Regulación y ‘enforcement’, por José Luis Bonifaz [Opinión]

El Estado, a través de sus instituciones, tiene la función de velar por el cumplimiento de las normas y regulación que emite, por parte de los agentes económicos en general, para contribuir a disminuir los impactos negativos que puedan generarse por estos, en beneficio de la sociedad.

Así lo ha entendido el gobierno y por eso la Agenda de Competitividad 2014-2018 tiene como primer objetivo mejorar los procesos de regulación y fiscalización. Su meta es contar en el 2018 con el 100% de entidades fiscalizadoras con indicadores que promuevan el cumplimiento de normas a través del diseño de indicadores de desempeño, su implementación y la rendición de cuentas. Sin embargo, esto está aún lejos de ser cumplido.

Según la Contraloría General de la República, entre los problemas existentes en las entidades de los distintos niveles de gobierno, se encuentra que el diseño normativo no asegura el ‘enforcement’ de las leyes. En otras palabras, emiten normas pero no tienen la capacidad de hacerlas cumplir. Esto sucede debido a que muchas regulaciones son formuladas por las entidades públicas sin haber presupuestado ni estimado el costo y las capacidades del personal necesarios para poder llevar a cabo adecuadamente dicha función. Del mismo modo, otro factor que agrava el problema es la existencia de muchas leyes sin reglamentación. 

En base a lo expuesto, podemos afirmar que es necesario fortalecer la labor de ‘enforcement’. En nuestro sector público, la multa es el mecanismo más común para ejercerla, y estas deben cumplir con los principios establecidos en la normatividad, como los de predictibilidad y proporcionalidad, y ser estimados de modo que se busque realmente la disuasión de infracciones. La multa no puede ser tan alta como para eliminar del mercado al agente, ni tan baja como para que le convenga pagarla y seguir quebrando la norma.

Sin embargo, se observa que la gran mayoría de regímenes sancionadores aprobados por diversas entidades de gobierno no cuenta con sustento para el monto de sus multas. En este esfuerzo, entidades del Poder Ejecutivo como Osinergmin, Ositrán, Sunass, Osiptel, Osinfor, OEFA e Indecopi vienen aplicando metodologías de graduación de sanciones. Sin embargo, las metodologías no son uniformes y la complejidad de las mismas y poca predictibilidad es un defecto importante. En otras palabras, en muchos casos se estiman las multas sin ningún sustento. Por un lado por la incapacidad propia de los funcionarios, pero también por la falta de datos y una metodología clara. Al final, muchas de las multas aplicadas carecen de fundamento económico y se termina usando el método de los cinco dedos oscilantes, es decir, multas al ojo.

Se requiere entonces una revisión general de estos desordenados regímenes para tener una visión única como Estado para hacer cumplir las normas. Es una tarea pendiente del nuevo gobierno que le compete a la Presidencia del Consejo de Ministros.