Empresas no aprovechan beneficios tributarios para innovar
Empresas no aprovechan beneficios tributarios para innovar
Redacción EC
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He aquí algunas ideas poco conocidas que los gurúes de la recomiendan adoptar a los países latinoamericanos en el 2015 para mejorar sus sistemas de innovación, ciencia, tecnología y educación, en los que América Latina sale muy mal parada en los ránkings internacionales. !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

Hay desde luego otros aspectos más importantes –como alentar a los emprendedores en lugar de reprimirlos, reducir la burocracia y luchar contra la corrupción– que algunos países de la región deberían hacer para prosperar en la nueva economía global del conocimiento, en la que el trabajo mental vale cada vez más y el manual cada vez menos.

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Pero hay algunas medidas más específicas que también deberían considerar, según algunos de los principales expertos en innovación.

En primer lugar, los países podrían ofrecer premios a los innovadores que inventen productos con gran potencial comercial.

El gobierno de Estados Unidos poco tiempo atrás creó un sitio web –challenge.gov– donde 45 ministerios y agencias federales, incluyendo la NASA, ofrecen hasta US$5 millones en premios para aquellos que resuelvan desafíos tecnológicos concretos. También existen fundaciones privadas, como el Premio Ansari X, que ofrecen recompensas millonarias a quienes resuelvan desafíos tecnológicos.

Hay una larga historia de premios para las innovaciones. En 1795, Napoleón I ofreció 12.000 francos a quien inventara un método para conservar los alimentos durante las largas marchas de su Ejército, lo cual llevó a la invención de las latas de alimentos sellados. En 1919, el magnate hotelero Raymond Orteig ofreció US$25.000 dólares para el primer piloto que volara de París a Nueva York, que ganó Charles A. Lindbergh en 1927.

En segundo lugar, los países podrían reformar sus obsoletas leyes de bancarrota, que estigmatizan a quienes fracasan en una iniciativa empresarial. Las leyes actuales, que prohíben que los fundadores de empresas quebradas puedan abrir un nuevo emprendimiento en varios años, son uno de los principales frenos para la innovación en América Latina.

En el 2014, Chile dio un buen ejemplo al aprobar una nueva ley de bancarrota que elimina muchas de estas trabas. El espíritu de la nueva ley es permitir que los empresarios que van a la quiebra puedan “volver a levantarse rápidamente”, me dijo el ministro de Economía chileno, Luis Felipe Céspedes.

Un estudio reciente del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional demuestra que en algunos de los países más innovadores del mundo –como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur– una empresa en bancarrota tarda un promedio de entre seis meses y un año y medio para resolver sus problemas legales. Comparativamente, en la mayoría de los países de América Latina se tarda entre 3 y 5,3 años.

En tercer lugar, los países podrían empezar a enseñar la innovación en las escuelas. Así como les enseñamos a los niños el alfabeto, hay que enseñarles a leer códigos de programación, y – sobre todo –  estimular su pensamiento crítico.

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