El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony Novoa (Acción Popular), informó que sesionarán de manera extraordinaria este lunes 15 de febrero para empezar a abordar el proyecto de ley 6863, que busca “fortalecer la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística”, es decir, de los clubes en procesos concursales.
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Esta programación responde a la ausencia de las entidades invitadas para la sesión que inicialmente se programó para ayer miércoles 10.
Se tenía previsto la participación de Hania Pérez de Cuellar, presidenta del Indecopi; Luis Vera, superintendente de la Sunat; y Gustavo San Martín, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Sin embargo, ninguno se presentó y pidieron reagendar su participación.
“Hay que hacer esta reprogramación lo más rápido posible para que puedan sustentar [los invitados] estos proyectos de ley y podamos, dentro del equipo técnico, de una vez tener un predictamen para su debate y enriquecerlo en la Comisión de Economía con los aportes de los congresistas”, mencionó Novoa.
En su carta solicitando la reprogramación de su participación, la Sunat planteó que también se invite a los administradores de los clubes deportivos alcanzados. Pero el pedido no prosperó.
“Me parece extraño que se quiera invitar a los administradores de los clubes que hoy van a ser posiblemente intervenidos por la ley concursal que se está proponiendo. O sea, invitar al administrador de Universitario [de Deportes], que es Gremco, para que opine sobre la ley concursal. Sabemos cuál será su opinión: contraria”, dijo al respecto el congresista Ricardo Burga (Acción Popular), uno de los impulsadores de la norma.
Como se recuerda, el área de Supervisión y Fiscalización del Indecopi halló que Gremco Corp, hoy presidente de la junta de acreedores con poco más del 50% de acreencias, habría omitido declarar al momento del reconocimiento de las deudas en el 2012 una donación realizada por la junta de propietarios. Esta se efectuó en el 2003 por un monto ascendente a US$2,5 millones.
También se encontró que diversos administradores de Universitario habrían afectado el patrimonio del club a través de diferentes malas conductas, como exceso de pagos al personal administrativo, entre otros.
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A raíz de estos hallazgos, Pérez de Cuellar informó que plantearían una reforma del sistema concursal ante las diversas infracciones cometidas por parte de administradores de Universitario de Deportes, pero que se extienden también en otros casos.
“Luego de las evaluaciones se corregirán [las observaciones] con las medidas correctivas del caso. Es triste y muy lamentablemente tener que reconocer que las empresas no tienen confianza en el sistema concursal. No es posible que un procedimiento para reconocimiento de deuda tome hasta dos años, por ejemplo”, indicó entonces la funcionaria.
DETALLES DEL PROYECTO
El proyecto de ley 6863 es una iniciativa presentada por Ricardo Burga y Walter Rivera (ambos de Acción Popular) y respaldada por otros cuatro congresistas del mismo partido, entre ellos Manuel Merino de Lama.
Su objetivo es “dictar medidas excepcionales y transitorias a fin de establecer reglas, destinadas a asegurar la actividad concursal de reestructuración y apoyo a la actividad futbolística que permita la adopción oportuna de medidas definitivas para su saneamiento”.
Así, la norma plantea la suspensión de la vigente normativa concursal, es decir, procedimientos concursales, convocatoria a junta de acreedores, facultades de administradores designados, entre otros.
En dicho lapso, se buscará establecer reglas para “asegurar la actividad concursal de reestructuración”.
Debido a que se suspende la validez de las juntas de acreedores, se propone que la Sunat asuma la presidencias de estas y, en esa línea, designe un administrador transitorio.
La Sunat, en su calidad de acreedor concursal, ha estado presente en algún momento en la presidencia de las juntas de acreedores de todos los clubes en proceso concursal (Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, Cienciano y Melgar). Los resultados son dispares.
En un momento, la Sunat designó en Alianza Lima a Renzo Ratto, quien logró importantes resultados financieros. En el caso de Universitario, designó a Raúl Leguía en dos ocasiones.
Producto del paso de todas sus administraciones, el club crema -además de no haber disminuido en ocho años su deuda concursal (que hoy ya bordea los US$160 millones)- hoy tiene un pasivo corriente de casi S/30 millones.
Incluso, el Indecopi halló en su investigación, por ejemplo, que en diciembre del 2019 se pagaron gratificaciones en exceso. La gestión Leguía se dio desde setiembre de dicho año hasta, teóricamente, febrero del 2020.
Ahora bien, la propuesta también plantea que se conforme una “comisión investigadora” en la Comisión de Fiscalización del Congreso para que indague “presuntas irregularidades en los procedimientos concursales seguidos a los clubes de fútbol”. Eventualmente, se formalizarían vía administrativa y penal.
Además, se apunta a conformar una “Comisión de Alto Nivel” (CAN) designada por el Congreso que tendrá la responsabilidad de elaborar y proponer un nuevo marco legal para la reestructuración económica de los clubes, en un plazo máximo de 90 días calendarios desde la entrada de vigencia de la norma.
Su conformación estaría compuesta por cuatro representantes del Congreso (de diferentes comisiones), tres encargados de los clubes deportivo y uno del IPD.
“Debe establecer [también] los mecanismos necesarios para que no exista duda ni cuestionamiento al monto de la deuda concursal de los clubes, que no exceda el plazo máximo de 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de la publicación de la ley propuesta de la CAN”, también se lee en el proyecto.
Por último, cabe mencionar que Alianza Lima y Melgar no estarían alcanzadas por la suspensión de sus procesos concursales, pues un tercero (Fondo Blanquiazul e Inversiones Melgar) compró la mayoría de las acreencias. Sin embargo, eventualmente se beneficiarían de una ley concursal que asegure la reestructuración de los clubes.
En un año donde Alianza Lima descendió por segunda vez -pese a tener el mayor presupuesto de su historia-, Kattia Bohorquez, su administradora hasta hace unos días, denunció -por ejemplo- que los miembros del Fondo Blanquiazul (presidente de la junta de acreedores) tuvieron injerencias en la toma de decisiones, aún cuando la normativa actual lo prohíbe.
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