Fertilizantes: ¿Está el Gobierno en capacidad de distribuirlos eficazmente a los agricultores?

“No todo se va a regalar, se va a comprar la urea y se venderá a un precio social, de costo y para ello tendremos que presentar un proyecto de ley al Congreso solicitándoles que sea atendido con prioridad”, señaló Torres.

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En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Oscar Zea, afirmó que el Gobierno aprobó la compra de fertilizantes para entregarlos a los agricultores en el marco de la campaña de siembra cuyo decreto de urgencia sería publicado en estos días.

Sin embargo, pese a que se necesita un mínimo de 250 mil toneladas, Zea informó que se comprará una cantidad menor y se destinarán S/ 740 millones a la compra de urea del exterior para atender las necesidades de los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria.

“Los fertilizantes estarán en el país cuanto antes, en no más de una quincena. Nosotros requerimos mínimamente de 250 mil toneladas, pero se comprará de acuerdo con el monto que se dispone”, dijo el ministro.

Al respecto, Juan Manuel Benites, exministro de Agricultura y Riego señaló que los problemas que se están presentando con los fertilizantes a nivel mundial nos llevan a afirmar que no solo es un asunto de precios sino de escasez, porque Rusia no está produciendo lo suficiente. Los países están priorizando su agricultura y es muy poca la oferta disponible para exportar.

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“La intención del Gobierno es buena y que se disponga de recursos es positivo, pero habrá que ver si se tiene éxito en adquirir urea de los países más cercanos, que son con quienes deberíamos empezar a recurrir a nivel de gobierno por la vía diplomática y en función a la disponibilidad que tengan de este recurso”, dijo.

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“Habría que definir cómo entregar a este sector que tiene muy poco poder de pago, y si el ministerio dispone de la información a nivel de cada agricultor para entregarles la urea según su situación económica”, añadió.

Mecanismos de distribución

Para Benites, primero se tiene que focalizar a quienes serán los beneficiados, conocer cuál es la demanda, cuánto requieren por tipo de producto y número de hectáreas, y ver el mecanismo de transferencia para la entrega.

“No es que se vayan a transferir recursos, se entregará el fertilizante y se debe conocer cuál será la fórmula para que haya transparencia y esto es importante, porque el producto puede terminar en el mercado negro”, anotó.

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A su turno, el empresario agroexportador, Fernando Cillóniz, puso en duda la capacidad del gobierno de realizar la compra, almacenamiento y distribución de fertilizantes ya que se trata de distribuir el producto a millones de pequeños productores.

Por ello, sugiere que se haga a través de la cadena de distribución de fertilizantes privada existente que cuentan con una red de distribuidores secundarios y así llegar a los pequeños.

“Estamos decepcionados de la capacidad que tiene el gobierno para hacer bien las cosas y ya pasó con las mascarillas y las vacunas, por lo que se teme que se abra un mercado negro y prime la corrupción”, anotó.

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Milton Von Hesse, exministro de Agricultura, señaló que lo que está haciendo el gobierno es comprar el fertilizante directamente pero no existe un mecanismo para venderlo y coincide en que ha debido coordinar las compras con el sector privado.

Además, anotó que este procedimiento se presta a un manejo político dado que el padrón que tiene el ministerio es el de los agricultores de subsistencia y el beneficio no iría a los agricultores comerciales que no están en un programa social, pero que necesitan de fertilizantes como los maiceros y arroceros que son agricultores pequeños, pero no necesariamente pobres.

“Da la impresión de que esta situación se pueda prestar para todo tipo de manipulación política. No se entiende cómo el ministerio puede comprar fertilizante fuera y después repartirlo, y si tiene la competencia para realizar ese tipo de transacciones”

Milton Von Hesse, exministro de Agricultura.

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Ginocchio explicó que la medida podría implementarse a través del Estado mediante una autorización expresa de una ley del Congreso para salir frente de la emergencia o con un acuerdo con las empresas importadoras privadas. Así, el primer ministro podría convocarlas para conseguir un trato especial por la emergencia alimentaria que podría vivir el país en pocos meses.