“El agua potable en el Perú es un mayúsculo desastre”. Esa fue la frase con la que, hace casi dos meses, el presidente Pedro Pablo Kuczynski describió la situación de los servicios de agua y saneamiento en el país. De los 32 millones de peruanos, solo 18 millones cuentan con abastecimiento de agua potable, mientras que otros 17 millones cuentan con servicios de saneamiento (alcantarillado). Follow@EconomiaECpe
En este escenario, el reciente fenómeno de El Niño solo ha empeorado la situación. Sobre todo la de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) de provincias, ya que las intensas lluvias y huaicos han generado el colapso del sistema de redes regionales. Un escenario que no solo impactará en el corto plazo, sino que podría postergar la tan anunciada mejora del sistema que Kuczynski propuso en la campaña electoral.
ESTADO DE EMERGENCIA
Antes de los desastres registrados durante las últimas semanas, gran parte de las 50 EPS (48 municipales, una concesionada y Sedapal) ya atravesaban una situación de emergencia. Una muestra de ello es que el sector saneamiento fue el que recibió mayor incremento presupuestal respecto al 2016. El presupuesto inicial destinado a este rubro para el 2017 se incrementó en 35,5%, hasta los S/5.574 millones. “Alrededor de S/2.000 millones pertenecían al Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS) e iban a ser destinados a apoyar a las EPS”, explica José Luis Patiño, gerente de Usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
Además, se le asignaron S/4.300 millones al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) con el objetivo de que apoye de forma transitoria a las EPS. En los primeros días del año, la mitad de estas fueron catalogadas como empresas no rentables por dicha entidad. Problemas financieros, mala gestión, dificultades en la facturación y redes en mal estado eran características comunes a todas.
En ese entonces, 11 EPS habían sido intervenidas por el Otass, a través del régimen de apoyo transitorio, y en otras 18 se habían identificado causales para una potencial intervención. “Son empresas ineficientes y con problemas críticos de gestión”, señala el director ejecutivo de ese organismo, Fernando Laca.
SE HUNDEN
Ante el contexto antes descrito, los sucesos de los últimos meses agravaron principalmente la situación de las EPS del norte del país. “Las EPS de Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad, Áncash, Arequipa y de las provincias de Lima han soportado los mayores desastres en los sistemas de agua y saneamiento. Su situación es crítica”, revela Patiño.
En los dos primeros casos, aproximadamente la mitad de sus conexiones de agua potable y alcantarillado se vieron afectadas, mientras que en Tumbes y La Libertad las lluvias dañaron casi la tercera parte de la infraestructura.
Las corrientes de lodo generadas por los huaicos han tapado las tuberías de distribución de agua y de recolección de desagües. “Para recuperarla es necesario adquirir excavadoras y máquinas que limpien la tubería. Se van a necesitar más recursos y esa cuantificación aún no se hace”, afirma Patiño.
La mayoría de las redes no soportó la presión generada por el deslizamiento y ha sido destruida. Mientras que en Chimbote (Áncash) se dañaron cámaras de bombeo de desagües, en Trujillo ya se registraron colapsos de redes de agua y saneamiento, y en Piura se han roto tanto redes de alcantarillado como líneas de impulsión de agua. En distintas zonas de esas ciudades aún hoy se abastece de agua a los ciudadanos a través de camiones-cisterna. Eso sin contar los 12 millones de personas que no están dentro del ámbito de las EPS.
PALABRAS Y CIFRA
“El impacto aún no puede cuantificarse”, revela Laca. Sin embargo, queda claro que esta incidencia no solo será de corto plazo. Ello ya que los desastres generados por los huaicos en las EPS postergarían el reordenamiento nacional del sistema de agua y saneamiento, una de las principales prioridades del Gobierno en este campo.
“La situación de emergencia obligará a redistribuir esfuerzos que estaban destinados a ese reordenamiento. Este año se destinará a recuperar, por lo menos, las condiciones que tenían las EPS antes de los desastres”, estima el funcionario del Otass.
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