Cuando el remedio es peor que la enfermedad, por Enrique Castellanos

En marzo de 2021, el Congreso aprobó la “Ley que protege contra la usura a los consumidores de los intermediarios financieros”, desoyendo múltiples recomendaciones tanto de especialistas independientes (me incluyo) como del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Bajo esta ley se establecieron topes a las tasas de interés cobradas a los préstamos de consumo y a la microempresa.

Como diría un parlamentario, había que defender al público ante los abusivos intereses que “el oligopolio de los bancos” cobra en el mercado.

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Sin embargo, casi un año después, los resultados son – predeciblemente – contrarios a los esperados por nuestros políticos. Según cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a nivel de los segmentos socioeconómicos más bajos, el acceso al crédito bancario formal se ha reducido durante 2021, dejando a este segmento socioeconómico a expensas de los prestamistas informales y tasas de interés mucho mayores.

Por ejemplo, el total de créditos del sistema financiero al segmento de microempresas se redujo de diciembre de 2020 a diciembre de 2021 en 4%. En esta misma línea, el número de deudores con préstamos de consumo en el sistema financiero también disminuyo en 3% para el mismo periodo.

Entrando un poco más al detalle, los volúmenes prestados vía el producto de tarjeta de crédito se redujeron en nada menos que 30% durante 2021. ¡Ojo! estos decrecimientos se dieron en un contexto en que los créditos del sistema bancario para otros productos y otros segmentos socioeconómicos no cayeron.

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Si bien las cifras anteriores no son concluyentes y la reducción estadística se pudo dar por otras razones (ejemplo, un menor apetito por riesgo de los bancos o mayores castigos por malas deudas), todo parece apuntar a lo predicho por la ciencia económica. Las tasas máximas harían que las instituciones financieras dejen de prestar a los segmentos C y D, los cuales normalmente son los más riesgosos crediticiamente hablando.

Antes de esta ley llamada “antiusura”, los bancos ofrecían créditos de consumo y a la microempresa unas tasas de interés en soles aproximadas de entre 100% a 200% anual. Virtud de esta nueva ley, los topes a las tasas de interés en soles están en el orden del 80 al 85%, por lo que bajo estas nuevas condiciones muchas instituciones preferirían no ofrecer sus productos a los citados segmentos.

Reza un conocido adagio financiero que “el préstamo más caro es aquel que no tienes” y en este caso nunca más cierto. Según una encuesta publicada en junio de 2021 por el BCRP sobre préstamos informales MYPES en provincias, encontraron que los prestamistas informales cobran tasas entre 800% a 2.300% anual a los microempresarios. Peor aún los llamados prestamos “gota a gota”, por repagarse de forma diaria, podían llegar a tener tasas de interés astronómicas de 10.000% por año. Sin acceso a la banca formal, nuestra clase media y baja ha sido lanzada por una torpe regulación a los tiburones en el vasto mar de la informalidad peruana. Una vez más, la ignorancia y el vedetismo de nuestros políticos termina perjudicando al pueblo que dicen defender.

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Pero lo peor de todo es que nuestros gobernantes no aprenden la lección. A fines de febrero la flamante ministra de Trabajo Betssy Chávez mediante un decreto supremo restringió el uso de la tercerización laboral por parte de las empresas. En esta misma línea, la Sra. Chávez también está proponiendo otras medidas tales como mayores indemnizaciones para los despidos intempestivos y un aumento del sueldo mínimo.

Todas estas iniciativas que buscan, supuestamente, proteger a los trabajadores, lo único que harán es incrementar el costo de la mano de obra formal y empujarán a las empresas (sobre todo micro y pequeña) hacia la informalidad. Son los mismos errores, pero en un diferente mercado. Tratar de imponer controles de precio (en este caso subir de una u otra forma el precio de la mano de obra) lo único que conseguirá es perpetuar los altísimos niveles de informalidad laboral del orden del 75% que tiene nuestra economía.

Ojalá que estás primeras cifras sobre la caída en préstamos a microempresas y de consumo nos lleven a repensar el tema de los topes a las tasas de interés. Y también, de paso, inhiban otras iniciativas intervencionistas y de controles de precio que al final lo único que logran es perjudicar a quienes buscan beneficiar. La esperanza es lo último que se pierde.