En los últimos meses, una mezcla de factores –como la reducción de los precios de los metales y una excesiva regulación en el ámbito local que se agrava con los conflictos sociales– viene golpeando la inversión en exploración minera, a tal punto que este año cerraría con una caída cercana al 10%. Esto es sumamente preocupante pues existe amplio consenso en que la exploración es la base para el desarrollo de la industria minera en el largo plazo.
Después de todo, la futura producción de minerales depende de la exploración de hoy, siendo ese el único camino para descubrir nuevas reservas y asegurar el ingreso de nuevos proyectos en años venideros.
Algunas causas de esta mala racha son externas, contra las que poco o nada se puede hacer. Sin embargo, existen mecanismos para estimular la exploración que sí están en manos de nuestras autoridades. No debe olvidarse que se trata de una de las actividades económicas más riesgosas que existen ya que requiere de inversiones que solo se recuperan si se descubre un yacimiento comercial.
De hecho, hay quienes sostienen que, en promedio, por cada 100 proyectos de exploración se logra solo un hallazgo que termina convirtiéndose en mina. Eso implica que en los otros 99 el inversionista simplemente pierde su dinero.
En la coyuntura actual, la competencia entre países por atraer capitales será cada vez más reñida. Las mineras serán más selectivas al elegir donde invierten. Priorizarán los destinos que ofrezcan las mejores condiciones para buscar minerales y ubicar reservas que luego puedan ser extraídas económicamente.
Frente a este panorama, se deben dar señales claras y sin ambigüedades que brinden predictibilidad al inversionista.
Un buen punto de partida sería dándole vigencia ilimitada al régimen de devolución definitiva del IGV pagado durante la fase de exploración minera, que vence este 31 de diciembre, tras haber tenido sucesivas prórrogas desde que fue creado en el 2002.
El Gobierno ha dado el primer paso al enviar al Congreso un proyecto de ley la semana pasada para plantear su renovación. Solo queda esperar que reciba la prioridad que merece. La medida permitiría que unos 30 proyectos en exploración puedan acceder al beneficio el año entrante.
Lo que se busca es que el IGV devuelto sea reinvertido en la exploración de nuevos depósitos minerales, con el objetivo de que un mayor número de proyectos “greenfield” puedan ser desarrollados y puestos en marcha.
En tal sentido, constituye un incentivo clave para que el escaso capital disponible para la exploración llegue al Perú en vez de asentarse en otros lugares, lo cual a la larga se traducirá en una mayor recaudación tributaria para atender las demandas sociales en constante aumento.
Sin duda hay muchas otras cosas que se pueden hacer para promover la inversión minera, pero empezar por la señalada ayudaría bastante.