"Los afiliados debieran tener la certeza que sus ahorros se recuperarán tal como se ha producido en otros eventos críticos del pasado". (Foto: GEC)
"Los afiliados debieran tener la certeza que sus ahorros se recuperarán tal como se ha producido en otros eventos críticos del pasado". (Foto: GEC)
David Tuesta

El país se encuentra sumido en una terrible crisis global ocasionada por la pandemia del . El país necesita la actuación decidida y al unísono de todos los poderes del Estado, población, y actores económicos.

Lamentablemente, nuestro no ha visto mejor forma de estrenarse que presentando dos proyectos de ley que petardean a los . Ambas iniciativas inspiradas supuestamente en atender las necesidades del afiliado, paradójicamente le generarían un daño irreparable.

Estas acciones se han producido además en un contexto de nerviosismo donde el desplome de los mercados financieros ha traído fuertes pérdidas de los fondos. Si bien ello merece suma atención por parte del regulador y el gobierno, los afiliados debieran tener la certeza que sus ahorros se recuperarán tal como se ha producido en otros eventos críticos del pasado. No tocar nada y dejar que los mercados se corrijan es lo acertado.

Y en otro tanto, a los señores congresistas hay que pedirles que cualquier tipo de iniciativa económica en los tiempos que corren debe ser coordinada con el Ejecutivo. Por ello, los dos proyectos de ley mencionados deberían ser retirados y abstenerse de otras acciones similares en estos momentos.

Como manifestó la ministra de Economía recientemente, los cambios que necesita el sistema de pensiones deben hacerse de forma integral y cuando sea oportuno. Pero hoy no es el momento.

Es cierto que el sistema privado de pensiones requiere abordar serios problemas, los cuales son bastante conocidos: el ser una solución divorciada de otros sistemas y exclusivo del mundo formal; baja participación de los trabajadores; bajas pensiones; elevadas barreras de mercado; excesivas utilidades oligopólicas dentro de un sistema de protección social; falta de un criterio de inversión acorde a un objetivo de pensión; elevadas comisiones de administración comparadas con otras realidades; ausencia de información transparente al afiliado; es decir, una serie de factores que expertos y organismos internacionales han detallado en varios informes.

Que durante varios años y hasta el día de hoy se siga discutiendo sobre la pertinencia de una reforma integral de pensiones y se haya hecho poco tiene varios responsables: la ausencia de autocrítica de las AFPs, la sorprendente pasividad del regulador y la aproximación de varios gobiernos al tema.

En gran medida, estas actitudes fueron responsables de que el hartazgo de los afiliados se canalizara oportunistamente por el Congreso en el 2016 con la ley que permitió el retiro del 95,5% de los fondos al jubilarse. Y hoy, otra vez, las acciones del Congreso toman por sorpresa a los mismos actores sin haber hecho sus deberes.

Más allá de ello, se debe llamar a la reflexión a los congresistas para que entiendan que se les necesita para pelear otra batalla más importante: una crisis gigantesca que dejará varios muertos y heridos, así como la probabilidad real de una recesión profunda que necesita medidas económicas decididas y coordinadas. Una reforma de pensiones es requerida hace tiempo, por supuesto, pero hoy no es el momento.

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