(Foto: Petro-Perú).
(Foto: Petro-Perú).
Anthony Laub

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante un decreto supremo (DU), otorga un salvataje a Petro-Perú de S/ 4,000 millones vía aporte de capital y compromete al Banco de la Nación con un crédito de US$ 500 millones.

El DU colisiona con el D.L. 1276 (responsabilidad y transparencia fiscal), pues afecta y mezcla las finanzas públicas con las de una empresa, y también con el D.L. 1441 (Sistema Nacional de Tesorería), al inaplicar sus disposiciones para obtener recursos públicos protegidos para fines ajenos. Esto afectará nuestro riesgo-país.

Los fondos son para que Petro-Perú adquiera combustibles y mantenga sus operaciones. A cambio, el MEF, pide un plan de reestructuración empresarial, medida insuficiente y difusa. Al comprometer fondos públicos, el MEF, debe fijar condiciones más exigentes, como:

  • Abrir el capital de Petro-Perú. Esto permitirá recuperas los fondos, instaurar un verdadero gobierno corporativo, evitar la injerencia política, los malos manejos y las decisiones antieconómicas.
  • Establecer un fideicomiso ante una entidad financiera de primer nivel para que los fondos sean canalizados correctamente con mecanismos de control y transparencia.
  • Establecer un sistema de auditoría externa bianual.
  • Remover al directorio y buscar directores especializados en finanzas y reestructuraciones empresariales.
  • Contratar una gerencia especializada en empresas en crisis.
Anthony Laub es socio fundador de LGQ.

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