Gobernador y autoridades de Moquegua señalan que se comprometería el suministro de agua para Quellaveco si se altera la resolución de la ANA

Distintas autoridades de Moquegua le indicaron, a través de un oficio, al presidente Pedro Castillo que la alteración de los términos de la resolución directoral de la Autoridad Nacional del Agua podría comprometer el suministro de agua para la operación minera Quellaveco, ubicada en la misma región, lo que impactaría en su productividad y en los recursos que aportaría para Moquegua bajo el concepto de canon, regalías y aportes sociales.

El oficio fue enviado el viernes 7 de octubre y tiene las firmas del gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas; el alcalde provincial de Ilo, Gerardo Carpio; el alcalde provincial de Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas; entre otros.

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Dentro de la carta, señalan que los miembros de la “Comisión de representantes de Arequipa”, grupo con el que se habría reunido con el mandatario el miércoles 5 de octubre, sostienen que el presidente “se habría comprometido a ‘corregir’ la resolución directoral [...] sin dar mayores detalles, lo que está generando preocupación en la población de Moquegua”.

Por ello, le explicaron al jefe de Estado que el río Titire, objeto de controversia por parte del valle de Tambo, se encuentra mineralizado con boro y arsénico, por lo que las aguas de dicho río no pueden usadas para consumo humano ni para la agricultura o ganadería. Agregaron que la empresa minera construyó un reservorio de agua de 60 millones de metros cúbicos para compensar con agua de buena calidad el recurso hídrico que utilizará del río Titire.

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Asimismo, sostuvieron estar de acuerdo con un pedido de la “Comisión de representantes de Arequipa” para que el despacho presidencial se involucre en impulsar soluciones con relación a la contaminación hídrica en el valle de Tambo, añadiendo que “el esquema hídrico de Quellaveco permitirá beneficiar al valle de Tambo, tomando agua de mala calidad, compensándola con agua limpia. Esto supone un beneficio para los pobladores del valle de Tambo y sobre todo a los agricultores”.

Las autoridades moqueguanas también señalaron respetar el derecho de las personas que no estén de acuerdo con la emisión de algún acto administrativo, considerando para ello que se deben recurrir a las vías legales correspondientes.

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