Penas por venta de juguetes sin licencia o de alimentos adulterados podrían llegar hasta los 8 o 10 años de prisión, respectivamente. (Foto: Eduardo Cavero)
Penas por venta de juguetes sin licencia o de alimentos adulterados podrían llegar hasta los 8 o 10 años de prisión, respectivamente. (Foto: Eduardo Cavero)
/ EDUARDO CAVERO
Redacción EC

La y el suelen ser momentos en los que la economía se recupera debido a que la ciudadanía cuenta con más dinero a su disposición y se realizan más transacciones. Precisamente el poder aprovechar estas festividades para obtener ganancias adicionales provocan que algunas empresas cometan descuidos y entren en riesgo de cometer delito como razón social o a través de sus representantes.

Por ejemplo, la venta de juguetes es una de las actividades principales que se realizan a fines de año y es una ventana económica relevante para muchas empresas. Así, es importante que quienes realicen esta actividad tengan cuidado en ofertar productos que hayan superado los niveles de calidad requeridos por el país. Quienes vendan juguetes que no cumplan dichos estándares, corren riesgo de cometer delitos.

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De darse esta situación, además de la sanción administrativa, existe la posibilidad de una denuncia por la comisión del delito de uso de productos tóxicos o peligrosos, la cual se sanciona con una pena entre cuatro a ocho años de prisión”, explica Luis Alberto Liñán, socio de solución de conflictos de CMS Grau.

Por otro lado, las empresas que venden alimentos pueden incurrir en delitos por adulterar o contaminar a los mismos previo a su venta a los consumidores.

“Por ejemplo, en caso se altere la fecha de vencimiento de un producto como los panetones, resulta posible interponer una denuncia por delitos de contaminación o adulteración de insumos destinados al consumo humano, cuya pena oscila entre tres y diez años de prisión”, detalla Liñán.

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Asimismo, el ejecutivo señaló que la adulteración de bebidas alcohólicas y la producción de bebidas alcohólicas informales o no aptas para el consumo humano configuran el delito de comercialización ilegal de alcohol o producción de bebidas alcohólicas ilegales, cuya pena puede ir desde los cuatro a ocho años de cárcel.

“Es importante recordar que las empresas que producen bebidas alcohólicas de manera legal son las que se ven agraviadas frente al actuar de aquellos que delinquen desde la informalidad sostiene.

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