Hasta antes del despliegue en Pataz de 350 efectivos militares y policiales destacados para imponer el orden, el distrito liberteño era lo más cercano al Far West que uno puede imaginar.
Cuentan los funcionaros de Minera Poderosa – empresa asediada por el accionar delictivo de los mineros ilegales - que las balaceras y asesinatos eran moneda de todos los días en los poblados más opulentos, como Zarumilla, Pueblo Nuevo y Pataz, donde “la mayor parte de la gente caminaba con una pistola al cinto” y “los ‘night club’ funcionaban todo el día”.
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“Ahora la violencia en la superficie ha bajado por la presencia de la policía, pero es una tensa calma”, indica el gerente de la unidad minera, quien guio a El Comercio en un exhaustivo recorrido por la zona.
En efecto, los mineros ilegales se han “vuelto más cautos”, y es por eso que podemos desplazarnos sin temor por entre las callejuelas repletas de camionetas de alta gama, residencias con piscina, mansiones con canchas de futbol y todo lo que el oro extraído de manera ilegal puede comprar.
Sin embargo, esa tensa calma se quiebra bajo la superficie, en las labores subterráneas (túneles) de Poderosa, donde los guardias de seguridad de la empresa aurífera libran combates incesantes contra mineros ilegales y delincuentes pertrechados de explosivos y armas de larga alcance. Esto, por la posesión de las ricas vetas de oro de la empresa minera.
“La realidad es que nos atacan ahora constantemente. Todas las noches recibo dos o tres llamadas de nuestra gente alertando que las han atacado y están resistiendo. Esa es mi rutina, a pesar de que hay 350 efectivos del orden”, manifiesta el gerente de la mina.
Saldo penoso de estos enfrentamientos es el asesinato de 18 empleados de la unidad minera: 15 agentes de seguridad, dos supervisores y un minero artesanal formalizado.
Esto, aparte de 58 heridos de gravedad y tres personas mutiladas, algunas de los cuales se encuentran en proceso de reinserción en la unidad minera, en labores con menor exigencia física.
¿Por qué los efectivos del orden no prestan apoyo a Poderosa en estas violentas refriegas?
MINA SECUESTRADA
Uno de los asesores legales de Poderosa explica que la policía y el ejército no intervienen en los cruentos combates subterráneos porque su plan de operaciones no contempla este tipo de lucha no convencional.
Apunta, sin embargo, que vienen siendo entrenando en las tácticas de esta singular guerra por las fuerzas de seguridad de Poderosa, por lo que su intervención es prontamente esperada.
Se trata de un auxilio sumamente necesario para frenar el avance de los invasores, los cuales han logrado capturar y atrincherarse en 30 sectores de la unidad Santa María, la más importante de Poderosa, pues genera el 70% de su producción de oro.
“Eso involucra las vetas Diana y Guadalupe, que son bastante ricas. Estamos hablando de 300 mil onzas de oro afectación en promedio”, apunta el gerente de mina.
En efecto, una parte de Santa María se encuentra ahora en manos de bandas delincuenciales, mayormente peruanas, que explotan con total impunidad las fabulosas vetas auríferas de Poderosa.
Tan es así que no tienen problemas para procesar una parte de ese mineral en las 52 plantas ilegales que operan en Pataz, a vista y paciencia de las autoridades.
Y tampoco para transportar una mayor cantidad en volquetes con rumbo a las plantas de procesamiento de Trujillo y el litoral peruano. Esto, aprovechando la impunidad que otorga la utilización del Reinfo, certificado que los disfraza de mineros en vías de formalización, pero que en realidad es una patente de corso para delinquir.
Poderosa calcula que, de esta manera, habrían salido de Pataz en los últimos cuatro años unos 33.708 volquetes cargados con 674.160 toneladas de mineral por un valor de US$3.553 millones.
IMPUNIDAD
Más de US$3.500 millones sería la magnitud de las ganancias obtenidas por los mineros ilegales de Pataz, entre los que se encuentran familiares del alcalde distrital, Segundo Armas Villalobos, y presidentes de las rondas campesinas.
Hablamos de una red delincuencial y de corrupción que extendería sus tentáculos hasta las mismas autoridades judiciales de La Libertad, lo cual explica por qué la Fiscalía de Tayabamba (capital de Pataz) ha liberado a los 632 parqueros capturados in fraganti por las fuerzas de seguridad de Poderosa en los últimos cuatro años.
Por todo ello, Poderosa solicita el reforzamiento de las operaciones de inteligencia y un mayor resguardo policial, además del control de las plantas ilegales, los insumos químicos y los explosivos que emplean los mineros ilegales.
De lo contrario, advierte que ocurrirá una seria afectación de sus inventarios de reservas y recursos minerales de oro, los cuales se vienen agotando por las dificultades (mortales) que encuentra para explorar
Poderosa dispone, por lo general, de reservas de oro para tres años de explotación. La disrupción de esta dinámica por el accionar de la minería ilegal pone en riesgo sus inversiones. Y también la continuidad de la mina.
Nota: El Comercio mantiene bajo reservas los nombres de los funcionarios de Poderosa entrevistados para este artículo para evitar que reciban llamadas extorsivas y amenazantes, y vean afectada su seguridad.