(Por Antonella Bancalari, investigadora de LSE y del Institute for Fiscal Studies (IFS), y Oswaldo Molina, director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico)
Las obras públicas paralizadas forman parte tristemente del paisaje urbano habitual de casi cualquier ciudad en nuestro país. Y hoy, un establecimiento de salud sin culminar es una herida que duele doble. Como es de esperar, este problema de paralización en la ejecución de obras se ha visto agravado aún más a raíz de la pandemia.
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Para darnos una idea de la magnitud del problema, comparamos el porcentaje de avance financiero de proyectos entre marzo y mayo de este año con el que se había alcanzado en el mismo periodo del año anterior, y encontramos que en promedio el avance era la mitad de lo que se había alcanzado en 2019. En sectores como salud, la reducción durante este periodo es de más del 60%. Este es el impacto que las restricciones debido al coronavirus han generado en las obras públicas. Un lamentable retroceso si consideramos que en los primeros meses de este año se había logrado empujar los niveles de ejecución. Esto a su vez implica que, si por lo general nos quejamos del bajo nivel de ejecución y de las paralizaciones generadas por la corrupción o burocracia, debemos esperar que este año la situación sea aún más complicada. Sin embargo, ningún plan serio para reactivar la economía durante el segundo semestre del año puede dejar de contemplar este reto. Y es que será fundamental ser capaces de destrabar y superar el bache que representa este retraso adicional en la ejecución, algo difícil de afrontar para el aparato estatal de los gobiernos regionales y locales.
Ahora bien, estas paralizaciones temporales debido a la pandemia suponen un riesgo adicional: que, como en muchos casos, no se logre culminar la obra. A lo largo de nuestro territorio uno puede encontrar un sinnúmero de obras públicas que, por diversos motivos, nunca fueron terminadas y que permanecen abandonadas. Estas paralizaciones precisamente aumentan la posibilidad de que las obras no se culminen, debido al potencial quiebre de contratistas, la reubicación de maquinaria y mano de obra, problemas burocráticos y de litigaciones, entre otros. Pero como una reciente investigación ha encontrado para el caso peruano, dejar obras paralizadas o abandonadas no solo es un desperdicio de recursos públicos, sino también puede ser un peligro latente. Así, este estudio encuentra que dos terceras partes de las obras de desagüe desarrollados entre el 2005 y el 2015 con una inversión de US$3 mil millones fueron abandonadas en promedio tres años y muchas de manera indefinida. Más grave aún, las obras de desagüe y alcantarillado no culminadas dejaron zanjas abiertas que se volvieron basurales y pozos de agua estancada, poniendo en riesgo a la población aledaña. En casos extremos, niños murieron ahogados en zanjas de dos metros de profundidad. Los cortes de agua para la instalación de tuberías forzaron a la población a tomar agua no segura y perjudicaron sus hábitos de higiene. El estudio encuentra que cada obra no culminada incrementó en 10% la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por enfermedades infecciosas y accidentes (Bancalari, 2020).
La pandemia ha golpeado fuertemente a nuestra economía desde diferentes ángulos. Uno que quizás aún no ha sido considerado es la reducción en el nivel de ejecución de obras públicas y el aumento en la probabilidad de que estas paralizaciones temporales terminen en obras abandonadas. De nuestra capacidad para lograr acelerar la ejecución de estas obras en el segundo semestre (y la evasión del torbellino del abandono) dependerá en buena cuenta que logremos dinamizar el gasto público y nuestra languidecida economía. Programas como el recientemente anunciado “Arranca Perú”, que incluye un componente de construcción y mantenimiento vial, de rápida ejecución y con fuerte capacidad para dinamizar el empleo y gasto, van en la dirección correcta. Sin embargo, queda mucho todavía por hacer para lidiar con este problema.
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