Ayer por la mañana el Gobierno expuso el potencial de la economía peruana ante distintos inversionistas, en una jornada en la que no faltó la invitación a “creer en el Perú” y apostar por su minería.
“Esta es una muy buena oportunidad para transmitir, primero, un mensaje de tranquilidad de que las inversiones [mineras] están garantizadas en nuestro país”, expresó el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, en un evento organizado por el Consejo de las Américas.
Mientras el funcionario aseguraba esto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la Confiep se reunían en una conferencia de prensa para alertar sobre los conflictos sociales en el sector minero, a una escala “que no ha sucedido antes”.
“La conflictividad social, que normalmente veíamos enfocada en proyectos, está afectando ahora a las operaciones mineras directamente”, señaló Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Desde julio de este año, fecha en la que Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú, seis minas se han visto forzadas a paralizar operaciones total o parcialmente: Uchucchacua, Antamina, Breapampa, Cerro Lindo, Apumayo y Las Bambas. A la fecha, Apumayo, Uchucchacua y Las Bambas no han reanudado sus operaciones.
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Como resultado de esta situación, “y de los permisos que no salen a tiempo”, la SNMPE ha estimado que la minería ha perdido 150 mil toneladas de producción de cobre este año, de los cuales cerca de 100 mil corresponden a Las Bambas.
Esto significa menos ingresos para la minería, pero también para el Estado, en términos de impuestos y contribuciones que no percibirá.
De acuerdo a la SNMPE, el impacto al fisco ascendería a S/1.450 millones este año, monto mayor al que el Gobierno busca percibir con su reforma tributaria del sector minero.
La mejor manera de incrementar la recaudación fiscal de la minería es sacando adelante más proyectos mineros. La última vez que tuvimos precios altísimos de los minerales, lo aprovechamos impulsando la inversión en exploración y facilitando el inicio de nuevos proyectos. https://t.co/JmbEY3crG0 pic.twitter.com/RZIjveGkG0
— Teo Crisologo (@Teo_Crisologo) December 16, 2021
“La reforma se ha planteado recaudar, mediante tasas más altas, unos S/1.200 millones. Entonces, acá tenemos una pérdida de foco del Ejecutivo”, indicó Jacob.
En ese mismo sentido, Diego Macera, gerente general del IPE, señaló vía Twitter que “sacar adelante una sola gran operación minera” generaría el doble de impuestos de los que busca recaudar el Ministerio de Economía y Finanzas.
Solo para estar claros en las dimensiones:
— Diego Macera (@dmacera) December 16, 2021
Sacar adelante UNA SOLA gran operación minera generaría tranquilamente el DOBLE de impuestos q los (optimistas) estimados de recaudación por la reforma tributaria minera propuesta por el MEF.
Eso nos estamos perdiendo.
De allí, el pedido al Gobierno para que sea proactivo en la solución de los conflictos sociales. “En el caso de la minería, esto se agrava con el nombramiento de funcionarios y asesores que se oponen al desarrollo de este sector clave para el país”, expresó Óscar Caipo, presidente de la Confiep.
De hecho, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Eduardo González, subrayó ayer que el bloqueo de vías no debe ser considerado como impunidad. “A veces hay que permitir, hay que ceder ante la posición intransigente de las empresas”, dijo en radio Exitosa.
Eso después de que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, declarase a la prensa extranjera que el Gobierno evaluaba decretar el estado de emergencia en Chumbivilcas (Cusco) para desbloquear el acceso a Las Bambas y liberar a los 1.500 trabajadores que se encontraban dentro de la mina.
Bloqueo en las bambas
MMG Las Bambas dejará de producir cobre al 100% desde mañana sábado 18 de diciembre. “Cada día de detención costará al país S/5,2 millones por regalías contractuales e Impuesto a la Renta”, dijo Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos de Las Bambas.
Ataque a Las Bambas
MMG Las Bambas reportó ayer un ataque por parte de mineros ilegales, quienes reaccionaron ante un operativo de la Fiscalía Provincial en Materia Ambiental. Ocho policías resultaron heridos, 13 camionetas quemadas, entre otros equipos dañados.
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