OCDE: "La informalidad es una prioridad de política pública"

Sebastián Nieto-Parra, jefe adjunto de la Unidad de América Latina del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), participó del Seminario Internacional "Reflexiones en torno a la protección social", organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco de la reforma en el sistema de pensiones, acceso a salud y protección frente al desempleo que trabaja el gobierno.

Muchas veces se toma como referencia a Chile para hacer políticas en el Perú, pero los niveles de informalidad en el Perú son mayores. ¿Cómo entender la informalidad en nuestro país desde una visión mucho más global como la de la OCDE?
La informalidad es alta en el Perú, está casi al 70%. En América Latina es de cerca del 55%. Por lo tanto, en el Perú la informalidad es una prioridad de política pública, tal como lo está haciendo este gobierno. Desde la OCDE estamos apoyando cualquier política que ayude a reducir la informalidad. 

La OCDE ha incluido recientemente la informalidad dentro de sus indicadores de medición, ¿cómo lo están abordando?
Dentro de los indicadores de calidad de empleo pero también de forma general analizando en economías emergentes, vemos que afecta sobre todo a los jóvenes, mujeres y a las personas con bajo nivel de educación. Por lo tanto, la acción de política pública es fundamental. 

¿Hay alguna herramienta que la OCDE haya diseñado?
El primer resultado del análisis que hicimos para el caso del Perú es que no hay una política única. Se necesita una política integral para reducir la informalidad y un aspecto fundamental tiene que ver con políticas integrales que ayuden a generar mayor productividad y mejores competencias en educación. Esto es algo que todavía falta en el Perú. Se han hecho importantes, sobre todo en el campo de educación; pero todavía falta para lograr que haya un mejor entrenamiento de los trabajadores y rompamos este círculo vicioso. Cerca del 46% de las empresas en el Perú no encuentra las personas con las competencias que las empresas requieren. Sin duda alguna es un tema educación secundaria y terciaria, pero también de acompañamiento de capacitación dentro de las empresas.

¿También hay un accionar que puede hacer el sector privado, no solo parte del sector público?
Es un acuerdo importante que tiene que haber entre el sector privado y el público. Yo diría para aprovechar el acuerdo nacional en el Perú para ir más allá entre los diferentes partidos políticos, porque es algo que no se resuelve de la noche a la mañana. Lleva décadas. Se está empezando con esfuerzos importantes desde el gobierno anterior en educación, y hay que continuar esta agenda.

La OCDE también ha identificado la brecha de género como un problema importante en el Perú.
Comparando entre los países de la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia, Chile y México), la brecha de género en cuanto al salario en el Perú es mayor que el resto de países. Y ahí tiene que haber políticas facilitando el trabajo de las mujeres, fomentando su trabajo y las buenas condiciones.

Un factor muy importante es ver de qué forma se crean los incentivos para que las horas trabajadas no pagadas no sean tan mayores para las mujeres que para los hombres. 

¿Servicios de cuidado?
Es un tema fundamental: la educación preprimaria. Mayor cobertura y acompañamiento de los primeros meses es fundamental. 

Es decir, ¿que las mujeres no tengan que cuidar a los niños y puedan dejarlos en las guarderías?
Exacto. Esto no solo ayuda al empleo de las mujeres sino también ayuda al desarrollo de competencias blandas de los niños. La interacción, por ejemplo, es fundamental, para que no se quede con otro familiar sino que esté compartiendo con otros niños. 

¿Cómo abordar políticas de protección social en una coyuntura de desaceleración económica?
Sin duda, es complejo. Cualquier reforma tributaria integral es difícil de pasar. Un aspecto fundamental es que cuando se quiere diseñar cualquier reforma de protección social se tiene que tener en cuenta los recursos que se necesitan pero también si el sistema tributario está promoviendo lo que se quiere hacer, por ejemplo, formalizar.
En segundo lugar, hoy vemos en América Latina la recaudación es baja, cerca del 23% del PBI; en la OCDE llega a 34%. En el Perú es de 17%. Por consiguiente, mayores recursos se necesitan para la política de protección social. Hay que ver la estructura tributaria para ver de qué forma se pueden lograr mayores recursos tributarios.

Usted mencionó que había otro tipo de impuestos que se podían empezar a implementar.
Algunos impuestos indirectos diferentes al IGV que hay que explorar. También se puede explorar el impuesto a la propiedad o mayor progresividad del impuesto directo a personas naturales (de trabajo). Ahí el riesgo es que si se incrementa la tributación de manera importante para la clase media y vulnerable, el incentivo para la formalización es menor.