro al respecto: “La presente ley no alcanza a las empresas concesionarias privadas que tienen contrato vigente con el Estado”, precisa en el artículo 1.
Esto deja fuera del alcance de la norma a todas las concesiones de gas natural existentes: Cálidda (Lima y Callao), Contugas (Ica), Gasnorp (Piura), Clean Energy (Tumbes), Quavii (Ancash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca) y Petro-Perú (Arequipa, Moquegua y Tacna).
RESTRICCIONES
Las concesiones más afectadas serán, sin embargo, las de Quavii y Petro-Perú debido a que no cuentan con gasoductos ni tarifas de gas natural competitivas, una distorsión que el proyecto de ley del Ejecutivo venía a solucionar.
Renato Lazo, director de Energía ConTacto, explica que el problema con estas concesiones es que fueron diseñadas pensando en que las conexiones domiciliarias iban a ser subsidiadas por las industrias (subsidio cruzado) como ocurre en la ciudad de Lima.
“Sin embargo, esto no ha funcionado porque las industrias están concentradas en la Metrópoli. Y, lo que peor, las ciudades del sur y el norte reciben el gas a cuenta gotas en camiones cisterna (gasoductos virtuales) por lo que es muy poco probable que las empresas obtengan gas suficiente para poder producir”, anota.
Para solucionar esta problemática, el proyecto de ley original del Ejecutivo proponía una tarifa única (nivelada) para todas las concesiones, mecanismo que reduciría significativamente el precio del gas natural en el sur y el norte del país, con cargo a las tarifas de Lima, las cuales subirían en más de 5% según estimaciones de Cálidda.
Para Lima sería un pequeño golpe, pero para las regiones sería un bálsamo pues permitiría que más comercios e industrias se instalen en ellas, al contar con energía a costo eficiente.
El proyecto de ley corregido por el Congreso quita, no obstante, esta posibilidad.
Pero no solo eso, la restringe también para las concesiones futuras, pues acota su alcance a los usuarios residenciales incluidos en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), es decir, a los peruanos en situación de pobreza y, con preferencia, a las mypes.
LEY DISCRIMINATORIA
Para Lazo se trata, en conjunto, de una medida inefectiva y discriminatoria, pues deja de lado a los pobladores de las regiones que ya cuentan con concesiones de gas.
“Esta una norma que no va a cumplir el objetivo de solucionar el problema de llevar gas natural barato a las poblaciones. Hay doce departamentos con gas y doce sin gas. ¿Para quién estamos haciendo esto? ¿Sólo para el 50% del Perú?”, se pregunta el especialista.
En igual sentido se ha pronunciado la SPH, la cual advierte que la ley corregida por el Congreso excluye a los comercios, estaciones de GNV e industrias locales, privándolas del beneficio de acceder al gas natural con una tarifa más económica, justo “cuando el precio de otros combustibles sigue incrementándose”.
Por tal razón, insta al Gobierno y el Congreso a que encuentren, juntos, una fórmula que permita ampliar la cobertura de gas natural a más peruanos.