“A nadie le gusta tener un contrato [de concesión] con alguien que no te quiere”

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—¿Hay alguna forma dentro del marco legal para que se apruebe la intervención de contratos de concesión?

Los contratos no pueden ser intervenidos por ley, por decreto supremo ni por ningún acto unilateral del Estado. Sorprende que el ministro haga un anuncio en ese sentido. Un proyecto de ese tipo no debería pasar por los controles de constitucionalidad que tiene el Congreso.

Preocupa que el Gobierno sea una contraparte. Estas declaraciones generan inestabilidad en los inversionistas actuales, en el sentido que ven que tienen contratos con alguien que no los quiere".

—¿A cuánto ascienden las inversiones por contratos de concesión en el Perú?

En el sector transportes, el ‘stock’ de inversiones es de US$16.000 millones y solo en comunicaciones es de US$20.000 millones ya hechas.

—¿Y cómo la declaración del ministro afectaría estas inversiones?

Preocupa que el Gobierno sea una contraparte. Estas declaraciones generan inestabilidad en los inversionistas actuales, en el sentido que ven que tienen contratos con alguien que no los quiere. A nadie le gusta tener un contrato con alguien que no te quiere cuando estás invirtiendo millones de millones de dólares.

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—Más allá de los inversionistas locales, ¿cómo influiría esto en el mercado externo?

Los inversionistas hablan entre ellos y así conocen el nivel de riesgo que tiene un país. Entonces, la inconsistencia entre el mensaje presidencial que llama a las inversiones extranjeras y la realidad del mensaje a nivel ministros lo único que hace es ahuyentar la inversión. Sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar.

—Además del proyecto de ley, el ministro Barranzuela indicó que habría más cambios en las gerencias del ministerio. ¿Esto cómo afecta a su operación?

El proyecto es un anuncio tenebroso, pero sin doses de realidad jurídica. Previamente el ministro indicó que hasta el momento sus medidas no eran lo suficientemente agresivas porque no terminó de cambiar gente en el ministerio. El Gobierno se ha encargado de destruir los equipos dentro del ministerio y eso significa un empobrecimiento de los cuadros técnicos que lo único que hacen es demorar más las inversiones.

—En los últimos 12 meses solo se adjudicó una asociación público-privada (APP). ¿Cree que el Gobierno planteará medidas para mejorar la situación?

El Ministerio de Economía ha dado conferencias diciendo que va a crear PMO [oficinas de gestión de proyectos] para las APP. ¿Pero qué garantía tengo de que estas PMO serán profesionales y tendrán estabilidad en su cargo? Quizás se pueda avanzar en la cartera de APP en educación y salud; en transportes es complicado.

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—¿Los inversionistas ahora serán más cautos antes de apostar por las APP?

Este tipo de exabruptos hará que los inversionistas reclamen tasas de retorno más altas, o que solo inversionistas de segunda categoría se presenten en los procesos. Cuando hay mayor riesgo ante un Gobierno, se van a pedir mayores garantías.

"La contraloría está excediendo sus competencias. El consejo directivo del Ositrán es el órgano máximo de este ente y las opiniones técnicas no son de carácter obligatorio para sus decisiones".

—Sobre las empresas de segunda categoría, ¿no cree que las grandes constructoras se han visto manchadas por la corrupción debido al caso Lava Jato?

El caso Lava Jato tiene un camino grande en obra pública y APP. Las APP que tienen investigaciones son las más grandes y que salieron de la nada, como el gasoducto. Cuando no hay justificación previa, estudios previos que justifiquen la salida al mercado de proyectos, como las IIRSAs o el gasoducto, se dieron estas situaciones. Pero en APP regulares, que tienen años en el mercado, como el aniño vial periférico, los centros de salud, etc. no es lo mismo. Las APP no son un terreno bañado por la corrupción.

—La contraloría advirtió que el Ositrán no habría sustentado adecuadamente sus motivos para no interpretar el contrato de concesión del Jorge Chávez y permitir su operación con dos terminales. ¿Cómo valora ello?

La contraloría está excediendo sus competencias. El consejo directivo del Ositrán es el órgano máximo de este ente y las opiniones técnicas no son de carácter obligatorio para sus decisiones. Independientemente de esto, queda claro, que el consejo directivo tiene que sustentar sus decisiones.