Un ránking populista

Si existiera un ránking para medir a los países que toman el mayor número de decisiones populistas cuando quieren calmar protestas sociales, las economías de la Comunidad Andina destacarían en los primeros lugares.

El 15 de este mes, por ejemplo, Bolivia dio muestra de ello con una decisión que habría hecho que el país escale unas cuantas posiciones en esta medición. ¿Cuál? Suspender los permisos de importación de hortalizas peruanas como respuesta al reclamo de productores locales que se movilizaron denunciando contrabando en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Potosí.

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Tras ello, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras de ese país, Mauricio Ordóñez, ordenó que se decomise cualquier hortaliza que provenga del Perú y sea comercializada en centros de abasto bolivianos. El argumento esgrimido era que no se podía determinar la procedencia legal de estos productos al encontrarse suspendidos los permisos de importación.

Si bien desde el mismo ministerio se intentó luego minimizar la situación alegando que no existió una prohibición sino más bien “un acuerdo entre importadores y productores nacionales para fortalecer la producción interna”, lo cierto es que no hubo sustento técnico que justificase la medida restrictiva contra aquellos productos que ingresaron al país altiplánico legalmente.

El tema, sin embargo, no quedó ahí. Como respuesta a la restricción boliviana, la semana pasada el Gobierno Peruano condicionó el ingreso de algunos productos agropecuarios de ese país para “revisar y actualizar los requisitos de importación”.

Finalmente, el último jueves, ambos países sostuvieron una reunión para establecer protocolos de trabajo. Así, luego de una conversación entre representantes de los servicios de sanidad agraria del Perú y Bolivia, se acordó levantar las restricciones y coordinar una reunión técnica para afinar detalles el próximo mes. Es decir, toda una guerra comercial andina en dos semanas y con origen en una decisión bastante populista.

Ahora, si bien lo de Bolivia es grave, el Perú no se queda atrás en este ránking de decisiones populistas. Por el contrario, el país de los incas tiene ejemplos suficientes como para liderar la tabla. Desde la devolución de parte del Impuesto Selectivo al Consumo de combustibles a transportistas para detener un paro, pasando por la eliminación del incremento en el precio de las tarifas del agua en Moquegua luego de una protesta, sin olvidar la cancelación de contratos de peajes por parte de autoridades ediles, el Perú es un semillero de inestabilidad jurídica.

Y en esta lista, el sector agrario no ha sido la excepción. Hace un par de años, por ejemplo, un recién estrenado ministro de Agricultura cedió a la presión de un grupo de agricultores (cuyas protestas habían dejado dos víctimas mortales) y firmó un acuerdo con la Comisión Nacional de Productores de Papa. ¿A qué accedió? A que, a cambio del fin de los paros y bloqueo de carreteras, el Gobierno revisaría la política arancelaria de importación y adquiriría un máximo de 7.000 kilos de papa blanca por productor (a un precio de S/1 por kilo). El costo directo de esta iniciativa habría sido de aproximadamente S/50 millones para las arcas públicas.

En naciones de alta precariedad institucional y política como la de los países de la región, casos como el que se vivió en Bolivia en estos días son moneda corriente. El problema es que también son comunes los políticos locales que juegan para las tribunas, y muchas veces terminan haciéndole caso a aquellos que transgreden normas y canales democráticos para tumbarse una decisión.