Hoy no pudo debatirse en el Congreso de la República el proyecto de ley unificado que reduce la valla de acceso de las mypes al mercado libre de la energía, donde industrias y grandes comercios pagan actualmente precios 50% más baratos por la electricidad, en comparación a los que pagamos los usuarios regulados (hogares, mypes y pymes).
La norma, que no se evaluó por falta de quorum, propone bajar la valla que separa ambos mercados de 200 kW a 50 kW de consumo eléctrico por año, lo que beneficiaría a15 mil mypes con una energía menos costosa.
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Se trata, no obstante, de una iniciativa resistida por todos los reguladores eléctricos y, particularmente, por las distribuidoras de energía, las cuales temen perder ingresos con la fuga de las mypes al mercado libre, donde los precios no están regulados y la competencia es feroz con las generadoras eléctricas.
De hecho, las distribuidoras estatales estiman que la migración de las mypes les acarreará una pérdida conjunta de hasta US$80 millones anuales por los próximos diez años.
Esto, debido a que todas ellas han contratado potencia hasta el año 2032 con los generadores eléctricos, la cual deben pagar sí o sí “aunque no la utilicen”, indicó Javier Muro, gerente general de la estatal Distriluz, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
Por esta razón, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (Coes) aconseja complementar la iniciativa congresal – caso de ser aprobada –con algún mecanismo que compense a las distribuidoras eléctricas o que evite que estas incurran en el pago de la potencia que ya tienen contratada pero que no podrán utilizar.
De acuerdo a Luis Espinoza, ex viceministro de Energía, esa solución ya existe y acaba se ser proporcionada por el mismo Ministerio de Energía y Minas (Minem). ¿De qué se trata?
SOLUCIÓN AL DILEMA
El especialista señala que hace dos semanas (22 de junio) el Minem publicó en su portal web una resolución ministerial (RM 227-2022) que propone una salida al dilema de las empresas distribuidoras.
Esta es “que le sigan vendiendo la potencia a los clientes (mypes) que migran”, es decir, que el cliente que migra “se lleve la potencia del distribuidor para que este no se perjudique”.
La norma precisa, efectivamente, en su primera disposición complementaria que si un usuario quiere cambiar de condición deberá “mantener su contrato de potencia con la distribuidora por el plazo que defina el Reglamento, el cual no será inferior a tres (3) años”.
En opinión de Espinoza, esta cláusula resuelve el dilema de los reguladores estatales y elimina todos los reparos que estos pueden albergar en torno a un eventual perjuicio a las distribuidoras, Electro-Perú o los usuarios regulados.
A su entender, esta iniciativa debe ser complementada con algunos ajustes al predictamen del proyecto de ley unificado, particularmente, el párrafo que señala que las mypes deben permanecer tres años en el mercado libre antes de volver a pedir su cambio al mercado regulado.
Esto, en previsión de que la asimetría de precios que hoy existe entre ambos mercados, cambie en favor del mercado regulado en el corto o mediano plazo.
De hecho, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) visualiza que las curvas de precios de ambos mercados comenzarán a converger desde el 2023.
De acuerdo al especialista en energía César Gutiérrez, esta situación podría convertirse en un dolor de cabeza para las mypes porque las podría dejar atrapadas por tres años en un mercado con precios bastante elevados, lo cuales podrían cuadruplicarse al 2024.
Según estimación de Espinoza, el precio de la energía en el mercado libre promedia hoy US$30/MWh mientras que el precio en el mercado regulado oscila alrededor de US$50/MWh.
Para evitar problemas para los usuarios, el especialista aconseja que el tiempo de permanencia obligatorio en uno u otro mercado sea de doce meses como mínimo.